Por: Anaiz Zamora Márquez Cimacnoticias | México, DF.-Ante un mandato judicial que le ordenaba realizar medidas de no repetición de los hechos ante la violencia obstétrica y violaciones a Derechos Humanos (DH) contra una indígena mixteca en 2001, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) respondió con la realización de una película cuyo contenido es una “ofensa para los pueblos indígenas”, denunciaron activistas. Durante el coloquio “Debates contemporáneos en derechos reproductivos”, que se realizó esta semana en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Daniela Díaz Echeverría, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, presentó como caso paradigmático de violaciones a DH y violencia obstétrica la historia de Irene Cruz Zúñiga, quien –pese a la existencia de un acuerdo judicial– sigue sin acceder a la justicia a 12 años de que fue agredida por dependencias oaxaqueñas y federales. Irene Cruz, indígena de origen mixteco, víctima de violencia obstétrica y morbilidad materna durante el nacimiento de su primer hijo en 2001, enfrentó diversos obstáculos para acceder a servicios de salud, sufrió violaciones a sus derechos sexuales y reproductivos y a la salud, por parte de varias instancias, y tras la negligencia médica (mala aplicación de la anestesia) que la dejó inmóvil, fue víctima de omisiones por parte de las autoridades judiciales. (Cimacnoticias, 1 de agosto de 2014). En respuesta al acuerdo judicial emitido por un juzgado federal para la no repetición de los hechos, el IMSS –donde fue finalmente atendida Irene– realizó la película “No hace falta morir”, de más de dos horas de duración. “Nos mandaron la película, alegando que ésa era la medida de no repetición de los hechos, porque el largometraje fue transmitido en Oaxaca y sería enviado a las diferentes dependencias del IMSS; (pero) cuando la vimos nos dimos cuenta de que es prácticamente una burla”, criticó Daniela Díaz. Lo anterior –abundó la activista– porque la película recrea la vida de una familia oaxaqueña de origen indígena y retrata como culpable de la muerte materna de una mujer al esposo (a quien le pusieron el nombre de “Cretino”), un personaje machista, violento y alcohólico. En contraste, el personal del IMSS es presentado como “completamente empático y con una visión de interculturalidad”, lo que para Fundar “rompe cualquier parámetro de respeto a cualquier pueblo indígena”, advirtió la investigadora. INCUMPLIMIENTO DEL ESTADO Con el caso de Irene, la responsable del Proyecto de Salud Reproductiva y Presupuesto Público de Fundar expuso que en materia de violencia obstétrica hay una falta de entendimiento del Estado mexicano de lo que es el acceso a la justicia, la reparación del daño, y las garantías de no repetición de los hechos. Díaz Echeverría denunció que pese a que existe un acuerdo judicial que mandata acciones específicas a favor de Irene y sus familiares (señalados como víctimas indirectas del caso), las dependencias involucradas continúan negándose a aceptar su responsabilidad en los hechos. Al mismo tiempo, las dependencias que han accedido a cumplir el acuerdo lo han hecho de formas que incluso resultan en nuevas agresiones o actos de discriminación contra la familia de Irene y las mujeres que son víctimas de violencia obstétrica, aclaró la integrante de Fundar. A decir de la especialista esto sucede porque en materia de derechos sexuales y reproductivos no se entiende lo que es la procuración de justicia, no sólo de las instancias que tienen como función principal garantizar tales derechos a las mujeres, sino por parte de todas las instituciones involucradas en la violación a DH que representa la violencia obstétrica. Roberto Castro Pérez, integrante del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, expuso que la violencia obstétrica y la dilación de justicia de las que fue víctima Irene son parte de una misma circunstancia, ya que el Estado mexicano tiende a cercenar y negar las formas más elementales de ciudadanía a las personas pobres, especialmente mujeres y niñas indígenas. Ante la falta de respuesta de las instituciones del Estado mexicano para reparar el daño a Irene y su familia –pese a la existencia del acuerdo judicial que así lo mandata–, y debido a que las autoridades federales y estatales no garantizaron las condiciones para que el hecho no ocurriera, Fundar presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en noviembre pasado. La historia de Irene se puede conocer en un video a través de esta liga: http://youtu.be/Lx_Vt0e9JqI.