Cimacnoticias | México, DF.- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a los Estados del hemisferio a no usar el derecho penal para silenciar las voces críticas, ni para sancionar las opiniones y la difusión de información sobre asuntos de interés público, o que involucran a funcionarios. A propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemoró este domingo 3 de mayo, la Relatoría Especial señaló que el ejercicio de la libertad de expresión en el continente americano enfrenta diversos desafíos, como la violencia contra periodistas, y en muchos países una amenaza más es el uso del derecho penal. De acuerdo con la instancia de la CIDH, hay serias denuncias sobre la apertura de procesos penales contra comunicadores, periodistas, dirigentes políticos y sociales por la expresión de opiniones críticas y la protesta frente alguna clase de poder político, económico o militar, en Venezuela, Cuba, Ecuador, Honduras, Brasil y Guatemala. En Honduras, el organismo destacó el caso de la defensora de los derechos de las mujeres y coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, Gladys Lanza, quien el pasado 26 de marzo fue condenada a un año y medio de prisión por hacer declaraciones públicas sobre un caso de presunto acoso sexual en el espacio laboral. Otra modalidad de utilización del derecho penal para silenciar voces, dijo la Relatoría Especial, consiste en la apertura de juicios penales a los representantes de radios comunitarias por emitir sin autorización. Este tipo de acciones que penalizan el ejercicio de la libertad de expresión a través del espectro radioeléctrico se registró recientemente en Guatemala, Honduras, Brasil y Chile. La Relatoría Especial también dijo valorar los esfuerzos realizados por algunos Estados para modificar las leyes que penalizan la difamación, injuria o calumnia, en casos que se refieran a temas de interés público o sobre funcionarios; no obstante, en la mayoría de los Estados de la región persisten normas penales que continúan sin adecuarse a los estándares interamericanos. Ante esta situación, la Relatoría Especial instó a los Estados a derogar las leyes que contemplan el “desacato” y la “difamación criminal” en casos que involucran el interés público; a modificar las leyes penales ambiguas o imprecisas que limitan la libertad de expresión, e incorporar los estándares interamericanos a la legislación civil.