Cada vez menos mexicanas con derecho a una pensión

Cimacnoticias | México, DF.- Mientras no haya empleos formales y dignos para las mujeres, las adultas mayores en el futuro no conseguirán su autonomía económica, advirtió Isalía Nava Bolaños, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Al participar en el foro “Mujeres y transformaciones socioeconómicas en México”, celebrado en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la también doctora en Estudios de Población por El Colegio de México observó que el envejecimiento de la población incrementará la demanda de pensiones. No obstante, las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) muestran que hay un decremento –que será constante– del número de trabajadoras y trabajadores asegurados. A este panorama “desalentador” se suma que las desigualdades de género que hoy presenta el mercado laboral anidan mayores brechas en el número de pensiones a las que accederán las mujeres, detalló Nava Bolaños. La experta, que cuenta con una maestría en Demografía, advirtió que de persistir la precariedad laboral a través de ocupaciones informales, flexibilidad de contratación, desempleo y otras formas de trabajo que no cubren todas las prestaciones de la Ley Federal de Trabajo, las actuales trabajadoras enfrentarán más retos en el futuro para sortear sus gastos en una edad en la que hay mayor propensión a tener una discapacidad. Esta situación –continuó la investigadora– aumentará la tasa de dependencia y la demanda de cuidados al interior de las familias, cuyos núcleos enfrentan actualmente transformaciones sociales que   impiden que sus integrantes puedan asumir esta responsabilidad. La académica de la Facultad de Economía de la UNAM afirmó que es urgente que el Estado mexicano genere estructuras sociales, económicas e incluso políticas, que consoliden sistemas sostenibles para generar los bienes y servicios que necesitará la población adulta mayor. Es necesario que en la creación de estas estructuras participen los gobiernos, las empresas y las organizaciones civiles, a fin de generar “sistemas multipilares de pensiones” que estén sostenidos por el financiamiento público obligatorio o asistencial, el aporte de la administración privada obligatorio o voluntario, el ingreso laboral y las cuentas de ahorro, convocó Nava Bolaños. Un diagnóstico que elaboró la Cámara de Diputados en 2009 sobre el acceso de las mujeres a la seguridad social en México indica que estos esquemas formales, que derivan de una política que busca el bienestar de la población, han mostrado un impacto diferenciado por género, el cual es difícil de comprobar porque las instituciones no están desarrollando estadísticas al respecto. El objetivo de estos esquemas –según el documento de la Cámara baja– es proteger a la población cuando enfrentan contingencias, por ejemplo, de cuidados de la salud, incapacidad laboral, desempleo, maternidad, edad avanzada o la muerte de la persona que sostiene el hogar. No obstante, el goce de las mujeres a estos sistemas depende de su inserción en el mercado laboral, el cual está obstaculizado por el trabajo no remunerado que realizan. El análisis legislativo apunta que esta desigualdad –que hasta ahora no ha sido atendida por el Estado– reproduce las restricciones para que las mujeres logren su autonomía económica.