Por: Anaiz Zamora Márquez/ Cimacnoticias Oaxaca.-Por primera vez en la historia del país, el Poder Judicial de la Federación (PJF) admitió una demanda de amparo en contra de un gobierno estatal y las autoridades de salud federales por su responsabilidad en un caso de muerte materna (MM). La semana pasada, el PJF admitió la demanda de amparo que presentaron el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y la Red de Abogados por la Defensa de la Reproducción Elegida (Radar 4°) contra el gobierno de Yucatán, la Secretaría de Salud (Ss) y los dos hospitales que atendieron de manera deficiente a María Ligia, indígena maya de 41 años que perdió la vida a consecuencia de esta mala atención en enero de 2014. Así, se entabló formalmente un juicio en contra de Rolando Zapata Bello, gobernador de Yucatán, y la secretaria de Salud federal, Mercedes Juan López, como funcionaria responsable de vigilar el cumplimento de las políticas públicas en materia de MM. También se demandó al Hospital Comunitario de Peto, dependiente de la Secretaría de Salud de Yucatán, y al Hospital General Agustín O’Horán, en Mérida, capital del estado, los dos nosocomios donde estuvo María Ligia y que resolvieron de manera inadecuada la situación médica que derivó en el deceso de la mujer indígena. Así lo informó a Cimacnoticias Alex Alí Méndez Díaz, coordinador de Litigio en GIRE, quien precisó que la demanda de amparo, además de ser la primera que se presenta a nivel nacional por la responsabilidad de un gobierno en la MM de una mujer, responde a la falta de interés de las autoridades locales por reparar el daño a María Ligia y su familia. Ligia perdió la vida el 27 de enero de 2014 cuando cursaba un embarazo gemelar de 21 semanas. Según GIRE, su fallecimiento fue producto de un “entramado de omisiones y deficiencias del sistema de salud, combinado con la discriminación que sufren las mujeres indígenas”. (Cimacnoticias 25 noviembre de 2015) En junio de 2014 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno de Yucatán sobre el caso, pero a un año de distancia, tanto la administración local como la Secretaría de Salud de la entidad, no han dado muestras de voluntad política para cumplirla. Méndez Díaz relató que luego de que la CNDH emitió su recomendación, se presentó ante un juez federal una primera demanda de amparo que intentaba modificar el contenido de la resolución, pues ésta no cumplía con el estándar de reparación en materia de Derechos Humanos. Sin embargo, esa demanda no fue admitida, y pese a que la recomendación no era la adecuada, las organizaciones civiles siguieron insistiendo en su cumplimiento, por lo que enviaron diversos oficios al gobierno local. No obstante, la Secretaría de Salud estatal apenas cumplió parcialmente con la recomendación de la CNDH, y lo más que se ha podido avanzar –de acuerdo con el abogado– es en cursos de capacitación. Fue así que se decidió presentar la demanda de amparo ante el PJF, pues éste tiene la facultad de emitir resoluciones que son de cumplimiento obligatorio. “Lo que esperamos del juez es que reconozca la responsabilidad del estado en la MM y que ordene que se repare el daño a la familia, así como que constate que este deceso es resultado de un problema estructural del sistema de salud, por lo que debería ordenar que se evalúe la política pública en materia de salud reproductiva, para ver cómo se ejerce el presupuesto en la materia”, abundó Méndez. Para GIRE lo indispensable es que el juez federal ordene al estado indemnizar a la familia, y brindar la atención psicológica para el viudo y los cuatro hijos que sobrevivieron. Dependiendo de la resolución que emita el PJF –eventualmente en unos seis meses– se determinará si el caso se presenta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo el abogado. Yucatán es uno de los estados del país con los números más alarmantes de MM, pues se estima que la Razón de Muerte Materna (RMM) es de 50.8 por cada 100 mil nacidos vivos, mientras que la RMM nacional es de 38.2 por cada 100 mil.