Violencia obstétrica, muchos casos y sin posibilidades de reparar el daño

Oaxaca.-En México no existe ningún procedimiento que asegure que las víctimas de violencia obstétrica accedan a la reparación integral del daño, una garantía que les permitiría restablecer los Derechos Humanos que les fueron violados y arreglar las fallas estructurales del sistema de salud, como garantía para que no se repitan los hechos. La  ausencia de mecanismos adecuados para acceder a la justicia contrasta con la alta cifra de casos que son denunciados ante las distintas instancias que lo permiten y que, de acuerdo con el informe “Violencia Obstétrica”, presentado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), son apenas un reflejo de la realidad que comúnmente enfrentan las mexicanas durante el nacimiento de sus hijas o hijos. Tan sólo de enero de 2014 a junio de 2015, periodo que abarca el estudio de GIRE, se presentaron 93 quejas ante las unidades de contraloría interna del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), otras 482 fueron presentadas en los servicios de salud estatal. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 120 quejas y las Comisiones estatales 431. GIRE advierte que en México siete de cada 10 mujeres mayores de 15 años han tenido al menos una hija o hijo vivo, lo que se traduce en que 72 por ciento de las mexicanas en ese rango de edad ha necesitado, al menos una vez en su vida, atención médica durante el embarazo, parto y puerperio, “y por sólo ese hecho han estado expuestas a sufrir un evento de violencia obstétrica”. DENUNCIAS Y REPARACIÓN Las cifras presentadas por GIRE revelan que quienes son víctimas de estos tratos inhumanos y degradantes durante la atención al parto se enfrentan a procedimientos no homologados para interponer quejas, falta de seguimiento a sus denuncias, y ausencia de procedimientos adecuados para obtener la reparación integral del daño. Es decir, aunque en el país existe una variedad de procedimientos que pueden iniciarse ante situaciones de violencia obstétrica (civiles, penales o administrativos), ninguno prevé el establecimiento de medidas de reparación integral por violaciones de Derechos Humanos, y ninguno cuenta con un sistema de registro y seguimiento de las quejas presentadas. LAS CIFRAS El recurso más inmediato ante una situación de violencia obstétrica es la presentación de una queja ante la unidad de contraloría interna de la institución de salud, pero algunas dependencias de salud no cuentan con información sobre el número de quejas presentadas, por lo que es imposible conocer el número de mexicanas que fueron violentadas. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no brinda información sobre el número de quejas presentadas ante su contraloría interna; el ISSSTE recibió 60 quejas por malos tratos y negligencia médica contra mujeres en el marco de la atención al parto y 33 por violencia obstétrica (93 en total). En las unidades de la Secretaría de Salud locales se recibió un total de 216 quejas por negligencia y 266 por violencia obstétrica. Las entidades que registran más denuncias son Guerrero (174), Morelos (108) y Distrito Federal (36). Estados como Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Chiapas no tienen información sobre el número de denuncias presentadas ante sus respectivas controlarías internas. El procedimiento a seguir, así como las sanciones y o respuestas a la querella, es determinado por cada institución, lo que abre la puerta a un posible conflicto de interés, al momento de establecer la responsabilidad del personal. En materia administrativa, también se cuenta con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), que es un órgano desconcentrado de la SS federal con autonomía técnica para emitir acuerdos y laudos, sin embargo esta dependencia informa que en el lapso informado, de enero de 2014 a junio de 2015, no se presentó ningún reclamo. Baja California Sur, Chihuahua, el Distrito Federal, Durango, Quintana Roo y Zacatecas no cuentan con comisión de arbitraje médico, cuyas resoluciones si bien no permiten resolver las fallas estructurales del sistema de salud, representan el mecanismo más fácil para acceder a una indemnización. Otro de los recursos para acceder a la justicia en estos casos es la vía penal, pero sólo en los estados de Chiapas, Guerrero y Veracruz, que son las entidades que cuentan con el tipo penal de violencia obstétrica.  Sin embargo sólo en Veracruz se ha presentado una denuncia por este delito, y no se reporta ninguna sentencia. COMISIONES DE DH, ALTERNATIVA En casos de violencia obstétrica, las comisiones nacional y locales de DH pueden constituirse en piezas clave para ofrecer una vía de acceso a la justicia que ofrezca recomendaciones con perspectiva de DH y que incluya la demanda de medidas de no repetición. En un lapso de 18 meses, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 119 quejas por malos tratos y una queja por el concepto de violencia obstétrica, y emitió nueve recomendaciones por malos tratos y 14 por violencia obstétrica. A nivel local, las comisiones de DH recibieron un total de 299 quejas por negligencia y malos tratos y emitieron 89  recomendaciones por este concepto; además recibieron 132 quejas por violencia obstétrica y emitieron 14 recomendaciones en la materia. La comisión estatal de Chihuahua es la dependencia que recibió más quejas, con un total de 105. Para GIRE, la respuesta a la violencia obstétrica no corresponde sólo a un sector o poder del Estado, ya que es necesaria una respuesta más “holística”, que vaya más allá de la criminalización del personal de salud. Debe buscar también reparar las fallas estructurales que permitieron las violaciones, en primer lugar, así como el cambio de condiciones que permiten la segregación y discriminación de muchas mujeres.