Lilia TORRENTERA G. Oaxaca, México.- Con la esperanza, de que el Poder Judicial estatal, se conduzca con celeridad y sin compromiso político, integrantes de la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO), demandó este martes, la inmediata consignación de los responsables de la ejecución extrajudicial de Arcadio Hernández Santiago, quien fue identificado como activista de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). En rueda de prensa presidida por el padre Alejandro Solalinde Guerra y el periodista Diego Osorno, se informó que en un trabajo de investigación y en coordinación con la Fiscalía en Delitos de Trascendencia Social, se recabaron las pruebas suficientes con las que se avala las flagrantes violaciones de los derechos humanos de Arcadio Hernández cuando fue asesinado el 2 de octubre del 2006 en la comunidad de San Antonino Castillo Velasco, Ocotlán, hecho suscedido en el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz. Explicaron que como resultado de esta investigación,  se ha solicitado ante el Juez Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ocotlán de Morelos, la consignación de al menos siete ex autoridades municipales que se presume, participaron en este caso. Solalinde Guerra, explicó que de acuerdo a las conclusiones de la investigación, el homicidio de Arcadio Hernández se registró en el paraje conocido como La Rotonda de las Azucenas, cuando el también policía comunitario, realizaba rondines de vigilancia, fue agredido al igual que las personas que lo acompañaban por quienes se identificaron como policías municipales de esa población. Se indicó que en la integración de Averiguación Previa 21/FIDTS/201, analizaron un total de 84 pruebas, que muestran resultados dictámenes de balística, planimetría, y la autopsia forense, en la que se precisa que la muerte de Arcadio Hernández, se debió a una hemorragia masiva intratoráxica por lesión a órganos vitales y vasculares producidos por una bala de 9 milímetros. La Comisión de la Verdad de solicito al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Alfredo Lagunas Rivera, que la consignación de los presuntos responsables se estudie y se ejercite en el menor tiempo posible para que el asesinato de Hernández Santiago no quede en la impunidad. También solicitaron la intervención de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) para emitir las medidas cautelares que protejan a familiares, testigos y todos los involucrados en el caso. Vamos por más casos Solalinde Guerra expresó emocionado que esta primera denuncia penal “es un gran regalo para el pueblo de Oaxaca con dedicatoria a las víctimas”.   Aunque reconoció que el proceso para lograr la justicia para los afectados en el conflicto social 2006, ha tardado.   “Con este caso, lo importante abrir la puerta y romper la impunidad” Señaló que aun cuando fue el gobernador Gabino Cué Monteagudo, financia el trabajo administrativo de la Comisión de la Verdad, Solalide Guerrz, rechazó cualquier tipo de presión para avanzar en los casos que se investigan.   Y dijo “Esta no es una Comisión vendida, ni atemorizado que nos puedan comprar así que vamos fuertes y vamos por más”.   Por su parte, Samuel Castellanos, Fiscal de Investigaciones de Delitos de Trascendencia Social, dio a conocer que este caso de homicidio, en derecho mexicano prescribe hasta los 20 años de haberse cometido, no así en el derecho internacional por estar considerado como crímenes de lesa humanidad   Por ello demandó al Poder Judicial que en aras de cumplir con su mandato constitucional a favor de la sociedad, actualice sus criterios con estándares de justicia transicional y de derecho humanos para evitar que el caso de Hernández Santiago, se juzgue como un homicidio ordinario.