· Trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil e instituciones
· Garantizaría protección y acceso pleno de personas con discapacidad a derechos
· Promueve desarrollo pleno, autonomía e inclusión de personas con discapacidad
Oaxaca, México.-La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblos de Oaxaca presentó una iniciativa de ley de los derechos de las personas con discapacidad, para que éstas puedan tener un reconocimiento, protección y garantía de pleno ejercicio de sus prerrogativas fundamentales.
Durante la sesión del Consejo Ciudadano realizada el 26 de mayo último, el director de Políticas Públicas José Juan Julián Santiago explicó que la iniciativa busca asegurar la plena inclusión y desarrollo en sociedad de las personas con discapacidad, en un marco de respeto, igualdad, justicia y equiparación de oportunidades, para lo cual se promueve eliminar cualquier forma de discriminación por motivos de discapacidad.
Julián Santiago señaló que la protección, la defensa y garantía de los derechos humanos, conlleva la instrumentación de una serie de acciones que permitan transformar el ejercicio, diseño e implementación de políticas públicas.
Agregó que el papel de la Defensoría en este proceso es fundamental, pues no sólo es un órgano vigilante, sino que también debe ser articulador y apoyar en los aspectos técnicos para poder establecer adecuadamente el reconocimiento y protección de los derechos humanos con los más altos estándares en la materia.
El director de Políticas Públicas de la Defensoría dijo ante los representantes del Consejo Ciudadano y asistentes a su sesión pública que la iniciativa de ley se construyó desde la perspectiva garantista para incidir en la armonización legislativa en materia de derechos humanos, además de que fue una oportunidad para estrechar vínculos con organizaciones de la sociedad civil y con diversas instituciones públicas.
Puntualizó que participaron en la redacción de esta iniciativa agrupaciones como CAI Piña Palmera, Casa Hogar “Acéptame como Soy”, Pro Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, Centro de Orientación al Migrante, “Sonrrye” y Centro Oaxaqueño de Rehabilitación de Audición y Lenguaje Acciones Competitivas en Red A. C.
También contribuyeron a este documento Planeta Inclusión A. C., Centro Oaxaqueño de Rehabilitación de Audición y Lenguaje A. C., El DIF estatal con su Dirección de Atención a Personas con Discapacidad, Frente de Organizaciones y Personas con Discapacidad DISLUVI A. C., México con Sentido Social A. C. y el equipo de la Presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad, la Diputada Zoila José Juan.
Julián Santiago destacó que la participación de diferentes actores sociales en esta iniciativa permite una suma de esfuerzos y acciones que pueden traducirse en un reconocimiento más efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, quienes actualmente afrontan una situación muy grave respecto al goce y ejercicio de sus derechos, debido a la falta de políticas públicas y al desconocimiento entre servidores públicos sobre el tema de la discapacidad.
Comentó que los trabajos para la elaboración se iniciaron en 2014, cuando se realizaron acciones como procesos de formación sobre discapacidad y un foro sobre no discriminación en la región de la Costa; asimismo, las demandas expuestas por organizaciones de la sociedad civil durante la sesión pública del Consejo Ciudadano efectuada en Puerto Escondido dieron insumos importantes para la elaboración de la propuesta.
Resaltó que esta iniciativa de ley es una oportunidad para trasformar la visión que tienen las instituciones y la sociedad con respecto a la discapacidad, pues la ley actual tiene un enfoque asistencialista que no está en armonía con la reforma en derechos humanos y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Julián Santiago expuso que dentro de la iniciativa que propone la Defensoría se reconoce la importancia de asegurar el desarrollo integral de las personas con discapacidad para que tengan una plena participación social y puedan ejercer sus derechos, además de sus deberes.
La iniciativa establece la obligación del Estado de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas que garanticen la igualdad, la inclusión plena, autonomía y accesibilidad de las personas con discapacidad, con el fin de favorecer la dignidad y mejorar sus condiciones de vida, concluyó.
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