Oaxaca, México.- Ante la posibilidad de que el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez restablezca el programa conocido como Fotomultas, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca pidió a la autoridad municipal informe sobre aspectos específicos de dicho plan, en particular sobre los criterios de licitación utilizados, qué empresas operan el sistema y a cuánto asciende la inversión prevista para la aplicación de infracciones por ese medio.
De esta manera, la Defensoría busca clarificar en qué fecha y por quiénes fue aprobado el programa que permitiría al ayuntamiento imponer infracciones gracias a la instalación de dispositivos de telemetría que registrarían violaciones al reglamento de tránsito cometidas por automovilistas, las cuales serían capturadas con cámaras y radares.
El 5 de febrero de este año, el presidente municipal Javier Villacaña Jiménez anunció que no se cancelaría el proyecto que usar mecanismos de telemetría para detectar las infracciones al reglamento de tránsito.
El edil señaló que a pesar de que la empresa que estaba a cargo del proyecto renunció a participar, el ayuntamiento podría optar por contratar a la empresa que quedó en segundo lugar en la licitación, e inclusive advirtió que el ayuntamiento realizaría un nuevo proceso de licitación en caso necesario.
En agosto de 2014 el presidente Villacaña Jiménez anunció la implementación de un nuevo sistema para sancionar las violaciones al reglamento de tránsito cometidas por automovilistas. Dicho sistema implicó la instalación de cámaras de video y radares en ocho diferentes puntos de la ciudad, los que capturarían las infracciones.
Diferentes sectores de la sociedad manifestaron su descontento acerca de esta medida, por lo cual la empresa responsable del sistema desistió de su operación en el municipio capitalino.
En la sesión pública del Consejo Ciudadano de la Defensoría celebrada el 27 de enero de este año, las y los integrantes de ese órgano colegiado aprobaron una moción para requerir un informe acerca del sistema de vigilancia contratado por el ayuntamiento.
Por ese motivo, la Defensoría del Pueblo de Oaxaca abrió el cuaderno de antecedentes DDHPO/CA/0201/(01)/OAX/2015, a fin de solicitar a las autoridades del municipio de Oaxaca de Juárez rendir un informe detallado sobre el asunto.
Además, la Defensoría solicitó que el ayuntamiento capitalino informe sobre el avance en el establecimiento de este programa, y si la autoridad municipal realizó algún proceso de consulta a la población antes de implantar la medida de vigilancia, pues el organismo defensor busca que las autoridades respeten el derecho a la consulta previa, libre e informada de la ciudadanía que se vería afectada por este sistem
