Jueves 13 de noviembre, 2014. 10:00 pm
Sistema judicial impide a mujeres con discapacidad denunciar violencia
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Oaxaca, Oaxaca.-Niñas y mujeres con alguna discapacidad que son sobrevivientes de violencia sexual no acceden a la justicia por falta de información, traductores y atención especializada.
Como parte del ciclo de conferencias “El género en las políticas para las personas con discapacidad”, organizado en esta capital por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF), expertas dijeron (sin precisar cifras) que niñas y mujeres con alguna discapacidad enfrentan violencia sexual por parte de sus familiares o cuidadores.
Nadia Arroyo Estrada, directora de la organización civil Compartiendo Saberes y Transformando Realidades, acusó que no existen condiciones para que las niñas y mujeres con alguna discapacidad que sufren violencia sexual accedan a la justicia, ya que desde las propias instancias judiciales “no se hace nada” para eliminar los obstáculos a los que esta población se enfrenta.
La activista detalló que la información y programas sociales para promover entre la población femenina la denuncia de la violencia sexual no llegan a las niñas y mujeres con alguna discapacidad, ya que no están diseñadas para que ellas se identifiquen o puedan asimilarlos.
Tal situación, explicó, impide que estas niñas y mujeres reconozcan que son víctimas de un delito al que deben poner alto a través de la denuncia. Agregó que quedan en indefensión y persiste el riesgo de que vuelvan a ser víctimas de abusos.
Gracias al trabajo que realiza su organización, Arroyo Estrada dijo que se ha detectado que muchas veces la familia de la sobreviviente de violencia sexual es otro obstáculo para que ellas denuncien, ya que el agresor forma parte de ella y la familia lo protege a fin de evitar problemas.
Sin embargo, criticó que el grueso de las trabas las pone el sistema de justicia, que no ofrece traductores independientes (en el caso de personas con discapacidad auditiva), no diseña protocolos de actuación y de registro más detallados, no brinda información a la víctima, y no genera programas ni campañas informativas dirigidas en específico a mujeres y niñas con alguna discapacidad.
La especialista mencionó que autoridades del Gobierno del DF (sin mencionar nombres ni cargos) siempre le solicitan estadísticas de denuncias para “justificar” acciones de promoción; pero, observó Nadia Arroyo, esas cifras no existen porque las sobrevivientes de violencia sexual no denuncian por todos los obstáculos que afrontan.
Leticia Robles Mendoza, subdirectora del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (CTA-PGJDF), quien también participó en la conferencia y fue cuestionada al respecto, aceptó lo señalado por Arroyo Estrada.
Dijo que son mínimos los casos de niñas y mujeres con alguna discapacidad que la instancia recibe, pero que cuando ellas logran llegar no cuentan con todos los recursos para hacer posible el proceso.
La funcionaria confirmó que cuando no es posible entablar una comunicación tradicional con la víctima debido a su discapacidad, piden a un familiar que apoye con la traducción, aunque se corre el riesgo de que éste mienta o encubra detalles para proteger al agresor.
Leticia Robles confirmó que no se cuentan con especialistas (personal de trabajo social, psicológico o jurídico) que conozcan el lenguaje de señas o estén familiarizados en atención a personas con discapacidad, y no se están desarrollando acciones para atender a esta población femenina.
Reveló que aunque ella y su personal están preocupados por esta problemática, esta situación persiste porque no están recibiendo el financiamiento ni los recursos para atender debidamente a las sobrevivientes de violencia sexual y garantizarles justicia.
Como parte del ciclo de conferencias “El género en las políticas para las personas con discapacidad”, organizado en esta capital por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF), expertas dijeron (sin precisar cifras) que niñas y mujeres con alguna discapacidad enfrentan violencia sexual por parte de sus familiares o cuidadores.
Nadia Arroyo Estrada, directora de la organización civil Compartiendo Saberes y Transformando Realidades, acusó que no existen condiciones para que las niñas y mujeres con alguna discapacidad que sufren violencia sexual accedan a la justicia, ya que desde las propias instancias judiciales “no se hace nada” para eliminar los obstáculos a los que esta población se enfrenta.
La activista detalló que la información y programas sociales para promover entre la población femenina la denuncia de la violencia sexual no llegan a las niñas y mujeres con alguna discapacidad, ya que no están diseñadas para que ellas se identifiquen o puedan asimilarlos.Tal situación, explicó, impide que estas niñas y mujeres reconozcan que son víctimas de un delito al que deben poner alto a través de la denuncia. Agregó que quedan en indefensión y persiste el riesgo de que vuelvan a ser víctimas de abusos.
Gracias al trabajo que realiza su organización, Arroyo Estrada dijo que se ha detectado que muchas veces la familia de la sobreviviente de violencia sexual es otro obstáculo para que ellas denuncien, ya que el agresor forma parte de ella y la familia lo protege a fin de evitar problemas.
Sin embargo, criticó que el grueso de las trabas las pone el sistema de justicia, que no ofrece traductores independientes (en el caso de personas con discapacidad auditiva), no diseña protocolos de actuación y de registro más detallados, no brinda información a la víctima, y no genera programas ni campañas informativas dirigidas en específico a mujeres y niñas con alguna discapacidad.
La especialista mencionó que autoridades del Gobierno del DF (sin mencionar nombres ni cargos) siempre le solicitan estadísticas de denuncias para “justificar” acciones de promoción; pero, observó Nadia Arroyo, esas cifras no existen porque las sobrevivientes de violencia sexual no denuncian por todos los obstáculos que afrontan.
Leticia Robles Mendoza, subdirectora del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (CTA-PGJDF), quien también participó en la conferencia y fue cuestionada al respecto, aceptó lo señalado por Arroyo Estrada.
Dijo que son mínimos los casos de niñas y mujeres con alguna discapacidad que la instancia recibe, pero que cuando ellas logran llegar no cuentan con todos los recursos para hacer posible el proceso.
La funcionaria confirmó que cuando no es posible entablar una comunicación tradicional con la víctima debido a su discapacidad, piden a un familiar que apoye con la traducción, aunque se corre el riesgo de que éste mienta o encubra detalles para proteger al agresor.
Leticia Robles confirmó que no se cuentan con especialistas (personal de trabajo social, psicológico o jurídico) que conozcan el lenguaje de señas o estén familiarizados en atención a personas con discapacidad, y no se están desarrollando acciones para atender a esta población femenina.
Reveló que aunque ella y su personal están preocupados por esta problemática, esta situación persiste porque no están recibiendo el financiamiento ni los recursos para atender debidamente a las sobrevivientes de violencia sexual y garantizarles justicia.
www.ciudadania-express.com