PRI exige a Cué renuncia del Secretario de Seguridad

En conferencia de prensa, los diputados priistas en la LXII Legislatura, consideraron importante hacer un exhorto al Gobernador del Estado, Gabino Cue; al secretario general de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval y al secretario de Seguridad Pública para que antepongan el diálogo y reconsideren sus métodos de atender los reclamos sociales.

Al respecto, el presidente de la Comisión Permanente de Protección Civil, Carlos Carlos Ramos Aragón denunció los actos violentos de que fueron objeto ciudadanos de Cosolapa, San Sebastián Río Hondo y Santa Catarina Mechoacán, donde se utilizó la fuerza pùblica para reprimir las protestas.

Estimó necesario que el Gobierno del Estado reconsidere sus políticas públicas que deben estar al servicio del pueblo y no para lastimar a las y los oaxaqueños.

Por su parte, la legisladora María del Carmen Ricárdez Vela, adelantó que se solicitará juicio político a los responsables de lo que calificó como la brutal represiòn de que fueron objeto ciudadanos que expresaban su inconformidad.

Por ello, manifestó su solidaridad con las comunidades que son "brutalmente reprimidas" por la Secretaría de Seguridad Pública y anunció que su partido hará un acompañamiento de las causas de una población cansada de abusos.

El secretario de Seguridad Pública, Alberto Esteva Salinas –criticó la legisladora-, implementa una política del "garrote" para tratar de resolver los problemas, lo cual provoca resentimientos e inconformidades en los pobladores.

Señaló que no se aplican debidamente los protocolos de seguridad, pues en los operativos, los policías estatales acudieron armados a revisar a la gente, lo que violenta la tranquilidad y genera un clima de confrontación en las comunidades.

Durante la rueda de prensa, los legisladores mostraron fotografías donde evidencias el uso excesivo de la fuerza pública, provocando daños, lesiones que se reflejan en la ira de la población.

De igual forma, el diputado Amando Demetrio Bohórquez Reyes, aseguró que la política del Gobierno del Estado es imponer la “Ley del garrote”, lo que promueve las diferencias entre los sectores de la población.

Señaló que existe confusión en las comunidades ante esta falta de una política de la conciliación y que por respuestas están recibiendo la represion, por ello citó el caso de San Sebastián Rio Hondo, donde fueron detenidos unas veinte elementos que integraron la policía comunitaria.

De igual forma, la diputada Emilia García Guzmán, denunció que la policía estatal "golpea brutalmente" a los ciudadanos que osan protestar en la población de Santa María Chilchotla, pero se enrarece el clima en otras como Santiago Ixtayutla, por mencionar algunos.