Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa Cimacnoticias Oaxaca,  México.-La Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió recomendaciones al Estado mexicano para que elimine los llamados “contratos de protección”, ya que impiden el ejercicio de los Derechos Humanos (DH) laborales de la población trabajadora, pero con doble afectación para las mujeres. Así lo señaló a Cimacnoticias Suzanna Miller, encargada de proyectos y derechos sindicales en Industriall Global Union (en Ginebra, Suiza), al cierre del conversatorio “Reflexiones sobre las Recomendaciones de la OIT al Estado mexicano”, el pasado 8 de julio en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). A decir de Miller, esta forma de sindicalismo –a la que también se le conoce como “charrismo”– limita el ejercicio de la libre asociación y el derecho a huelga, garantías reconocidas en el Convenio 87 de la OIT, que México firmó desde 1948 y ratificó 50 años después. Además, los contratos de protección –que México ha venido permitiendo a pesar de distintos llamados de la OIT– no toman en cuenta las necesidades de la población trabajadora y sus demandas reales, dijo la activista. Y en el caso de las mujeres la afectación de no contar con un sindicato es al doble –recalcó Miller–, ya que además ellas experimentan falta de igualdad en remuneración y menos oportunidades laborales. Como ejemplo, dijo que el sector de la maquila y el de autopartes –conformado principalmente por mujeres– enfrenta muchas demandas laborales por la adquisición de los contratos colectivos. Por ejemplo, la empresa Johnson Controls, en el estado de Puebla, suma pugnas de más de cinco años porque su plantilla –80 por ciento personal femenino– no tuvo ninguna compensación por parte de la empresa al denunciar la negación de prestaciones por maternidad, la exigencia de pruebas de embarazo, la ocurrencia de abortos por permanecer mucho tiempo paradas, y otras violaciones a sus DH. DEMANDA DE LARGO ALIENTO En el conversatorio, Miller detalló que las recomendaciones que emitió la OIT para México tuvieron lugar durante la 104 Conferencia Internacional del Trabajo, que se llevó a cabo los primeros días de este mes de julio. El Comité de Expertos de la OIT que revisa el cumplimiento de los convenios y las recomendaciones para los países ordenó al Estado mexicano que “cumpla sin demora con la obligación legal de publicar los registros y estatutos sindicales por las juntas locales de los 31 estados del país”, ya que las y los expertos laborales no lograron conseguirlos por vía transparencia. También pidió que verifique en consulta con los organismos sociales nuevas reformas legislativas que sean adicionales a la reforma de 2012 a la Ley Federal del Trabajo, para dar cumplimiento al Convenio 87. Además, se exigió al gobierno mexicano que comunique a la OIT una memoria sobre los avances para eliminar los “contratos de protección” y el cumplimiento de estas recomendaciones para septiembre próximo, así como que acepte asesoría técnica internacional para realizar estas tareas. A decir de Miller, las y los trabajadores denunciaron desde 2009 ante la OIT la existencia de contratos “charros”, lo que quedó registrado en el expediente 2694 del organismo internacional, que contiene documentación que comprueba que el “charrismo” es una práctica generalizada en México, toda vez que sólo una cada 100 personas trabajadoras cuenta con un sindicato real. Miller detalló que en México simplemente es imposible celebrar contratos democráticos, ya que las empresas hacen de todo para impedir que las y los trabajadoras ejerzan su derecho a la libertad colectiva. No obstante, el Estado mexicano se ha empeñado en decir frente a la OIT que esta práctica es inexistente porque la normatividad en materia laboral no la permite, por lo que este año su “simulación” no sólo le costó las recomendaciones del organismo, sino también una fuerte crítica de Estados Unidos y Colombia, que incluso cuestionaron  la actuación de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, la demora de los juicios y la extensión de los sindicatos “charros”. “Los ‘contratos de protección’ se consiguen en internet”, dijo Miller, quien instó a los diversos grupos de trabajadoras y trabajadores a denunciar 10 empresas por cada sector laboral en el que haya un contrato “charro”, y pidió a la CDHDF que contribuya a sistematizar estos datos para entregarlos a la OIT en septiembre.