| | Oaxaca de Juárez |
Sábado 16 de noviembre, 2024.
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Hemos sido informadas/os de que en los próximos días, el Juzgado que Usted representa estará emitiendo la sentencia que definirá el estatus legal de la defensora, quien es procesada por los delitos de privación ilegal de la libertad, y contra el consumo y la riqueza nacional sustanciado en el expediente penal 144/2011.
Cabe mencionar que quienes suscribimos la presente acción urgente, conocemos la labor que la defensora ha emprendido desde 2007, en defensa de los derechos y del territorio de los pueblos ikjoots y binnizá, frente a empresas multinacionales que están estableciendo, desarrollando y operando centrales eólicas en tierras de uso común en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México. Violentando con ello, los derechos de los pueblos indígenas, como el derecho a la consulta, establecidos en diversos Tratados Internacionales que México ha firmado y ratificado como el Convenio 169 de la OIT.
Asimismo, reconocemos que el proceso contra la defensora Lucila Bettina Cruz Velázquez fue activado por la Procuraduría General de la República (PGR) como una estrategia de intimidación, persecución y criminalización a su labor, y ha sido evidente que dicho proceso judicial tuvo como único fin, limitar el hacer de la defensora y servir como un mecanismo de criminalización de la protesta social.
Sabedoras y sabedores de que la sentencia que estará emitiendo en los próximos días, definirá la situación legal de la defensora, manifestamos nuestro interés de que la sentencia sea emitida bajo un proceso justo, imparcial e independiente y que el aparato de justicia no sea utilizado arbitraria e ilegítimamente como represalia o para criminalizar la labor de la defensora. Asimismo, que dicha sentencia se rija bajo los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Cabe recordar en marzo de 2013, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la resolución 22/6 sobre la Protección de las y los defensores de los derechos humanos en la que “Exhorta a los Estados a velar por que los defensores de los derechos humanos puedan desempeñar su importante función en el contexto de manifestaciones pacíficas, de conformidad con legislación nacional acorde con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional de los derechos humanos, y, en ese sentido, a velar por que ninguno de ellos sea objeto de fuerza excesiva o indiscriminada, detención o prisión arbitrarias, tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada, abusos en los procedimientos penales y civiles o amenazas de algunos de los actos mencionados”.
Ante ello, nos mantendremos atentas/os de que la sentencia final se apegue a derecho y no obstaculice la labor de las y los defensores de derechos Humanos en el Istmo de Tehuantepec.
De igual forma, nos unimos a la comunidad nacional e internacional que exige el cese de la criminalización contra las y los defensores de derechos humanos en México.
ANTECEDENTES
Desde 2007, la defensora ha emprendido una larga lucha en defensa del territorio, luego de que las empresas multinacionales como Mareña Renovables, Gas Natural Fenosa, Demex (Renovalia Energy), Iberdrola, están estableciendo, desarrollando y operando centrales eólicas en tierras de uso común en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México, todo ello, sin la consulta previa, libre e informada a los ikjoots y binnizá, pueblos originarios del lugar.
El 13 de abril de 2011, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT) realizó una manifestación pacífica frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicadas en el kilómetro 821 de la Carretera Panamericana, colonia Felipe Pescador, en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, México.
El 22 de febrero de 2012 -luego de la manifestación- la defensora Lucila Bettina Cruz Velázquez fue detenida por elementos de la Policía Federal Ministerial, con base en una orden de aprehensión girada por un juez federal, por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos contra el consumo y la riqueza nacional y privación ilegal de la libertad. Fue recluida en el Reclusorio Regional de Tehuantepec, Oaxaca, México.
El 24 de febrero de 2012 la defensora fue puesta en libertad bajo fianza, desde ese entonces tiene que acudir a firmar al Ministerio Público los días 15 de cada mes.
Desde febrero de 2012 Lucila Bettina Cruz Velázquez cuenta con medidas cautelares de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y desde noviembre de 2012 del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas del Gobierno Federal, quienes han reconocido el nivel de riesgo en el desarrolla su labor, a pesar de ello, la defensora continúa siendo agredida y en riesgo permanente.
En estos días el Juez Anastacio Ochoa Pacheco, perteneciente al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ubicado en Salina Cruz, Oaxaca, México, emitirá la sentencia que definirá la situación legal de la defensora.
Ante ello, quienes firmamos esta Acción Urgente exigimos a las autoridades estatales y federales:
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