Solicitarán informe sobre recomendaciones a desapariciones forzadas y tortura

Oaxaca, México.-La Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales aprobó un dictamen con la finalidad de que el Senado de la República solicite al Ejecutivo federal la declaración para el reconocimiento de competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, que instaura la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas. Ello, a fin de que ese organismo internacional pueda recibir y examinar las denuncias presentadas por víctimas de violaciones, cometidas por parte del Estado mexicano, de acuerdo a las disposiciones de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Del mismo modo, se acordó pedir al Ejecutivo federal que comunique a la Cámara de Senadores los términos de su respuesta a las recomendaciones emitidas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), e informe sobre las medidas para cumplir con ellas. En el dictamen aprobado por este órgano legislativo, que preside la senadora del Partido Acción Nacional, Laura Angélica Rojas Hernández, se señala que en congruencia con la participación activa que ha tenido México en la promoción de los derechos humanos, y por su responsabilidad y compromiso en el combate a las desapariciones forzadas, es preciso que el gobierno mexicano dé puntual respuesta a las recomendaciones del Comité. Esta medida, se puntualiza, significará un paso importante para combatir este delito que constituye una violación simultánea a varios derechos humanos, y que representa una conducta que niega la esencia de la humanidad y atenta en contra de los valores más profundos de la sociedad mexicana. Se precisa que el Comité no podrá admitir ninguna comunicación relativa a un Estado parte que no haya hecho la declaración de reconocimiento de forma expresa. México no ha hecho dicha declaración, por lo que la ONU, ha hecho un llamado a al gobierno de nuestro país para que acepte la competencia del Comité sobre las Desapariciones Forzadas en materia de denuncias de particulares. En el documento, se señala que México atraviesa una crisis en materia de acceso a la justicia, en la que prevalece la impunidad y opacidad en los casos de violaciones graves de derechos humanos, como las desapariciones forzadas de personas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y feminicidios, entre otros. Si bien estos crímenes se han cometido en diferentes épocas de nuestra historia, en los años recientes el movimiento de víctimas ha denunciado el contexto de impunidad y complicidad de las autoridades, que rodea la mayoría de los casos, se indica. Aunado a ello, a partir de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, así como los hallazgos de decenas de cuerpos en las inmediaciones de esa ciudad, “se ha visualizado la terrible pesadilla que viven miles de familias de más de 23 mil personas que se encuentran desaparecidas en nuestro país”. Ante esta situación, la Comisión estimó pertinente y oportuno que México reconozca la competencia del Comité para conocer peticiones individuales, toda vez que ya reconoce esta facultad a Comités como el de Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Comité contra la Tortura (CAT) y el Comité sobre los Derechos de las personas con Discapacidad (CPD). Solicitan informe sobre acciones para cumplir recomendaciones sobre tortura Posteriormente, se aprobó un exhorto para que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informe sobre las acciones que se implementarán para cumplir con las recomendaciones emitidas por el Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Tortura. En el dictamen aprobado se menciona que en días anteriores el relator Juan Méndez presentó el informe que da cuenta de la situación de México en materia de tortura y malos tratos, donde recomienda a las autoridades llevar a cabo las acciones necesarias para poner fin a estas prácticas, revertir la impunidad, garantizar la reparación integral de las víctimas, así como promover el respeto y observancia de los derechos humanos. Asimismo, pide reconocer la dimensión de la impunidad, tomar medidas para prevenir y castigar severamente toda represalia contra víctimas que denuncien torturas, expedir una ley general que tipifique la este delito en toda la República, juzgar y sancionar de forma pronta, independiente, imparcial y exhaustiva, la imprescriptibilidad del delito y la reparación de los daños, entre otros. Refiere que el relator de la ONU dio a conocer que la tortura y los malos tratos, durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia, son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad. Detalla que hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las Fuerzas Armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces. Debido a ello --se agrega-- se generó una diferencia de interpretación entre el gobierno mexicano y el relator especial, la cual ha sido considerada como “superada” por la Cancillería. En este sentido, los legisladores subrayaron la importancia de que la SRE haya valorado positivamente la visita y recomendaciones del relator y haber destacado la importancia de la cooperación con mecanismos internacionales. Por ello, los senadores consideraron oportuno solicitar al gobierno federal que informe al Senado las acciones que se llevarán a cabo en este tema, a efecto de allegarse de los datos necesarios para que, si así se determina, posteriormente se pueda tener un diálogo con el secretario de Relaciones Exteriores y con otros funcionarios del Poder Ejecutivo. Sobre ambos temas, el senador Alejandro Encinas Rodríguez señaló que la mayor parte de estas recomendaciones prácticamente se cumplirán mañana con la aprobación, en el Pleno, de la reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión a legislar respecto a la desaparición forzada, tortura y malos tratos. Piden que Senado se congratule por anunció de participación de México en operaciones de paz de la ONU En la misma sesión, se aprobó un dictamen para que el Senado se congratule por el anuncio realizado por el Presidente de la República durante su intervención en el Debate General del 69 Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, sobre la reanudación de la participación gradual de México en las operaciones para el mantenimiento de la paz. Al respecto, Encinas Rodríguez comentó que el Ejecutivo federal debió consultar al Senado antes de hacer público este compromiso, pues es facultad de este cuerpo legislativo expresar definir y ratificar la política exterior del país. Para la senadora Laura Angélica Rojas se trata de uno de los temas más relevantes en el cambio de política exterior de México y aseguró que las misiones de paz no son intervencionismo, por lo que no se viola el principio de no intervención de nuestro país. En tanto, el senador del Partido Revolucionario Institucional, David Penchyna Grub, consideró incongruente que México no forme parte de las misiones de paz, pues hemos sido miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.