Legisladores Modifican a ultimo minuto ley de trasparencia

Esta contradicción —una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública con un artículo que sanciona que los órganos a cargo publiquen información— es para la sociedad civil “unamedida para garantizar la opacidad, colocando una cuerda en la garganta de los funcionarios a cargo de garantizar el derecho de acceso a la información”.

El artículo 208 establece que “será causa de sanción imputable a los servidores públicos de los organismos garantes (el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI; o los equivalentes estatales) revelar indebidamente datos confidenciales o información que afecte el cumplimiento de las funciones o pueda ocasionar daños o perjuicios a los sujetos obligados (instancias de Estado obligadas a entregar información ante una solicitud)”.

La sociedad civil lo explica así:

“Si yo pido información sobre la masacre de migrantes en San Fernando y el IFAI decide abrirla, pero según la PGR, entregar esa información afecta sus funciones porque no le permite seguir con la averiguación, entonces habría una sanción para el IFAI. Si no se elimina este artículo, sociedad civil considera que el balance de la Ley ya no es tan positivo. Este artículo va a limitar la función de los órganos garantes al ordenar la apertura de información, no se van arriesgar a ser sancionados”, dijo en entrevista Ana Cristina Ruelas, oficial del programa de Acceso a la información de Artículo 19.

Según Ana Cristina, una de las virtudes de esta ley es que se introduce la facultad del órgano garante de hacer una prueba de interés público —es decir, una prueba para determinar el impacto en la sociedad sobre cierto tipo de información que debería ser pública y no reservarse, privilegiando el derecho a la información—. Sin embargo, con el artículo 208, se abre una puerta para sancionar al IFAI o a los organismos estatales si privilegian ese derecho y ordenan publicar los datos.

“Estando en riesgo van a elegir no hacer la prueba de interés público y se lo va a dejar al poder judicial. Afecta la independencia del órgano garante y a la mera hora los mecanismos de protección del derecho que tienen pues se vuelven otra vez sujetos a la autoridad del poder ejecutivo o de cualquier otro sujeto obligado”.

En la creación de esta iniciativa participaron el Colectivo por la transparencia, México Infórmate y la Red por la Rendición de Cuentas junto con senadores de los cuatro partidos (PRI, PAN, PRD, PVEM). Sin embargo, este artículo se agregó fuera de las mesas de negociación y horas antes de la presentación del documento.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la información pública debe estar aprobada en febrero próximo, según los límites establecidos tras la reforma en la materia. La propuesta de ley que presentaron en el Senado el 2 de diciembre pasado recoge y mejora la que entregó en septiembre el mismo IFAI y la que presentó sociedad civil en abril de este año.

Reservas y otros focos rojos

En la propuesta de Ley que entregó el IFAI el 29 de septiembre pasado, centros de estudio como México Evalúa mostraron su preocupación por la generalidad de las causales para reservar información.

En esta iniciativa, el Colectivo por la Transparencia destaca que las causales no son categóricas, es decir, para reservar información se tiene que presentar un análisis fundamentado para comprobar por qué ciertos datos atentan contra la seguridad, obstruyen la persecución de delitos o ponen en riesgo la vida de una persona.

Sin embargo, dentro de las modificaciones que los senadores hicieron de última hora se agregó a las causales de reserva la “estabilidad económica”; lo que según las redes de sociedad civil es una forma de limitar la entrega de información pública.

“Es una causal que favorece la opacidad en todos los sentidos porque todo afecta a la economía. Un escándalo de corrupción, una compra del gobierno federal, los resultados de un programa de inversión, lo que sea afecta a la economía. Para como se plantea, la mayoría de la información estaría reservada”.

Otros temas que senadores incluyeron en la ley y que las redes de transparencia de sociedad civil ven como focos rojos son:

-Se elimina el doble aspecto de privacidad de los funcionarios públicos. Según estándares internacionales, los funcionarios públicos no pueden ser sujetos del mismo aspecto de privacidad que tienen los ciudadanos comunes, es decir, si contra un funcionario hay una acusación de corrupción, debe haber acceso a sus cuentas bancarias, pues existe el supuesto de que él es una figura pública que se somete al escrutinio público.

-El reconocimiento de reservas perpetuas. En el derecho internacional todas las reservas tienen que ser temporales.

-La clasificación de los secretos bancario, fiduciario y fiscal cuando involucren recursos públicos y los titulares sean sujetos obligados.

-La posibilidad de crear normatividades alternas a la propia ley de transparencia y acceso a la información para regular el cuidado y salvaguarda de información clasificada. Por ejemplo, que las instancias de seguridad no dependan de un Comité de Transparencia si no de una ley alterna que permita clasificar toda la información que pudieran tener.

-Se limita la protección para servidores públicos que divulguen información clasificada sobre casos graves de corrupción, la existencia de una amenaza grave para la salud, la seguridad, o el medio ambiente, violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario.