Taxistas exigen penas de 6 a 10 años de prisión a piratas y funcionarios

Oaxaca, México.-Taxistas Organizados de la Ciudad de México exigieron a las autoridades capitalinas aplicar las leyes vigentes y sancionar a los cerca de 50 mil vehículos pirata que transportan pasajeros en la capital del país sin contar con una concesión, y a los legisladores incrementar las penas de 6 a 10 años de prisión sin derecho a fianza y multa de mil días de salario para quienes ejerzan, promuevan o consientan el transporte ilegal de pasajeros, incluidos los funcionarios públicos. Ignacio Rodríguez, vocero de la organización, denunció en conferencia de prensa frente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que los acercamientos del secretario de Movilidad del DF, Rufino H. León, con los dueños de las empresas Cabify y Uber forman parte de la simulación gubernamental para beneficiar a quienes prestan el servicio de transporte de pasajeros de forma ilegal, por lo que pidieron al titular de la SEMOVI que no se regularice a los servicios privados. “No queremos que los regularicen. Insertar dichos servicios en un esquema de regularización, parecido al taxi preferente, en lugar de combatir de raíz el uso de un servicio ilegal, lo que hace es generar la posibilidad de manera abierta de legalizar lo ilegal. Eso es entrar a un barril sin fondo”, denunciaron los transportistas, quienes estimaron estas medidas sólo beneficiarán a los grupos piratas y clientelares e inflarán aún más el parque vehicular con 140 mil unidades concesionadas y 50 mil ilegales. Rubén Alcántara explicó que actualmente el reglamento vigente, a través del artículo 260 establece sanciones con pena privativa de la libertar por 3 a 6 años y multas de 700 a 1000 días de salarios mínimos a quien dirija, organice, incite, induzca o patrocine a otros a prestar el servicio público de pasajeros o de carga sin contar con la concesión correspondiente; y el artículo 261 prohíbe el otorgamiento de concesiones o permisos para quienes han incurrido en esta clase de delitos; por lo que empresas como Uber y Cabify no tendrían derecho a solicitar este tipo de concesiones. En voz de Ignacio Rodríguez, alertaron sobre la falta de aplicación de los reglamentos actuales y la tolerancia por parte de las autoridades para ignorar la ley en beneficio de sus grupos clientelares, “la semana pasada dimos a conocer que tenemos detectadas 6 diferentes formas de servicios de transporte de pasajeros ilegal, bajo la complacencia y consentimiento de las distintas autoridades, SETRAVI, SEMOVI, Procuraduría de Seguridad Pública del DF, así como el Instituto de Verificación Administrativa”, precisó. El vocero de las más de 20 organizaciones de concesionarios de taxis lamentó la total anarquía en materia de movilidad en la que vive la capital del país y la decisión del secretario Rufino H. León de no comprometerse, en espera de la aprobación del nuevo Reglamento de la Ley de Movilidad para, hasta entonces, comenzar a actuar contra los taxistas ilegales. Acompañado por Rubén Alcántara, Fidel Arroyo y Daniel Medina, solicitaron un encuentro con el presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Manuel Granados, a fin de exigir la creación de una iniciativa para desaparecer de forma definitiva el pirataje e incluir en el nuevo reglamento la creación del anexo de delitos con penas de seis a diez años de prisión sin derecho a fianza, además de multas hasta por mil días de salario mínimo a quién preste el servicio de manera ilegal, incluso funcionarios que de manera irresponsable promueven y patrocinen la actividad ilegal. “De qué sirve que tengamos leyes, que tengamos reglamentos, si a la hora de la práctica ninguna se aplica para beneficio de la sociedad o de quienes deberían ser sujetos de amparo por las propias leyes, sino por el contrario, se utilizan generalmente en contra, o bien, terminan siendo letra muerta”, dijo Ignacio Rodríguez, vocero de los Taxistas Organizados, quien a su vez denunció que en el nuevo reglamento se hicieron a un lado las propuestas del sector y se favorece a quien realiza actividades por fuera de la ley. Por esto, dijo Ignacio Rodríguez, hoy venimos a la Asamblea a exigir a los diputados que, a su vez, exijan a las autoridades del transporte que antes de querer comenzar a regular a los servicios ilegales que utilizan aplicaciones mediante el uso de teléfonos celulares tipo Smartphone o tabletas, deben atacar lo ilegal, porque de lo contrario nunca se va a poder poner un alto a este tema, salvo que como hemos dicho, sea parte de una actuación consentida que simple y sencillamente les genera grandes dividendos de carácter ilegal también a ellos. El vocero de los taxistas organizados finalizó: “Como hemos dicho, es necesario que dejen de simular, que dejen de mentirnos a nosotros y a toda la gente y acaben con las diversas formas de servicios de transporte de pasajeros que operan ilegalmente y sobre todo con las aplicaciones. Si no lo hacen, entonces van a continuar realizando un mazacote que no conviene ni a los verdaderos prestadores del servicio como a nosotros, ni a los usuarios porque carecen de una verdadera seguridad y certeza como tal”.