De acuerdo con el escrito que PRI y PVEM presentaron ante las comisiones dictaminadoras –y que incluye 82 cambios elaborados por el consejero jurídico de la Presidencia de la República– se propone eliminar la obligación de dar a conocer contratos, permisos, alianzas y sociedades que el Estado suscriba con empresas nacionales y extranjeras en materia de explotación de petróleo.
Los senadores Dolores Padierna y Alejandro Encinas, del grupo parlamentario del PRD, advirtieron que es imprescindible que esa información sea pública, ya que los mexicanos tienen derecho a saber lo que ocurrirá con los hidrocarburos, luego de la reforma que permite el regreso de petroleras extranjeras al país y el riesgo de que las ganancias se las lleven las trasnacionales.
Padierna recalcó que el sector energético debe ser un ente obligado a abrir y proporcionar la información sobre su operación y actividad, ya que nada justifica que las operaciones y decisiones que se tomen durante el proceso de apertura y privatización sean omitidas de la ley de transparencia.
La información que existe en materia de exploración, extracción, producción y refinación del petróleo deber ser pública; también la relativa a los contratos que se firmen en este sector. La ciudadanía tiene todo el derecho a saber los ingresos, costos, contribuciones, prestaciones, contraprestaciones que deriven del sector energético. Recalcó que el PRD llevará a la mesa de negociación una propuesta de redacción al artículo 83 de esa ley, que no deja lugar a dudas en el tema: ya que adicionalmente a la información señalada en el artículo 70, la ley federal y demás normatividad aplicable, se establecerán obligaciones de transparencia de datos relacionados con los contratos, las asignaciones, licencias, permisos, alianzas y sociedades para la explotación de los hidrocarburos. Se precisa que
las bases, reglas, ingresos, costos, contraprestaciones, contribuciones y pagos previstos en los contratos y de los procedimientos que se instauren al efecto, serán debidamente difundidas. Encinas comentó que la ley debió aprobarse el pasado día 7 pero los acuerdos se frenaron debido a las modificaciones propuestas al final por el gobierno de Enrique Peña Nieto.