Por: Teresa Ulloa Ziáurriz*
Oaxaca, México.-Lo que está sucediendo en el país es la clara muestra de una sociedad harta de la impunidad y sedienta de justicia. Los verdaderos cambios en la historia moderna no se han dado por las buenas, frente a regímenes abusivos y autoritarios. Ayotzinapa es la gota que ha derramado el vaso lleno de burlas hacia la sociedad mexicana de un gobierno corrupto que sólo trabaja para hincharse las bolsas de dinero, en medio de su ostentación en un país con 50 millones de pobres. Al Estado mexicano no le importan los 43 estudiantes ni las 22 mil 322 personas desaparecidas, ni mucho menos las más de 70 mil ejecutadas, ni las fosas clandestinas, ni los cuerpos enviados a fosas comunes sin identificar. LISTA DE IMPUNIDAD (LO MÁS RECIENTE) Los cuerpos de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera y Laura Berenice Ramos fueron encontrados sin vida en el Campo Algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 6 de noviembre de 2001. Este caso ha sido emblemático para dar a conocer la omisión del Estado mexicano en la procuración de justicia en los casos de feminicidio en Ciudad Juárez. Oaxaca, México.-Por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió una sentencia al Estado mexicano el 4 de noviembre de 2007 para obligarlo a una serie de medidas y trabajar con la debida diligencia contra la desaparición de mujeres y el feminicidio; la sentencia no ha sido cumplida. El 5 de junio de 2009 un incendio en una bodega habilitada como guardería, llamada ABC, subrogada del IMSS, en Hermosillo, Sonora, provocó la muerte de 49 niñas y niños de entre dos y cinco años de edad y 76 más resultaron heridos. La primera masacre de San Fernando fue un crimen cometido por Los Zetas entre el 22 y 23 de agosto de 2010, en el ejido de El Huizachal, municipio tamaulipeco de San Fernando.
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Los 72 ejecutados, 58 hombres y 14 mujeres, eran en su mayoría inmigrantes provenientes de Centro y Sudamérica, asesinados por la espalda, para posteriormente ser apilados y puestos a la intemperie. Las primeras investigaciones señalan que fueron asesinados porque no pagaron el dinero que les exigían para dejarlos libres, y se negaron a formar parte del grupo criminal. La segunda masacre de San Fernando fue un asesinato masivo de al menos 193 personas, encontradas en fosas clandestinas del municipio de San Fernando el 6 de abril de 2011. Estas matanzas siguen hasta la fecha en total impunidad. A finales de agosto pasado el Instituto Electoral del Distrito Federal exoneró al ex presidente del PRI-DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, de su responsabilidad por promover una red de prostitución. La razón: no tuvo pruebas suficientes y por eso no pudo determinar si era culpable o no, y poco después supimos del escándalo de los diputados panistas a principios de este año y lo que nos faltará por ver. Y así la lista podría seguir: Aguas Blancas; hermanas González Pérez, víctimas de tortura y violencia sexual por militares en el estado de Chiapas; el asesinato del hijo de Javier Sicilia y sus amigos; las 22 personas desaparecidas; el caso Tlatlaya, etcétera, etcétera… En todos estos casos, la procuración de justicia ha identificado a los culpables, sin embargo, en algunos los ha dejado en libertad, o no se ha juzgado a los funcionarios de alta jerarquía, o no se ha responsabilizado a nadie. Es decir, ha existido una total impunidad. La sociedad sí está cansada. Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), cuando trata de justificar su “ya me cansé”, en un espacio mediático de la cadena televisiva monopólica del país, nos vuelve a insultar otra vez, como lo hizo el pasado viernes, como si no nos diéramos cuenta que están montando un teatro para justificar su tardanza y cómo se viene administrando el dolor con la esperanza de que se nos pase el enojo, la rabia. Dijo que estaba cansado pues no había dormido 40 horas. Yo le digo que hay madres que han buscado a sus hijas por años y que las noches de insomnio por desconocer su paradero no han sido de 40 horas, sino de años. Como el de la señora Silvia Ortiz que ha buscado a Fanny con una estrategia mejor que las autoridades competentes por 10 años. O la familia de Daniela Xóchitl, quien por ocho años la ha buscado. O también la madre y padre de la pequeña María José, quien a los 11 meses fue arrebatada a su madre y han pasado cuatro años y seguimos sin saber de ella. Sumado a que son ellas las que han tenido que encontrar pistas, las que han tenido que dejar sus trabajos porque, encima de todo, nadie les garantiza protección como víctimas indirectas, por citar sólo unos cuantos de los más de 200 casos que atiende nuestra organización en México. Sin dejar de mencionar todas las noches y las lágrimas derramadas por las madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Por si esto fuera poco, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó que “63 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas”. También nos dice que “en 2013, seis de cada 10 personas a nivel nacional identifican la inseguridad como su principal preocupación, sobresale Nuevo León (74 por ciento); Coahuila (70 por ciento), y el Estado de México (69.2 por ciento)”. Yo agregaría Veracruz, Durango, Zacatecas y Michoacán. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), “en el país se cometen 6.4 asesinatos de mujeres por día, de los cuales 95 por ciento quedan impunes, según datos del informe y de la Organización de Naciones Unidas”. Una más: en 2012, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reveló “que 95 por ciento de los delitos no se aclaran, lo que refleja el nivel de impunidad que existe en el país”. Por eso la sociedad está cansada, cansada de los abusos, de la indiferencia y la corrupción de los que nos deben servir y sólo le sirven a la oligarquía. Para mí todos los métodos de lucha son válidos, sobre todo frente a esta realidad apabullante en la que es el Estado, en sus tres poderes y sus tres órdenes de gobierno, responsable por acción u omisión; son ellos los que no respetan las leyes ni los principios de la buena gobernanza y la democracia. Por eso la quema de la puerta mariana no puede desviar la atención del verdadero problema en México: la impunidad, la detención arbitraria de estudiantes y su desaparición, el asesinato y ejecución de miles de personas, algunas por parte del Estado mexicano (casos Atenco, Tlatlaya y Ayotzinapa). La población está cansada de vivir con miedo, de despertarse todas las mañanas con baños de sangre e indiferencia, con miles de personas desaparecidas, ejecutadas, tratadas, explotadas y esclavizadas; está cansada de los narcogobiernos y los narcopolíticos, a quienes poco les importan las necesidades del pueblo y menos, pero con mucho, de las mujeres. Y mientras no haya justicia para las mujeres, para las madres, en este país no habrá paz.
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Los 72 ejecutados, 58 hombres y 14 mujeres, eran en su mayoría inmigrantes provenientes de Centro y Sudamérica, asesinados por la espalda, para posteriormente ser apilados y puestos a la intemperie.
