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Oaxaca.-En México, el pago de importantes sumas de dinero por el rescate de una víctima en caso de secuestro no es garantía para conservar la vida.
Así lo advirtió el Observatorio Nacional Ciudadano durante la presentación ayer martes 28 de julio de su informe
Homicidio: Una mirada a la violencia en México, en el que da a conocer que entre 2012 y 2015 se registraron hasta 320 casos de víctimas de secuestro en México –más de 100 al año, casi 9 al mes- que terminaron con el asesinato de la persona.
La entidad con más secuestros que finalizaron en homicidio es el Estado de México, que acumula 25% de los casos. Le siguenMorelos (9.4%), Guerrero (8.8%),Veracruz (7.8%), Tamaulipas (7.5%), DF(5.6%), Michoacán (5.3%), Jalisco (5%),Baja California (4.7%) y Tabasco (3.4%).
En este sentido, el documento hace hincapié que tan solo en cinco entidades -Edomex, Morelos, Guerrero, Veracruz y Tamaulipas-, se concentra hasta el 60% de secuestros en los que la víctima murió a manos de sus captores.
Del total de esas 320 víctimas -250 hombres y 70 mujeres-, la mayoría (30%) eran comerciantes, aunque también hay casos de empleados (20%), e incluso de estudiantes (16%). Del resto se desconoce cuál era su ocupación.
“El pago del rescate no se debe dar. Primero, porque no garantiza que las víctimas vayan a regresar con vida; y segundo, porque estamos fomentando un negocio criminal grave que los mexicanos llevamos sufriendo de manera constante en los últimos 20 años”, enfatizó durante la presentación del informe Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.
En 80% de los casos no hubo detenidos
En cuanto a la acción de las fuerzas del Estado para combatir el secuestro, Francisco Rivas puso sobre la mesa “un dato muy preocupante”: en el 80% de los casos reportados entre 2012 y 2015 no hubo ningún detenido.
“Particularmente grave es el caso de Guerrero, donde no hubo ni un solo detenidoderivado de la comisión de estos secuestros que acabaron en homicidio”, subrayó el director del Observatorio.
Por el contrario, el informe señala que entre 2012 y lo que va de 2015 se detuvieron 216 personas por este delito aunque precisa que “la mayor parte de las detenciones fue múltiple”; es decir, que se capturó a más de una persona por caso de secuestro.
Las entidades con más detenidos son Veracruz (20%), Jalisco (11%), Oaxaca (8%), Tamaulipas (6%) y Tlaxcala (6%).
Se reduce la esperanza de vida 5 meses en México y casi 2 años en Chihuahua
Por otra parte, el informe Homicidios: una mirada a la violencia en México revela que en 10 años, de 2003 a 2013,
la esperanza de vida de los mexicanos se redujo, en promedio, cinco meses, y hasta casi dos años en el caso de Chihuahua debido a la incidencia de los homicidios.
Después de Chihuahua, Guerrero es la entidad donde más se redujo la esperanza de vida (1.21 años). Le siguen Sinaloa (1.02), Durango (0.83), Baja California (0.62), Nayarit (0.62), Morelos (0.49), Michoacán (0.49), Oaxaca (0.48), Tamaulipas (0.44), Colima (o.42), y Sonora (0.42).
El grupo de edad más afectado por los homicidios va de los 15 a los 29 años; es decir, la población joven.
Para obtener estos resultados, el Observatorio Nacional Ciudadano precisa que implementó un modelo económico desarrollado en Brasil, para entender qué tanto afectan los asesinatos en la esperanza de vida de los mexicanos.
En este sentido, el documento hace hincapié que tan solo en cinco entidades -Edomex, Morelos, Guerrero, Veracruz y Tamaulipas-, se concentra hasta el 60% de secuestros en los que la víctima murió a manos de sus captores.
Del total de esas 320 víctimas -250 hombres y 70 mujeres-, la mayoría (30%) eran comerciantes, aunque también hay casos de empleados (20%), e incluso de estudiantes (16%). Del resto se desconoce cuál era su ocupación.
“El pago del rescate no se debe dar. Primero, porque no garantiza que las víctimas vayan a regresar con vida; y segundo, porque estamos fomentando un negocio criminal grave que los mexicanos llevamos sufriendo de manera constante en los últimos 20 años”, enfatizó durante la presentación del informe Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.
