Pemex ignora fallas de contratistas

La plataforma tenía el equipo equivocado para el contrato, de acuerdo con un reporte de una auditoría del Congreso. Y el traslado en sí era una ficción: la plataforma no necesitaba ser movida porque ya estaba en el Golfo de México.

Los auditores alertaron a Pemex en febrero del 2013 y le urgieron sancionar a los empleados que manejaron el contrato, pero la compañía no hizo nada. Alrededor de un año después, una explosión en la plataforma provocó la muerte de dos trabajadores. Las causas de la explosión siguen bajo investigación por parte de la empresa.

Lo ocurrido con este contrato, de acuerdo a lo encontrado en una revisión de Reuters, es la típica forma en la que Pemex responde a los indicios de fraude en su amplio presupuesto de contratación: haciendo la vista gorda.

Reuters identificó más de 100 contratos firmados entre el 2003 y el 2012 por un valor de 11 mil 700 millones de dólares sobre los que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados hizo señalamientos después de detectar irregularidades.

Éstas van desde sobrecotizaciones de trabajos de mala calidad que no cumplieron especificaciones hasta el fraude descarado. Los contratos cuestionados abarcan alrededor del 8 por ciento de los 149 mil millones de dólares en contratos de Pemex registrados en la base de datos federal en ese periodo.

Pemex casi siempre desestima esas advertencias. Del 2008 al 2012, el año más reciente para los que hay datos disponibles, los auditores del Congreso emitieron 274 recomendaciones para que la empresa estatal tomara medidas sobre las irregularidades en los contratos, como presentar una denuncia, medidas disciplinarias o tratar de recuperar parte del dinero.

Pemex respondió a 268 de los casos, pero en sólo tres de ellos tomó medidas, como suspender a un grupo de empleados. Los órganos internos de control de Pemex desecharon 157 de los casos y hasta el mes pasado, 108 casos estaban sin resolver.

“En México no castigan a nadie”, dijo Arturo González de Aragón, un ex jefe de la ASF. “Como no castigamos a nadie, la impunidad se convierte en el incentivo perverso de la corrupción”, destacó.

Pemex recibe una segunda supervisión, pero también este sistema falla. La Secretaría de la Función Pública (SFP), organismo del Poder Ejecutivo que vigila el fraude en el Gobierno, supervisa a los órganos internos de control en Pemex.

Entre los contratistas que burlaron esta red de seguridad está Francisco “Pancho” Colorado, presunto colaborador de los Zetas, uno de los cárteles de la droga más sanguinarios de México.

Su compañía recibió decenas de millones de dólares de Pemex aún después de que la SFP buscó inhabilitarla por supuesto fraude. Posteriormente, Colorado fue condenado por una corte federal de Estados Unidos bajo cargos de lavado de dinero para los Zetas, un caso actualmente bajo apelación.

El no responder a las señales de que existe un fraude, dijo González de Aragón y otras fuentes familiarizadas con Pemex, es sintomático de la falta de supervisión en el gigante petrolero.

Los auditores de la ASF dicen no tener autoridad para imponer multas o abrir procesos penales. Ellos sólo pueden pasar sus recomendaciones a fiscales o a los órganos internos de control de Pemex.

Investigadores reacios

Los investigadores del órgano interno de control de Pemex, sin embargo, son reacios a perseguir casos contra funcionarios que se supone deben regular. Los investigadores internos son técnicamente independientes de Pemex, como empleados de una agencia federal separada.

Pero en la práctica los agentes federales -principalmente abogados y contadores- son parte de Pemex, que paga sus sueldos y alberga las oficinas en las que trabajan.

Pemex declinó comentar sobre casos específicos descritos en este artículo, pero su director de Procura y Abastecimiento, Arturo Henríquez, dijo que la empresa sabe que ha padecido fraudes y despilfarro “en el pasado”.

Los cambios que reducirán las posibilidades de abuso están en marcha, aseguró. Pemex está creando una unidad de contratación centralizada que hará que sea más difícil para los empleados de la empresa favorecer ciertos negocios, dijo.

“Lo que estamos haciendo es mitigar malas prácticas a través de un proceso homologado, centralizado, con sus debidos controles internos”, dijo el funcionario.

El fraude y el despilfarro en Pemex son críticos debido al papel que tiene la empresa en la economía mexicana. Los impuestos y derechos que paga Pemex financian alrededor del 30 por ciento del presupuesto federal.

El abuso en los contratos en el gigante petrolero tienen directa incidencia en el margen de maniobra que tiene el Gobierno para financiar desde servicios de salud hasta la construcción de caminos.

Los problemas de Pemex para fiscalizarse a sí mismo tienen además importancia internacional. La producción de petróleo de México está cayendo y en un esfuerzo por revertir esto el país está a punto de abrir sus reservas de petróleo a extranjeros.

Nuevas leyes obligarán a Pemex a competir por superficie para perforar y producir crudo y gas por primera vez desde la nacionalización de la industria petrolera en 1938. Pemex, sin embargo, seguirá siendo responsable de la asignación de miles de millones de dólares en contratos de servicios.

Citigroup dijo en febrero del año pasado que fue defraudado por más de 400 millones de dólares por un importante contratista de Pemex que utilizó facturas falsas de la petrolera para garantizar créditos del banco.

Durante años, auditores del Congreso emitieron múltiples advertencias sobre el contratista Oceanografía, pero Pemex siguió haciendo negocios con la firma.

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, ha dicho que planea reemplazar a la SFP con un organismo anticorrupción independiente pero a dos años de haber iniciado su Gobierno la iniciativa está estancada en el Congreso, donde legisladores están divididos sobre el plan.

La iniciativa anticorrupción forma parte de una serie de reformas que Peña Nieto anunció cuando tomó el poder en diciembre del 2012. La iniciativa más ambiciosa era la del sector energético y Pemex, pero el desplome de los precios del petróleo y una serie de crisis políticas internas han complicado la agenda.

Más recientemente, Peña Nieto, su esposa y el secretario de Finanzas, Luis Videgaray, quedaron bajo el escrutinio público después de que salió a la luz que habían comprado o usado casas de un contratista del Gobierno que formaba parte del consorcio ganador de un proyecto multimillonario para la construcción de un tren rápido de pasajeros.

Salvador Vega, un senador de oposición y ex jefe de la SFP, dijo que los investigadores federales dentro de Pemex han disciplinado a miles de empleados y algunos contratistas basados en sus propias investigaciones, independientes de la ASF.

Investigadores del órgano interno de control de Pemex, sin embargo, critican a los auditores del Congreso, diciendo que carecen de la preparación técnica para entender los contratos petroleros.

José Muñoz, presidente de la comisión de vigilancia de la ASF, dijo que las auditorías del Congreso son sólidas, escritas con la ayuda de técnicos expertos externos.

Los órganos internos de control en Pemex descartan o hacen a un lado las recomendaciones de la ASF del Congreso, señaló, porque los investigadores internos están muy cerca de los empleados de Pemex a los que deben examinar.

Un portavoz de la ASF dijo que la oficina apoya la idea del presidente de establecer un organismo regulador independiente en lugar de la SFP.