| | Oaxaca de Juárez |
Lunes 23 de diciembre, 2024.
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Tras exhibir ante los medios de comunicación las 14 respuestas que envío la CNBV a sus peticiones de información, Adán Herrera, vocero de los ahorradores cuestionó la opacidad con la que se están manejando las autoridades, “¿en base a qué decidieron que la liquidación de FICREA era el mejor camino? No cabe duda, que sólo se trata de otra estrategia de dilación y desde nuestra perspectiva creemos que sólo hay dos opciones: o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores está ocultando información de alta trascendencia o fabricaron un expediente para justificar la intervención y liquidación”.
A nombre de los ahorradores, Herrera dijo que en cualquiera de los casos, ambas actitudes de la Comisión Bancaria implican falta de transparencia y una burla para quienes tienen empeñado su futuro en esos recursos que ahora les quieren desaparecer mediante argucias legales, triquiñuelas y engaños jurídicos.
De todas las respuestas emitidas por la Comisión, dijo Herrera, hubo una que realmente los impactó. Pidieron los documentos, actas, minutas, acuerdos, resoluciones, reportes de auditoría o documentos de cualquier otra denominación que la CNBV recibió por parte de la empresa Pricewaterhouse Coopers, S. C., derivado del estudio técnico señalado en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, pues dicho documento fue utilizado para determinar la disolución y liquidación de FICREA y la respuesta fue que existe “la imposibilidad de proporcionar la información, ya que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite de esta unidad administrativa, así como en el archivo de concentración de esta Comisión, es inexistente, ya que dicha empresa no ha entregado documento alguno a esta Comisión”.
Es decir, afirmaron los Ahorradores Afectados del Caso Ficrea, “los documentos que según la propia comisión sirvieron como base para decidir la intervención gerencial que promueve la liquidación de FICREA no existen”. Y destacaron que las otras 12 peticiones de información, recibieron también respuestas negativas por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues clasificaron toda la información como RESERVADA y CONFIDENCIAL, bajo el argumento de que el caso sigue activo, “aun cuando nosotros somos los principales interesados en conocer la situación del caso y contrario a lo que afirma la ley, no se estaría dañando la estabilidad financiera, económica o monetaria del país al entregarnos la información” reiteró.
En cambio, subrayó Herrera, los propios comisionados del INAI al analizar el caso, han determinado que la reserva de esos documentos es improcedente debido a que la intervención gerencial que realizó la CNBV no es un procedimiento seguido en forma de juicio, sino sólo una medida precautoria, por lo que anticipó que los ahorradores presentarán recursos de revisión ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información por cada una de las respuestas negativas aportadas por la CNBV.
A su vez, Enrique Gracia insistió en que si hubiera voluntad política por parte de las autoridades ya se habría instalado una mesa de negociación y no tendrían que recurrir al INAI para acceder a la información de su caso, “evidentemente las autoridades no tienen voluntad para resolver nuestro problema y estamos ante tácticas dilatorias que buscan desgastar nuestro movimiento”, expresó, tras subrayar que la mayor parte de los ahorradores afectados son personas de la tercera edad, que dependen de esos ahorros para sobrevivir.
Finalmente, los ahorradores anticiparon que en caso de no llegar a un acuerdo con las autoridades iniciarán los procesos necesarios para buscar el concurso mercantil, medida que podría acercarlos a conseguir la restitución de un mayor porcentaje de sus ahorros.Te podría interesar...
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