Por Tania L. Montalvo
Oaxaca, Mèxico.-El acceso a la seguridad social es el derecho social más rezagado en México dentro de los que cuentan para medir los niveles de pobreza, pues 61.2% de la población carece de éste y en la mayoría de las entidades federativas la mitad de sus habitantes no lo tienen garantizado.
Así lo advirtió el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en su informe 2014, tras concluir que el principal problema para tener acceso a la seguridad social es que el financiamiento depende de las contribuciones obrero-patronales, lo que deja fuera a los trabajadores de menores ingresos y más vulnerables.
“Para conseguir una reducción en los niveles de carencia por acceso a la seguridad social se sugiere el diseño de un sistema de protección social universal, que prevea la existencia de pisos mínimos constituidos por instrumentos no contributivos, que busquen garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales a lo largo del ciclo de vida”, cita el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014 que el Coneval publicó en diciembre.Según las cifras disponibles, entre 2008 y 2010 disminuyó el porcentaje de población sin acceso a la seguridad social. Sin embargo, esta tendencia se revirtió en los años siguientes y en 2012 se convirtió en la mayor carencia social del país.
De 2010 a 2011, en al menos 26 de las 32 entidades federativas más de la mitad de la población no tenía acceso a la seguridad social, confirma el Coneval, el organismo público descentralizado del gobierno federal encargado de generar información sobre la política social y la medición de la pobreza en México.
Al ser la relación obrero-patronal uno de los principales obstáculos para que la mayoría de la población tenga garantizado el acceso a la seguridad social, los ciudadanos con empleos informales son los que están más alejados de este derecho.
La cifras de Coneval muestran que 31.2 millones de personas en la economía informal no tienen seguridad social, seguido de 15.5 millones de la Población no económicamente activa y 2.3 millones de mexicanos con 65 años o más.
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