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Pide Defensoría evitar enfrentamiento entre comunidades mixtecas

Jueves 12 de febrero, 2015.
05:30 pm
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  • Guadalupe Hidalgo y Tataltepec, en riesgo tras ataque a familia
  • Pobladores de Guadalupe Hidalgo, Tilantongo, denunciaron agresión
  • Atribuyen emboscada a conflicto agrario que ya lleva más de 30 años
  Oaxaca, México.-La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca pidió  a la Procuraduría General  de Justicia garantizar la seguridad de las comunidades de Guadalupe Hidalgo y Santa María Tataltepec por el riesgo de enfrentamiento violento entre ambas a causa de la reciente emboscada contra una familia que dejó a una persona muerta y a otra herida. Integrantes de una familia de Guadalupe Hidalgo, agencia municipal de Santiago Tilantongo, denunciaron ante  la Defensoría regional de Tlaxiaco que el 7 de febrero último, por la mañana, cuando circulaban por el paraje denominado Segundo Rancho, un grupo de aproximadamente 15 personas armadas hicieron disparos contra su vehículo, que causaron la muerte a un hombre y dejaron a una mujer lesionada. defensoriaLa Defensoría abrió el cuaderno de antecedentes DDHPO/ CA/0165/(15)/OAX/2015, en el cual solicitó una medida cautelar  a la Procuraduría General de Justicia del Estado para que resguarde y brinde seguridad  en la zona, a fin de evitar posibles violaciones a derechos humanos, así como daños de difícil o imposible reparación. Además, la Defensoría pidió a la Procuraduría que inicie la averiguación previa por los hechos que denunciaron los habitantes de Guadalupe Hidalgo. Las comunidades de Guadalupe Hidalgo y Santa María Tataltepec sostienen desde 1982 un conflicto agrario por más de 3,077 hectáreas de tierras de cultivo. Esta disputa ha derivado en enfrentamientos en los que han perdido la vida personas de ambas comunidades. El paraje Segundo Rancho, donde ocurrió el atentado contra la familia, dista tres kilómetros y medio de la comunidad de Guadalupe Hidalgo, precisaron los quejosos. La Defensoría pidió a la Procuraduría realizar estas acciones con el objetivo de prevenir actos de violencia que pudieran alterar la paz social, al tiempo que solicitó contar con mayores informes oficiales sobre el suceso en un plazo de 24 horas.

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