Anayeli Garcia/CIMAC
Oaxaca, México.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que revisará la situación de los mecanismos de protección para defensores de los países de América, a fin de verificar si cumplen su tarea de dar seguridad a las personas amenazadas u hostigadas por su activismo.
A petición de 37 organizaciones civiles del continente, el relator sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la CIDH, José de Jesús Orozco Henríquez, dijo que la Comisión revisará la situación de estos mecanismos y adelantó que los comisionados estudiarán la posibilidad de organizar un foro regional al respecto.
Así lo señaló el pasado 24 de marzo durante una audiencia para hablar de la situación de las y los defensores en América, y a la que se dieron cita agrupaciones como Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem).
También estuvieron presentes grupos de México, como los centros de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y de las Mujeres de Chihuahua, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Las organizaciones civiles dijeron que es deber de los Estados poner fin a los ataques contra activistas y adoptar las medidas necesarias para que ellos puedan ejercer libremente sus derechos, además de que deben establecer mecanismos de seguimiento a las recomendaciones emitidas por el organismo continental.
Indicaron que en algunos países de América Latina, como México, que cuenta con su Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se han creado instancias nacionales de protección, pero afirmaron que éstas aún tienen “vacíos” que impiden su real funcionamiento.
En este sentido, pidieron a la CIDH que haga un seguimiento del funcionamiento de estos mecanismos para identificar sus fallas y hacer recomendaciones para que se adhieran a los estándares internacionales en la materia, y dejen de ser “los vehículos para aislar a los defensores que están en peligro”.
Según los grupos civiles, los mecanismos deberían coadyuvar a que cada ataque sea investigado de manera integral, pues esto es indispensable para acabar con la impunidad, por ello también pidieron que el organismo autónomo de la OEA desarrolle lineamientos sobre cómo realizar una indagación de esta naturaleza.
Ante estas denuncias, el relator José de Jesús Orozco dijo que la CIDH ve con grave preocupación el aumento de las agresiones, los ataques y estigma hacia personas defensoras, que según las organizaciones cobró la vida de 96 activistas en 2013 sólo en Colombia y Guatemala.
Señaló que reconocen que estas personas viven obstáculos diversos en cada Estado de la región que impiden que puedan realizar sus actividades, y por ello abundó que trabajan en un informe sobre la criminalización de las y los activistas, y en estrategias para fortalecer los mecanismos de protección que ya operan en algunos países.
