Tras 23 años en prisión, víctima de tortura obtiene justicia.

Oaxaca, México.-Amnistía Internacional saluda la liberación de Alfonso Martín del Campo Dodd, víctima de detención arbitraria y tortura, tras haber permanecido casi 23 años en la cárcel. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó su libertad inmediata y reconoció que las pruebas presentadas en el expediente demuestran que Alfonso fue torturado para obligarlo a auto-incriminarse por el homicidio de su hermana y su cuñado en 1992. Esta decisión revierte especial importancia en el contexto actual por el que atraviesa México, en el que ha sido documentada una situación generalizada de tortura y malos tratos. La organización reconoció que el fallo de la SCJN refrenda su compromiso con la protección de los derechos humanos, específicamente la prohibición absoluta de la tortura.

Alfonso Martín del Campo fue detenido arbitrariamente el 30 de mayo de 1992 en el Distrito Federal y sometido a golpes, asfixia y amenazas por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). Años más tarde, un agente de la policía confesó haberlo torturado junto con otros policías. A pesar de ello, las autoridades ignoraron ésta y otras pruebas, incluyendo peritajes médicos, que indicaban que fue torturado. El caso de Alfonso es emblemático porque evidencia las múltiples falencias dentro del sistema de justicia penal en México que permiten que las detenciones arbitrarias y las pruebas obtenidas bajo tortura generen aún más injusticias.

“En el derecho internacional de los derechos humanos, la prohibición de tortura y otros tratos inhumanos, crueles y degradantes conlleva la obligación de no admitir confesiones obtenidas bajo tortura. Esta es una medida efectiva para hacer cesar las consecuencias de una violación a las garantías judiciales” señaló Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.

Amnistía Internacional ha documentado muchos casos en los cuales los testimonios obtenidos bajo tortura continúan siendo aceptados por jueces. Asimismo, las alegaciones de tortura no se investigan adecuadamente. Los peritajes forenses oficiales suelen ser deficientes y aquellos realizados por peritos independientes suelen ser menospreciados. En el caso de Alfonso Martin del Campo, su revisión por un perito independiente fue una prueba clave para constatar la tortura que sufrió. Sin embargo, estas pruebas fueron ignoradas durante más de dos décadas por las y los operadores de justicia tanto a nivel local como federal.

“Las víctimas de tortura en nuestro país merecen que los peritajes de expertos independientes sean tomados en cuenta por las y los jueces para comprobar la tortura” señaló Perseo Quiroz.

El caso de Alfonso Martín del Campo fue documentado por varios órganos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, los cuales confirmaron el uso de tortura. La sentencia del más alto tribunal del país es prueba de la urgencia de abordar el tema de la tortura como un flagelo generalizado dentro del sistema de justicia, como lo ha señalado recientemente el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura.

Amnistía Internacional le recuerda a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal su obligación de investigar a fondo el homicidio de la hermana y el cuñado de Alfonso Martín del Campo y dar con los responsables. Además, el Estado tiene la obligación de otorgar una reparación integral del daño a Alfonso Martín del Campo debido a las violaciones a los derechos humanos que sufrió.