Piden definir criterios para que tortura sexual no quede impune

Cimacnoticias | México, DF.- Grupos civiles aseguraron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene la oportunidad de desarrollar criterios y estándares sobre tortura sexual y juzgamiento con visión de género y etnicidad, luego de que aplazó el análisis de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre la violación contra las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. Ayer el pleno de la Corte determinó aplazar la discusión del expediente varios 1396/2011, sobre el cumplimiento del Poder Judicial de la Federación (PJF) de las sentencias de la CoIDH en los casos de Inés y Valentina, indígenas víctimas de violación sexual por parte de militares en el estado de Guerrero, en 2002. En un comunicado, los centros de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Miguel Agustín Pro Juárez, así como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Asociadas por lo Justo, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, aseguraron que aplazar el análisis implica reconocer que el proyecto en discusión “puede ser mejorado”. En 2011 Inés y Valentina solicitaron a la SCJN iniciar un expediente varios para definir las obligaciones del PJF ante las sentencias, y establecer criterios al personal judicial en temas como tortura sexual, valor de la declaración de las víctimas de delitos sexuales, e impartición de justicia con perspectiva de género y etnicidad. Las organizaciones dijeron que con esto se atendió la preocupación de Inés y Valentina, así como de sus representantes ciudadanos, en cuanto a que la discusión del expediente no estaba contribuyendo realmente a desarrollar los criterios y estándares sobre tortura sexual y juzgamiento con perspectiva de género y etnicidad, ni tampoco se estaban ampliando los deberes de los juzgados del PJF donde hoy se ventilan los casos de violación contra las dos mujeres. Mencionaron que para aprovechar esta posibilidad, es fundamental que la mayoría de ministros de la Corte asuma que la crisis de violaciones a Derechos Humanos (DH) en México exige mucho más que simples medidas administrativas y cursos para jueces y juezas; por lo que señalaron que se necesitan verdaderas garantías de reparación y no repetición, y un efectivo combate a la impunidad, lo que implica revisar los criterios y las prácticas judiciales aplicables en estos casos. Finalmente llamaron a la sociedad y especialmente a las organizaciones defensoras de los DH, de los derechos de las mujeres y de las personas, comunidades y pueblos indígenas, para pedir a la SCJN mediante “amicus curiae” (documentos con argumentos jurídicos), cartas y otros medios, que la sentencia del expediente 1396/2011 contribuya realmente a “ampliar las puertas de la justicia para las mujeres indígenas y para las sobrevivientes de la tortura sexual”.