Impunes casos de hostigamiento sexual y acoso laboral en la PGR

 Gabriela Ramírez  SemMéxico. Oaxaca..- Una agente del Ministerio Público (MP) de la Federación interpuso, hace un año cuatro meses, una denuncia penal en contra de tres funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) por los delitos de hostigamiento sexual y acoso laboral, la investigación no registra ningún avance y la Procuradora Arely Gómez ha hecho caso omiso a la solicitud de apoyo de la víctima. Además, los tres agresores de la agente del MP siguen laborando en el mismo lugar, incluso en el mismo piso que la víctima, a quien tampoco le han sido otorgadas las medidas cuatelares, pero ese no es el único caso que se registra en la institución de procuración de justicia. El hostigamiento sexual en México es un problema invisibilizado, no considerado un delito grave y las sanciones previstas en el Código Penal Federal son irrisorias tomando en cuenta que las víctimas, en la mayoría de los casos sufren daños psicológicos, sociales y económicos irreversibles, con frecuencia se ven obligadas a abandonar sus lugares de trabajo. PGR protege al acosador La víctima de hostigamiento sexual y acoso laboral, cuya identidad ha pedido que sea resguardada, dijo en entrevista para SemMéxico que ha atravesado por esta situación por demás difícil al interior de la PGR antes y después de la agresión. La agente trabajaba en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y fue víctima de  hostigamiento sexual por parte de su jefe inmediato, el Coordinador de Investigaciones, Fiscal Coordinador Mixto, de dicha fiscalía, Víctor Hugo Juárez Gallegos. Al intentar advertir a sus superiores de ésta situación, comenzó el acoso laboral por parte de la entonces titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, Laura Angelina Borbolla Moreno, y del Director de Averiguaciones Previas de dicha fiscalía, Aarón René Espinosa Salazar, quienes protegieron al acosador, señala la agente. Detalla que fue víctima de una agresión física por parte de Víctor Hugo Juárez Gallegos, quien en su afán de hacerla desistir de su denuncia, intentó golpearla en la cara con unos expedientes. La situación se volvió insostenible y la víctima acudió ante el Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Francisco García Cervantes, para solicitar un cambio de adscripción como medida precautoria porque su salud emocional y física se vio seriamente afectada y porque los ataques en su contra fueron cada vez mas intensos y constantes. Esta medida le fue concedida, actualmente se desempeña en la Dirección General de Atención y Seguimiento a Recomendaciones y Conciliaciones en materia de Derechos Humanos, pero sigue estando en contacto con la y los agresores, de manera cotidiana. Por ello, la agente del MP explica que se vio en la necesidad de remitir una carta a la procuradora Arely Gómez solicitando su intervención y ayuda, la carta fechada el 17 de agosto de 2015, señala: “Solicito su valioso apoyo y legal intervención para otorgarme las medidas cautelares correspondientes, para que realmente se hagan efectivas, tal y como lo marca la Ley General de Víctimas y los más altos estándares internacionales en la materia, toda vez que la y los agresores se encuentren ubicados muy cerca de mí, siendo el caso de la C. Laura Angelina Borbolla Moreno que ha sido reubicada a dos metros de distancia de la suscrita, de igual forma Aarón Rene Espinosa Salazar y Víctor Hugo Juárez Gallegos se encuentran en el mismo edificio, en el piso 7, esta situación no puede estar sucediendo. Tengo un temor fundado de que pueda ocurrir algún daño en mi integridad personal en virtud de que los agresores continúan ejecutando actos intimidatorios en mi contra”, dice  la carta entregada a la Procuradora y cuya copia se encuentra en poder de SemMéxico. Arely Gómez no sólo no dio respuesta a éste escrito sino que la situación de agresiones continúa y los servidores públicos denunciados continúan laborando sin ninguna amonestación, por el contrario han sido premiados con nuevos cargos dentro del equipo de la señora Procuradora, señala la víctima. Hoy Laura Angelina Borbolla Moreno se desempeña como asesora del Subprocurador de Derechos Humanos,  Eber Omar Betanzos Torres; en tanto que Aarón René Espinosa Salazar y Víctor Hugo Juárez Gallegos fueron asignados asesores de la Procuradora Arely Gómez. Ellos están protegidos por Salvador Sandoval Silva, Coordinador de Asesores de la oficina de la Procuradora, explica. Tráfico de influencias  La agente agrega que al ver que la situación era cada vez peor, determinó presentar la denuncia penal  en el mes de abril de 2014 ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas y ante la Visitaduría General de la PGR, desde hace un año cuatro meses, y hasta la fecha no ha obtenido determinación jurídica alguna. “La denuncia no ha prosperado en todo este tiempo porque el trabajo de la Fiscal Especial, Nelly Montealegre Díaz, es una simulación basada en la corrupción, tiene una estrecha amistad con Laura Borbolla Moreno. La y los servidores públicos denunciados se encuentran protegidos y dentro de la institución gozan de diversos beneficios”. La denuncia penal estuvo sustentada con una serie de pruebas como correos electrónicos, pruebas periciales en psicología, y grabaciones de audio, sin embrago, la y los agresores no han sido llamados ni se registra avance alguno en la investigación. La víctima relata que ha acudido en diversas ocasiones a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, para verificar el estatus del proceso legal  y recientemente Argelia Medrano Reyes, quien siempre la ha tratado mal, le informó que el expediente fue remitido a Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, limitándose a darle explicaciones, siendo así que significa que está prácticamente archivado. No es el único caso El caso de la agente no es el único. Además de esta denuncia penal, en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, hay tres denuncias más, de igual número de  víctimas de hostigamiento sexual y acoso laboral por parte de Víctor Hugo Juárez Gallegos y Aarón René Espinosa Salazar. Algunas de las víctimas “han sido afectadas y dañadas, incluso, despedidas de manera injustificada, afectándolas en su dignidad, en sus derechos humanos, en sus derechos laborales y en su patrimonio familiar”, explica la agente. Esas denuncias tampoco han registrado avance alguno. Sólo pide justicia La víctima señala a SemMéxico que  tiene miedo de perder su trabajo y de que estas agresiones continúen, ya han ido más allá de su lugar de trabajo porque los guardaespaldas de Laura Borbolla Moreno la han intimidado incluso cuando se los encuentra en los pasillos. “Yo solo quiero que me dejen trabajar, quiero un lugar libre de violencia para trabajar, no quiero estar cerca de estas personas que me siguen violentando y sobre todo quiero justicia. Yo no tengo porqué dejar mi trabajo de manera injustificada, si yo he sido víctima de estas situaciones”. Por ello, ha pedido la intervención de algunas instancias como el Instituto Nacional de las Mujeres para dar seguimiento a su caso y está en espera de que puedan tomar cartas en el asunto. Adicionalmente, a través de diversas organizaciones, expusieron el caso durante el X Encuentro Nacional Feminista en donde hicieron un llamado a las asistentes a unirse a esta exigencia de justicia y en donde se recabaron más de 400 firmas para llamar a las autoridades competentes que impartan justicia. Un delito no grave En el último año se han hecho públicos diversos casos de hostigamiento sexual como los ocurridos en el Instituto Nacional Electoral, en la Secretaría de la Cultura y las Artes en Yucatán, en el Museo de Arte Moderno y ahora en la Procuraduría General de la República. En 2013 se hizo público el caso de hostigamiento sexual en la UNAM y en 2012 uno más en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Hasta el momento, solo en el caso de la CNDH, existe una sentencia en contra del agresor, sin embargo, en esta solo se obliga al agresor al pago de una multa de poco más de 800 pesos por el delito de hostigamiento sexual. En el Código Penal Federal se establece que la sanción por este delito, considerado no grave, es de hasta cuarenta días de multa y si el hostigador es un servidor público, se le destituirá de su cargo. Al respecto, una víctima de hostigamiento en la CNDH dijo a este medio que es necesario y urgente modificar la legislación. “El daño que causa el hostigamiento en las víctimas es muy grave, es inconcebible, una burla e irrisorio que la sanción sea sólo una multa. Es necesario agravar la pena, establecer un protocolo de atención a víctimas en el que se describa cómo demostrar el hostigamiento para que se sientan seguras de denunciar, aunque lamentablemente la justicia en este país tarda en llegar y son procesos largos y cansados, pero tenemos que alzar la voz y denunciar esta práctica que es más frecuente de lo que nos imaginamos”.