Oaxaca.-Las mujeres que promueven la interrupción del embarazo no deseado, la educación sexual, el acceso a métodos anticonceptivos y otros derechos sexuales y reproductivos en México, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú y Uruguay son víctimas de amenazas y campañas de difamación cada vez más despiadadas, aseguró Amnistía Internacional (AI). En el informe “¡Defensoras bajo ataque! Promoviendo los derechos sexuales y reproductivos en las Américas”, presentado hoy en  conferencia de prensa,  la organización llamó a los Estados a tomar todas las medidas necesarias para que las defensoras puedan realizar libremente su trabajo, entre ellas reconocer que los derechos sexuales y reproductivos son Derechos Humanos (DH). Ariadna Tovar, investigadora de AI, aseguró que todos los Estados están fallando en proteger a las defensoras que promueven el uso de anticonceptivos, tratamientos para personas con VIH/Sida o un parto humanitario, derechos que en muchos países siguen siendo tabú, lo que las hace víctimas de discriminación. Como resultado, expuso la investigadora, las defensoras de  estos derechos, que parecieran ser de segunda, se enfrentan al estigma y a agresiones simbólicas como llamarlas “traidoras”, “nazis”, “mareras” o “terroristas”. EN MÉXICO En el caso de México, Sandra Peniche, integrante de Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva en Yucatán, México, explicó que las defensoras jóvenes son víctimas de una serie de ataques que vulneran su honor y que estos ataques se intensifican si las mujeres ya tienen un camino recorrido. La activista mexicana recibió amenazas de muerte en 2009, en el contexto de la discusión sobre una reforma legal que buscaba restringir las interrupciones del embarazo. Y desde el año pasado fue víctima de ataques que, presume, fueron realizados por el Gobierno de Yucatán y por grupos a los que califica como  “terroristas de la vida”. Al respecto, Orfe Castillo, integrante de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos,  mencionó que, de acuerdo con un diagnóstico que realizaron en el periodo 2012-2014, en México las activistas que defienden una vida libre de violencia son las que más agresiones reciben. Alertó también que muchas defensoras no denuncian porque no pasa nada, no se hace justicia, y el Estado debe saber que dejar a un perpetrador libre es tolerar esa violencia. URUGUAY, PERÚ, EL SALVADOR… En Uruguay, donde cuentan con la  legislación más avanzada en salud sexual y reproductiva, las activistas de la organización Mujer y Salud fueron nombradas “asesinas” y comparadas con narcotraficantes, afirmó Ariadna Tovar. Otro ejemplo, dijo la investigadora de AI, es una denuncia penal contra la directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) en Perú, a quien se acusó  por el delito de apología del aborto por supuestamente escribir un libro sobre el misoprostol, un medicamento que en los servicios de salud se usa para la interrupción del embarazo. Por su parte Sara García, integrante de la Agrupación Ciudadana  por la Despenalización del Aborto en El Salvador, explicó que de 2014 a inicios de 2015 su organización fue estigmatizada debido a la asesoría legal que brindó a 17 mujeres que sufrieron emergencias obstétricas y fueron condenadas por homicidio. Por hablar de la despenalización del aborto, a las activistas de esta organización se les calificó de terroristas, de traficar órganos humanos y de delincuentes. “En principio, ante esos ataques, nosotras dijimos ‛no vamos a responder’, recordó, pero a medida que se intensificaban, a partir de estas acciones de desprestigio, se hicieron acciones para identificar que no estamos solas”. La defensora salvadoreña mencionó que sus actividades fueron descalificadas en medios de comunicación, por lo cual la agrupación interpuso un recurso legal para exigir su derecho de réplica, pero no fue aceptado. Pese a ello, han invertido tiempo y recursos para dar seguimiento a las agresiones en su contra. AI exhortó a los gobiernos a tomar acciones como revisar y abrogar leyes que infringen derechos sexuales y reproductivos. Y,  en vez de criminaliza a las defensoras por hacer su trabajo, reconocerlas por defender estas causas que deberían ser políticas públicas.