Por: Nora Hinojo Oaxaca, México.-La Ley Ficrea, como se le conoce a esta iniciativa para reformar la Ley de Ahorro y Crédito Popular del 2009, tendrá un impacto negativo sobre las familias de las comunidades indígenas y campesinas. Desde las zonas rurales, las familias han sembrado la semilla de la vida. A partir de dinámicas propias de desarrollo y autogestión, las comunidades y las organizaciones que las acompañan han logrado que los servicios y productos financieros estén adaptados a las condiciones sociales y económicas de las diferentes regiones. Ser campo implica florecer en colectivo. Sin embargo, los senadores y diputados quieren arrancar estas formas de organización desde las raíces para “limpiar” los fraudes del sector privado. Esta ley tiene el objetivo de evitar fraudes como el del caso Ficrea —donde un grupo pequeño de inversionistas defraudó a cerca de 5 mil 319 ahorradores en el 2014—. Sin embargo, la iniciativa se ampara en el discurso de  “seguridad”, “protección” y “eficiencia” para afectar al sector del ahorro y el crédito popular: Desaparición de Sociedades Financieras Comunitarias (Sofincos) y sus organismos de integración financiera rural. Desaparición de organismos de supervisiñon auxiliar de sociedades financieras populares (sofipos) y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. El carácter político y privado de esta reforma oculta, al menos dentro de la opinión pública, el impacto en el campo y en más de 76 mil familias organizadas en 25 Sofincos. Al limitar las formas básicas de organización financiera para la obtención de créditos y ahorros, se están impidiendo el desarrollo rural y el acceso de las familias a servicios financieros justos. ¿Por qué el campo tiene que pagar los fraudes del sector privado?