*Despachos y litigantes exigen pagos por falsos trámites *La CNDH no autoriza concesiones ni licencias de intermediación *DDHPO se solidariza con acciones de CNDH contra extorsionadores Oaxaca, México,.La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca hace un llamado a las y los ciudadanos  que requieren los servicios de organismo públicos defensores de derechos, sobre todo en casos penales, para que eviten ser sorprendidos por despachos de abogados, bufetes jurídicos y litigantes particulares que ofrecen gestionar diversos asuntos a nombre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sin tener vínculos con esa institución. La Defensoría ha tenido conocimiento de casos en que personas que requieren los servicios de la CNDH, son interceptadas por supuestos representantes de despachos de abogados y bufetes jurídicos o por litigantes particulares que les exigen dinero y otros bienes para tramitar asuntos relacionados con derechos humanos, sin tener validación legal para esta función.  La Defensoría tiene conocimiento de que los manejos de esta clase llevan a las personas así extorsionadas o estafadas a presentar quejas contra la CNDH, cuando han sido engañadas por individuos o grupos que se aprovechan de la necesidad de dichas personas. Por este motivo, la Defensoría recuerda a la población que tanto los servicios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como los de la propia Defensoría son gratuitos y sin intermediarios, por lo cual ningún colaborador de estas instituciones públicas autónomas está autorizado a solicitar a la población pagos de ninguna clase por sus servicios. La Defensoría también advierte a la población que las funciones tanto de la CNDH como de la misma Defensoría son de protección y reivindicación de derechos, por lo cual el tráfico de influencias y otras prácticas indebidas no tienen cabida en dichas instituciones. La Defensoría permanece vigilante de los casos en que personas han sido sorprendidas en su buena fe y han sufrido daño patrimonial por confiar en los ofrecimientos de individuos o grupos que se ostentan falsamente como representantes o gestores de la CNDH, y se solidariza con acciones emprendidas por la Comisión Nacional contra extorsionadores y defraudadores que fingen gestionar asuntos de derechos humanos. La Defensoría hace un atento exhorto a la población para que denuncie en forma inmediata cualquier exigencia de dinero, de bienes o de depósitos bancarios hecha por supuestos gestores jurídicos a cambio de proporcionar servicios institucionales públicos que son gratuitos. Las denuncias por estos intentos de extorsión o de fraude pueden ser presentadas a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en sus oficinas centrales de la ciudad de Oaxaca de Juárez, o en sus oficinas regionales en Puerto Escondido, Huatulco, Huajuapan, Juxtlahuaca, Tehuantepec, Juchitán, Ciudad Ixtepec, Tuxtepec, Cuicatlán, Huautla, Miahuatlán, Tlaxiaco y Putla. Esta clase de denuncias también pueden ser referidas a la propia CNDH, cuya Dirección General de Asuntos Jurídicos ya ha presentado denuncias por estos casos de extorsión y fraude ante la Procuraduría General de la República.   La CNDH ha hecho pública la existencia de dichos despachos que utilizan logotipos de la CNDH y de algunas Comisiones, Defensorías o Procuradurías de Derechos Humanos, que ofrecen la gestión de trámites ante ese organismo nacional, siendo que la Comisión en ningún momento otorga concesiones ni licencias de intermediación a ningún particular o despacho. La Defensoría recuerda a la población que sus quejas a este respecto pueden presentarse a la CNDH o a la propia Defensoría  por vía telefónica, por carta, correo electrónico y personalmente. Los teléfonos de la Defensoría son el (951) 513 51 85, 513 51 91 y 513 51 97. También pone a disposición el correo electrónico correo@derechoshumanosoaxaca.org. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca reitera que tanto sus servicios como los de la Comisión de los Derechos Humanos son públicos y gratuitos, por lo cual desautoriza cualquier intento de particulares por exigir pagos o depósitos a cambio de actuaciones institucionales.