Por corrupción y violencia, trabajadoras temen ir ante JLCyA

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa Cimacnoticias  Oaxaca, México.-El funcionamiento de las Juntas de Conciliación y Arbitraje (locales y la federal) es “obsoleto, lento y no es transparente”, lo que contribuye a que las trabajadoras no presenten demandas laborales o que en caso de que ganen los juicios, recuperen menos dinero que sus pares varones. En ello coincidieron especialistas del ámbito laboral que participaron en el seminario “La justicia laboral como parte del trabajo digno en México”, al que convocaron la Fundación Friedrich Ebert Stiftung y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal (JLCyA). Arturo Alcalde Justiniani, abogado laboralista con amplia experiencia sindicalista, explicó que el sistema de justicia laboral en México está “muy rebasado” respecto a otros países, ya que aún no es un organismo autónomo y depende directamente de los poderes ejecutivos de las entidades federativas. También criticó que se siga usando el modelo tripartito –con representantes de trabajadores, la patronal y el gobierno–, en el que participan personas con conflictos de interés o sin la suficiente preparación profesional, además de que los trámites (apelaciones o audiencias a las que no acuden los representantes) atrasan en general los juicios. Alcalde explicó que la corrupción, el sindicalismo “charro” (de protección) y la impunidad, son los principales obstáculos para que las personas obtengan justicia laboral, ya que no hay castigos penales contra todos los supuestos sindicatos –conocidos por el personal de las Juntas– que presentan cientos de juicios infundados por la titularidad de contratos, emplazan a huelgas falsas o irrumpen en medio de las audiencias con “golpeadores” para intimidar a las y los trabajadores. En presencia de Amalia García, secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo del DF, el litigante declaró que el problema empieza desde las secretarías del Trabajo, que no cuentan con el número de inspectores suficientes (apenas 17 para 400 mil empresas en la capital del país) que eviten las múltiples violaciones a los derechos laborales que ocurren a diario, principalmente contra los sectores más vulnerables como las trabajadoras de la costura, el personal de limpieza, los trabajadores de la construcción, y otros gremios. Por su parte, la experta en procesos de justicia laboral, Joyce Sadka, académica del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), detalló que es necesario que las Juntas de Conciliación agreguen un componente de género a todos los cálculos que realicen, ya que sólo así se podrá visibilizar que las trabajadoras enfrentan una situación completamente distinta que la de sus pares varones en su búsqueda de justicia. De acuerdo con lo que ha visto durante sus más de 10 años de trabajo en la materia, la especialista observó que las mujeres inician juicios laborales en menor proporción que los hombres, debido a que estos procesos –con “golpeadores”, corrupción y violencia– son percibidos como “muy riesgosos” para ellas, quienes a fin de mantener la estabilidad familiar prefieren no demandar ante las Juntas. Según las bases de datos que Sadka ha revisado, en general las mujeres consiguen con mayor facilidad un convenio en un juicio, probablemente a fin de no continuar con los procesos legales que resultan “tardados, intimidatorios y riesgosos”. A la par, ellas son “más renuentes” a buscar  laudos (sentencias), pero si lo hacen son más propensas a ganar –reflexionó la experta– porque inician estos juicios sólo si saben que tienen las pruebas suficientes para ganar. Al mismo tiempo –abundó Joyce Sadka–, una vez que las trabajadoras logran convenios con los empleadores, ellas recuperan menos dinero que sus pares varones. En términos técnicos, la académica explicó: “Si uno trata de predecir la cantidad de dinero que un trabajador o trabajadora va a recuperar al final de un juicio laboral y pone género como una variable explicativa, esta variable será negativa sobre el efecto de lo que va a recuperar, con una pérdida significativa. “Esto pasa a pesar de que ninguna Junta en el país, ni la peor que hay, abiertamente dice que no atiende a las mujeres. La justicia es ciega, lo que pasa es que nuestra justicia es ciega pero mala, y cuando la justicia es mala el demandante que es más marginado por pertenecer a una minoría (en este caso una trabajadora sin experiencia en el mercado laboral y sin acceso a un buen abogado), esa mujer va a tener un resultado estrictamente peor que un hombre que gana lo mismo que ella, y que tiene la misma trayectoria laboral”. MILES DE DESPIDOS POR EMBARAZO Cuestionada sobre los avances que lleva a cabo la JLCyA en materia de justicia laboral con visión de género, su presidenta, Margarita Darlene Rojas Olvera, precisó en breve entrevista que en esta capital 48 por ciento de los cerca de 100 mil casos que atienden son de mujeres. La mayoría de las trabajadoras alega despidos injustificados, pero 70 por ciento tienen la causal específica de despidos por embarazo. La presidenta de la JLCyA recordó que a fin de atender con prioridad las quejas de esta índole, en 2014 se crearon dos juntas especiales para “grupos vulnerables”. En particular, la Junta Especial 19 es la que revisa los conflictos laborales vinculados con discriminación por género y, de acuerdo con Rojas Olvera, es casi tres veces más eficiente que las otras Juntas, porque los juicios tardan entre tres y cuatro meses en ser resueltos –desde que se presenta la demanda hasta que se consigue un laudo– y, en lo que va de 2015, más de 58 por ciento de los juicios ya se resolvieron. No obstante –aclaró– en la Junta 19 sólo se admiten de 100 a 150 casos al mes, mientras que las otras 18 Juntas atienden hasta 500 casos cada una. El resto de las trabajadoras, las que no tuvieron cabida en la Junta Especial o que llevan litigios sin perspectiva de género, tienen que esperar como mínimo un año para obtener un laudo, ya que –reconoció la funcionaria– su dependencia requiere de más presupuesto para contratar más personal y hacer más nuevas juntas.