Oaxaca, México.-“Ficrea era una sociedad muy complicada. Cuando pedías información no te la daban”. Esa es la definición del vicepresidente jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Edgar Bonilla del Ángel, sobre la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) que fue liquidada por el regulador tras descubrir que disponía de los recursos de los ahorradores de manera discrecional.
Aseguró que el trato que les dio Ficrea a las autoridades durante las visitas de supervisión le complicó a la Comisión la obtención de información.
“Nos metían a un minicuartito, como si fueran unos ‘aliens’ y solo ponían una persona con la que [se] podía hablar”.
Los ahorradores de Ficrea sufrieron un desfalco de 2,700 millones de pesos (mdp), lo que obligó la liquidación de la Sofipo el pasado 19 de diciembre. Las personas afectadas sólo podrán recuperar recursos por hasta 131,000 pesos, tal y como lo marca la actual legislación.
Pero la pregunta que surge en los ahorradores que perdieron su dinero, es por qué tardó tanto la CNBV en intervenir a la financiera si tras la última visita de supervisión, el 3 de marzo, había claros indicios de situaciones ilegales.
Entre 2011 y marzo de 2014, Ficrea, cuyo dueño es Rafael Olvera Amezcua, recibió en cuatro ocasiones a funcionarios del organismo. En cada ocasión detectaron irregularidades y errores. Sin embargo, la CNBV tardó más de ocho meses en intervenir a la financiera [7 de noviembre de 2014].
En la última visita, señaló Bonilla, hallaron que los pagos a los acreditados de Ficrea provenían de una arrendadora llamada Leadman Trade, con quien la CNBV ya le ha prohibido operar en 2012 por ser subsidiaria. También encontraron que prometían a sus nuevos clientes viajes a Las Vegas, a cruceros o a eventos deportivos como el Mundial de Brasil 2014, niveles de morosidad de cero y altas tasas de rendimientos.
En marzo [de 2014] les hicimos las observaciones. Suponiendo que duró un mes, más el derecho de garantía de audiencia. Se llevó ese tiempo, señaló el funcionario.
Según la Ley de Ahorro y Crédito Popular, tras una visita de supervisión, la institución bajo observación tiene 20 días para desvirtuarla, derecho llamado garantía de audiencia. También puede pedir una prórroga por el mismo lapso.
El vicepresidente jurídico dijo que los ocho meses que pasaron entre la visita y la intervención incluyen el mes que duró la supervisión y los 40 días hábiles que Ficrea pidió para contraargumentar las observaciones. Sin embargo esto hace un total de tres meses y no ocho.
Uno de los organismos públicos defraudados es el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) con poco más de 110 millones de pesos, que corresponden al Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, compuesto por las consignaciones que hace la gente en el Tribunal Superior, rentas, pensiones y toda la gama de obligaciones que se consignan.
Este motivó su primera observación irregular hecha por la CNBV a Ficrea en 2011. "La Comisión le dice a Ficrea no puedes captar recursos de un organismo gubernamental”, apuntó Bonilla.
Mucho trabajo
La CNBV debe regular a unas 5,000 instituciones financieras en el país. Aunque cada mes éstas envían información al organismo a cargo de Jaime González Aguadé, no todas son visitadas de manera presencial cada año.
“No nos damos abasto por la cantidad enorme de sociedades”, señaló Edgar Bonilla.
Advirtió que por su propia naturaleza la regulación de una Sofipo es menos escrupulosa que la de un banco: “Los controles en una sociedad financiera popular son más relajados a los del Gobierno corporativo de un banco”.
Bonilla propone hacer cambios a la ley para evitar la facilidad para cometer fraudes como el de Ficrea. Entre otros reducir el tiempo que incluye el derecho de garantía, el tiempo que tiene la institución para responder a las observaciones de la Comisión. Actualmente es tan amplio que se presta a que la financiera maquille información, dijo el funcionario.
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