Común a México desechar recomendaciones internacionales: ONGs

Sin Embargo Oaxaca, México.– Organizaciones de defensa a los derechos humanos expresaron su rechazo a las reacciones del Gobierno de México que descalifican el Informe del Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Méndez, y dijeron que “desconocer las recomendaciones de organismos internacionales de Derechos Humanos se está convirtiendo en una práctica recurrente del Gobierno”. “Las reacciones de altos funcionarios hacia el informe del Relator expresan una actitud de desinterés”, refiere el comunicado firmado por 13 organizaciones, entre las que se encuentran Amnistía Internacional, Asilegal, el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, el Centro De Derechos Humanos De Las Mujeres, entre otras. El pasado 9 de marzo, el Relator de la ONU dio a conocer las conclusiones en el tema de tortura en México. Dijo que ésta práctica es generaliza y ocurre en un contexto de impunidad, lo que es un aliciente para su repetición y agravamiento. “La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la Justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad”, indicó el primer párrafo de las conclusiones del informe de Méndez sobre México. Horas más tarde, el Gobierno mexicano negó que en el país la tortura sea “generalizada”. Primero, el embajador de México ante la ONU en Ginebra, Jorge Lomónaco, aseguró con rotundidad que la afirmación de que la tortura es generalizada es una falacia. ”No puedo más que reiterar que no podemos compartir la observación de que la tortura es generalizada en el país, porque no corresponde con la realidad”, sostuvo Lomónaco. Después, el Secretario de Relaciones exteriores, José Antonio Meade Kuribreña señaló que había mucha información que hacia referencia a esta práctica, “pero solamente nos ha aportado información de 14 casos”, detalló el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Los organismos firmantes aseguraron que desconocer la evaluación sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones internacionales, no es nueva. “El Gobierno mexicano lo ha convertido en una práctica común que intenta minimizar el alcance y contenido de las recomendaciones de los órganos internacionales de protección de derechos humanos, deslegitimando sin fundamento suficiente la veracidad de la información que los sustenta”, refiere el texto. Añaden que la reacción del Gobierno es una clara contradicción con el discurso de cooperación y apertura con los órganos de vigilancia de derechos humanos que el Estado mexicano dice tener. Las organizaciones recuerdan que el informe del Relator se encuentra sustentado sobre evidencias solidas obtenidas en su visita realizada durante abril y mayo de 2014 y recuerdan que no es la primera vez que México se muestra molesto por las opiniones que vienen del extranjero. El 13 de febrero pasado, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación (Segob) mostró, a nombre del Gobierno de México, una cierta molestia con el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, y dijo que “no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales”.

“Las recomendaciones emitidas por el Comité no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados. Tal como lo acreditó ante el Comité, México tiene el firme compromiso de redoblar los esfuerzos dirigidos a transformar la forma en que se conciben, reconocen y aplican los principios que deben regular la prevención, investigación y búsqueda de personas desaparecidas, a fin de asegurar el cumplimiento de los fines que persigue la Convención”, dijo en un comunicado la Segob.

La ONU dio a conocer sus conclusiones tras el examen al que se sometió  México, los días 2 y 3 de este febrero. El Comité refirió que las desapariciones forzadas son generalizadas y la mayoría de ellas quedan impunes. “Cuantas desapariciones forzadas hay no lo sabemos porque el Estado no ha proporcionado la cifra, pero sabemos que son muchas, demasiadas”, sentenció en rueda de prensa Rainer Huhle, miembro del Comité y relator sobre el caso de México. No sólo las recomendaciones de organismos internacionales son cuestionadas por el Gobierno de México, también las opiniones de personalidades respecto a la problemática del país. El pasado 23 de febrero, luego de la carta en la que el Papa Francisco expresó su deseo de que Argentina evite la “mexicanización” de su territorio, en referencia a la guerra de las drogas, el Gobierno de México anunció que en los próximos días enviará una nota diplomática a la Santa Sede. Así lo informó el Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, quien sugirió que el Papa “estigmatiza” a México. Las notas diplomáticas son utilizadas por los cuerpos diplomáticas como un regaño o advertencia. José Mujica, Presidente de Uruguay, recibió una en noviembre pasado por hablar de la tragedia de los normalistas desaparecidos. “A uno le da una sensación, visto a la distancia, que se trata de una especie de Estado fallido, que los poderes públicos están perdidos totalmente de control, están carcomidos. Es muy doloroso lo de México”, dijo Mujica. Las organizaciones firmantes, consideraron que el Estado Mexicano está obligado a modificar esta posición, asumir y reconocer la magnitud del problema respecto de violaciones graves a los derechos humanos, “en este caso la práctica de la tortura generalizada, que ante esta postura el Gobierno mexicano, legitima y da fuerza a que esta práctica se siga realizando”.

“Atacar y negar lo evidente mediante reacciones que poco abonan a la protección de derechos humanos en nuestro país, solamente expresa una actitud de desinterés ante los hechos y consolida una retórica de respeto a los derechos humanos que hasta el día de hoy no se traduce en la realidad”, detalla el comunicado.

Urgieron a las autoridades mexicanas a establecer de manera expedita, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares, mecanismos efectivos de interlocución que permitan dar cumplimiento integral a las recomendaciones hechas al Gobierno mexicano en el informe presentado en días pasados sobre tortura, “ya que sólo de esta manera se podrá avanzar decididamente en el combate a la impunidad y en la erradicación de este tipo de prácticas”. El comunicado está firmado por 13 organizaciones como Amnistía Internacional México, Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C.,ASILEGAL; Centro de Derechos Humanos Fray. Francisco de Vitoria O.P., A.C; Colectivo contra la Tortura y la Impunidad A.C; Servicios y Asesoría para la Paz A.C., SERAPAZ y Centro De Derechos Humanos De Las Mujeres, CEDEEHM, entre otras.