Martes 12 de agosto, 2014. 01:54 am
Vulneran derechos de mujer que busca recuperar a sus nietos
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Oaxaca,México-Durante su detención judicial el pasado lunes 4 de agosto en Mérida, Yucatán, habrían sido violentados los derechos civiles y humanos de Ligia Canto Lugo, quien desde hace dos años emprendió un activismo por la recuperación de sus tres nietos menores de edad, quienes fueron presuntamente sustraídos por el empresario Martín Alberto Medina Sonda.
El 4 de agosto Ligia Canto Teresita Lugo, de 60 años de edad, fue detenida por policías federales, acusada de clonar tarjetas de crédito de tres bancos distintos.
De acuerdo con Adelaida Salas Salazar, representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) en Yucatán –quien estuvo presente el día de la detención–, este hecho se suma al acoso judicial y al conjunto de delitos “fabricados” de los que han sido víctimas Ligia Canto y su hija Ema Gabriela Molina Canto.
El acoso inició desde que Ema Gabriela decidió llevarse a sus dos hijas y un hijo (de 10, seis y ocho años de edad, respectivamente) tras separarse por violencia intrafamiliar en 2010 de Medina Sonda, un poderoso empresario y asesor fiscal de funcionarios en el estado de Tabasco.
Ese 4 de agosto, Ligia y la activista Salas Salazar se encontraban en las instalaciones del periódico La Voz, en Mérida, para dar una entrevista por las declaraciones de desprestigio que Martín Medina, supuesto sustractor de los menores de edad, dio a ese diario en contra de Ligia.
Mientras esperaban la entrevista –contó Adelaida Salas en entrevista telefónica–, Ligia fue notificada por personal del medio de comunicación que afuera la esperaban cuatro policías federales para detenerla.
Ante la noticia, Salas Salazar llamó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos –donde incluso ya hay un expediente del caso con folio 85335 desde diciembre de 2013–, para que enviara a un visitador.
También –dijo Salas– se llamó a un abogado de la Procuraduría de Yucatán de apellido “Galicia”, quien al llegar explicó a las dos mujeres que Ligia no podía ser detenida, ya que los policías no mostraron una orden de aprehensión, por lo que propuso a Ligia llevarla de regreso a su hogar.
No obstante, luego de haber avanzado algunas cuadras, el vehículo en el que viajaban Ligia y el abogado fue interceptado por los agentes.
Sin presentar una orden de aprehensión, sin leerle sus derechos y sin permitirle hacer llamadas, Ligia fue arrestada y llevada dentro de una patrulla a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Yucatán.
Salas y los hijos de Ligia llegaron detrás de los oficiales a la PGR; no obstante luego de varios minutos de espera, nadie les informó sobre ella.
De acuerdo con Salas, Ligia padece graves enfermedades derivadas por la edad. Dentro de la Procuraduría se sintió mal, por lo que tuvo que ser llevada en ambulancia.
Luego de esto, ni las activistas ni los familiares tuvieron información sobre el paradero y la situación de Ligia, sino hasta que la representante del OCNF en Yucatán solicitó a las organizaciones Mukira y al Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) que insistieran ante las autoridades para que dieran información y presentaran a Ligia.
Fue hasta las 12 de la noche del pasado 5 de agosto, 28 horas después de la detención, que Ligia pudo entrevistarse con las organizaciones y sus familiares, ante los cuales declaró que estuvo seis horas en la ambulancia, y luego fue trasladada en vehículo al vecino estado de Campeche, de ahí a Villahermosa –capital de Tabasco–, después a la Ciudad de México y finalmente a Jalisco.
Ese mismo día llegó al estado de Jalisco (entidad donde Ligia está presa en el penal de máxima seguridad de Puente Grande) un visitador de la Comisión Nacional para verificar las condiciones de la mujer.
Ligia también declaró que durante el traslado no le permitieron ir al baño y no se tomaron las medidas adecuadas que señala la ley para las detenciones de personas adultas mayores.
IRREGULARIDADES
A seis días de su detención, Ligia Canto se encuentra detenida en el penal de Puente Grande. Está a la espera de que mañana 12 de agosto a las 4 y media de la tarde Juan José Reynoso Castillo, titular del Juzgado Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco, defina su situación jurídica.
De acuerdo con la información del expediente penal 158/2014, Ligia fue acusada por el delito previsto en el artículo 112 de la Ley de Instituciones de Créditos, en específico por la clonación de tarjetas Banamex, Bancomer y HSBC.
De acuerdo con la titular del OCNF en Yucatán, quienes declararon en contra de Ligia fueron Jorge Díaz Durán y Jesús Camargo Hernández, quienes señalaron que tanto ella como su hija Ema Gabriela y Guillermo Morales Canto, hijo de Ligia, les dieron las tarjetas clonadas.
Esto porque existe una averiguación previa en dicho juzgado, según la cual en 2011 en Jalisco se encontró en la aduana un maletín con tarjetas clonadas; sin embargo la averiguación se cerró por falta de información.
El caso se abrió luego de que supuestamente los denunciantes se inculparon de haber cometido el delito y señalaran a Ligia como la persona que distribuía las tarjetas.
No obstante, según información de Alejandra Cartagena, integrante de Cladem y abogada de Ligia en Jalisco, se encontró que ambos declarantes tienen antecedentes penales y se presentaron documentos falsos.
Hoy, la abogada presentará pruebas ante el juzgado de que las identificaciones presentadas son falsas, para que el Instituto Federal Electoral realice las investigaciones.
El 4 de agosto Ligia Canto Teresita Lugo, de 60 años de edad, fue detenida por policías federales, acusada de clonar tarjetas de crédito de tres bancos distintos.De acuerdo con Adelaida Salas Salazar, representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) en Yucatán –quien estuvo presente el día de la detención–, este hecho se suma al acoso judicial y al conjunto de delitos “fabricados” de los que han sido víctimas Ligia Canto y su hija Ema Gabriela Molina Canto.
El acoso inició desde que Ema Gabriela decidió llevarse a sus dos hijas y un hijo (de 10, seis y ocho años de edad, respectivamente) tras separarse por violencia intrafamiliar en 2010 de Medina Sonda, un poderoso empresario y asesor fiscal de funcionarios en el estado de Tabasco.
Ese 4 de agosto, Ligia y la activista Salas Salazar se encontraban en las instalaciones del periódico La Voz, en Mérida, para dar una entrevista por las declaraciones de desprestigio que Martín Medina, supuesto sustractor de los menores de edad, dio a ese diario en contra de Ligia.
Mientras esperaban la entrevista –contó Adelaida Salas en entrevista telefónica–, Ligia fue notificada por personal del medio de comunicación que afuera la esperaban cuatro policías federales para detenerla.
Ante la noticia, Salas Salazar llamó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos –donde incluso ya hay un expediente del caso con folio 85335 desde diciembre de 2013–, para que enviara a un visitador.
También –dijo Salas– se llamó a un abogado de la Procuraduría de Yucatán de apellido “Galicia”, quien al llegar explicó a las dos mujeres que Ligia no podía ser detenida, ya que los policías no mostraron una orden de aprehensión, por lo que propuso a Ligia llevarla de regreso a su hogar.
No obstante, luego de haber avanzado algunas cuadras, el vehículo en el que viajaban Ligia y el abogado fue interceptado por los agentes.
Sin presentar una orden de aprehensión, sin leerle sus derechos y sin permitirle hacer llamadas, Ligia fue arrestada y llevada dentro de una patrulla a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Yucatán.
Salas y los hijos de Ligia llegaron detrás de los oficiales a la PGR; no obstante luego de varios minutos de espera, nadie les informó sobre ella.
De acuerdo con Salas, Ligia padece graves enfermedades derivadas por la edad. Dentro de la Procuraduría se sintió mal, por lo que tuvo que ser llevada en ambulancia.
Luego de esto, ni las activistas ni los familiares tuvieron información sobre el paradero y la situación de Ligia, sino hasta que la representante del OCNF en Yucatán solicitó a las organizaciones Mukira y al Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) que insistieran ante las autoridades para que dieran información y presentaran a Ligia.
Fue hasta las 12 de la noche del pasado 5 de agosto, 28 horas después de la detención, que Ligia pudo entrevistarse con las organizaciones y sus familiares, ante los cuales declaró que estuvo seis horas en la ambulancia, y luego fue trasladada en vehículo al vecino estado de Campeche, de ahí a Villahermosa –capital de Tabasco–, después a la Ciudad de México y finalmente a Jalisco.
Ese mismo día llegó al estado de Jalisco (entidad donde Ligia está presa en el penal de máxima seguridad de Puente Grande) un visitador de la Comisión Nacional para verificar las condiciones de la mujer.
Ligia también declaró que durante el traslado no le permitieron ir al baño y no se tomaron las medidas adecuadas que señala la ley para las detenciones de personas adultas mayores.
IRREGULARIDADES
A seis días de su detención, Ligia Canto se encuentra detenida en el penal de Puente Grande. Está a la espera de que mañana 12 de agosto a las 4 y media de la tarde Juan José Reynoso Castillo, titular del Juzgado Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco, defina su situación jurídica.
De acuerdo con la información del expediente penal 158/2014, Ligia fue acusada por el delito previsto en el artículo 112 de la Ley de Instituciones de Créditos, en específico por la clonación de tarjetas Banamex, Bancomer y HSBC.
De acuerdo con la titular del OCNF en Yucatán, quienes declararon en contra de Ligia fueron Jorge Díaz Durán y Jesús Camargo Hernández, quienes señalaron que tanto ella como su hija Ema Gabriela y Guillermo Morales Canto, hijo de Ligia, les dieron las tarjetas clonadas.
Esto porque existe una averiguación previa en dicho juzgado, según la cual en 2011 en Jalisco se encontró en la aduana un maletín con tarjetas clonadas; sin embargo la averiguación se cerró por falta de información.
El caso se abrió luego de que supuestamente los denunciantes se inculparon de haber cometido el delito y señalaran a Ligia como la persona que distribuía las tarjetas.
No obstante, según información de Alejandra Cartagena, integrante de Cladem y abogada de Ligia en Jalisco, se encontró que ambos declarantes tienen antecedentes penales y se presentaron documentos falsos.
Hoy, la abogada presentará pruebas ante el juzgado de que las identificaciones presentadas son falsas, para que el Instituto Federal Electoral realice las investigaciones.
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