Oaxaca.- El Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca Arturo Peimbert Calvo señaló que los posibles delitos graves cometidos contra niñas, niños y adolescentes en el albergue “Hijos de la Luna” evidencian la falta de capacidad del Estado para detectar irregularidades como las presentadas en este caso.
En un posicionamiento que presentó en la sesión pública del Consejo Ciudadano de la Defensoría este martes 10 de noviembre, el ombudsman sostuvo que en este caso se evidencia una omisión muy importante por parte del Estado y se abre la oportunidad para investigar cada uno de los albergues que funcionan en la entidad proporcionando cuidados alternativos.
Peimbert Calvo subrayó que este caso abre la oportunidad a las autoridades para investigar cada uno de los albergues que funcionan en el estado y que alojan a niñas, niños y adolescentes, ya sea que funcionen con presupuesto público o con algún tipo de subrogación gubernamental.
Agregó que respecto al caso específico de “Hijos de la Luna” es muy importante esclarecer lo sucedido, por lo cual la Defensoría incluso considera elaborar un informe especial sobre cuáles son los criterios para asignar un permiso a los particulares que tienen subrogados este tipo de albergues.
Durante su intervención, el titular de la Defensoría puntualizó que el 21 de octubre de 2015 se amplió la queja al Fiscal General del Estado, para que informara lo relacionado al operativo del 8 de octubre del presente año en que se rescató a las niñas, los niños y adolescentes alojados en dicho albergue, sus procesos de reintegración y el seguimiento a las medidas del organismo defensor en contra de la Procuraduría para la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, la Secretaría de Salud y la Dirección de los Servicios de Salud del estado y el Instituto Estatal de Protección Civil.
Peimbert Calvo explicó que es necesario saber cuáles son los mecanismos que omitieron supervisar las autoridades en el caso “Hijos de la Luna”, y puntualizó que el organismo defensor buscará vías para coadyuvar en la investigación y mantenerse vigilante del curso de la misma, con el fin de proteger el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
El Defensor del Pueblo reconoció el trabajo de la Coordinación General de Fortalecimiento a la Cultura de los Derechos Humanos y de la Defensoría Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes, pues hizo posible identificar las posibles violaciones a los derechos de los menores de edad involucrados y visibilizarlas ante las autoridades competentes.
Además, instruyó a la Defensoría Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes investigue la posibilidad de generar un convenio de colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismos internacionales o alguna organización civil especializada en esta clase de asuntos, a fin de brindar el nivel de atención que este caso requiere.
Añadió que la Defensoría de los Derechos Humanos intervino en el caso desde noviembre de 2014 y en febrero de 2015 el organismo emitió medidas cautelares dirigida a la Fiscalía General del Justicia del Estado para que realizara las acciones necesarias para salvaguardar los derechos de las niñas, los niños y adolescentes.
Durante la sesión pública del Consejo Ciudadano de la Defensoría de este 10 de noviembre, las consejeras ciudadanas Martha Julia Avendaño Córdova y Sara Pilar Méndez Morales, así como los consejeros Héctor Lorenzo Estrada, José Bernardo Rodríguez Alamilla y Pedro Matías Arrazola externaron su preocupación por el caso.
El consejero Rodríguez Alamilla manifestó que en los hechos cometidos por los administradores de la casa hogar tienen corresponsabilidad las autoridades que debieron prevenir estos, como el Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia, la Procuraduría para la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como las autoridades que emitieron los permisos para que este albergue fuera instalado y que no verificaron su buen funcionamiento.
Agregó que otro de los temas importantes en este caso es cuidar cómo se está trabajando con las y los niños rescatados, porque podría existir un proceso de revictimización contra ellos, y equiparó esa atención con la importancia de señalar a las autoridades que fueron omisas y que permitieron estos niveles de violaciones graves al desarrollo integral de las y los menores de edad.
Subrayó que el trabajo de la Defensoría no termina al emitir una recomendación sobre el caso, sino que el organismo autónomo tiene que dar continuidad a su labor observando que los procesos de integración se estén llevando de acuerdo con los estándares internacionales existentes.
Rodríguez Alamilla insistió en que la Defensoría del Pueblo de Oaxaca emita en tiempo y forma su recomendación, la cual establezca estándares para que las autoridades puedan regular esta clase de albergues. Asimismo, exhortó al Congreso del estado a legislar sobre el tema, a fin de evitar que en otros establecimientos similares se repitan delitos similares.
Por su parte, la consejera Sara Pilar Méndez Morales urgió al organismo defensor a emitir la recomendación correspondiente a la brevedad posible y pidió que dicha medida incorpore la atención integral para todas las víctimas y sus familias.
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