*Cerco policial inhibe acceso de ciudadanía a la institución defensora *Diez defensores de DH, cautelados por acoso y sobrevigilancia policial “Estados de fuerza no son convenientes para la gobernabilidad” El Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió este 29 de julio un mensaje a las autoridades de los tres niveles para exhortarlas a que expliquen a la ciudadanía “la razón por la cual consideran que hay un riesgo tan grave en Oaxaca que exija la presencia de más de diez mil elementos de la Gendarmería y la Policía Federal armados con vehículos blindados y helicópteros”. En su sesión pública celebrada este 28 de junio, el Consejo Ciudadano de la Defensoría acordó emitir un posicionamiento sobre la presencia de más de diez mil elementos de la Policía Federal y la Gendarmería en Oaxaca desde el 21 de julio último. En el documento elaborado, el Consejo Ciudadano de la Defensoría pide a las autoridades que informen el periodo durante el cual estas fuerzas federales permanecerán en la zona, al mismo tiempo que exhorta a todos los elementos de estas fuerzas de vigilancia a respetar los protocolos de derechos humanos en sus actuaciones, y abstenerse de emplear armas de fuego o de otro tipo en sus operativos. El Consejo Ciudadano de la Defensoría señala a las autoridades que los estados de fuerza no son estados convenientes para la gobernabilidad ni la buena gobernanza en esta sociedad, máxime cuando la comunidad oaxaqueña no olvida la respuesta represiva y autoritaria que el régimen federal, estatal y el municipal aplicaron a los movimientos sociales de 2006 y 2007 en Oaxaca. El organismo consultivo de la Defensoría denunció que debido al cerco que la Gendarmería y la Policía Estatal han establecido en la Calle de los Derechos Humanos, la Defensoría ha constatado que la presencia de estas fuerzas públicas inhibe el acercamiento de personas que acuden a la Defensoría para denunciar abusos de autoridades. El Consejo Ciudadano manifestó que este cerco policial inclusive obstaculiza el acceso a la Defensoría a ciudadanas y ciudadanos que tienen algún agravio por la conducta de los propios elementos de la Gendarmería y la Policía Federal. El organismo consultivo señaló que la intimidación ocasionada por la excesiva presencia policial en torno a la sede de la Defensoría viola el derecho a la seguridad jurídica de las personas que requieren los servicios de esta institución. Asimismo, el Consejo Ciudadano reveló que la Defensoría ha tenido que cautelar a diez defensores de derechos humanos de la sociedad civil, quienes han manifestado sentirse sobre-vigilados, asediados y en riesgo a raíz de la presencia de estos uniformados en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Por estas consideraciones, la Defensoría demandó en su posicionamiento que el gobierno del estado informe y explique cuál es el tipo de seguridad pública que pretende establecer, cuáles son las razones para tener esta presencia  policíaca. El organismo ciudadano también solicita que el gobierno del estado informe y explique cuáles han sido los esfuerzos políticos para resolver la crisis en materia de educación y seguridad en la ciudad y en el estado. Finalmente, el Consejo Ciudadano de la Defensoría hace un llamado a todos los actores para que impere el estado de la política, no de la fuerza, pues esta última no es la solución, además de que la presencia  policíaca por aire y por tierra está generando una psicosis que puede tener nocivas consecuencias psicológicas y de otro tipo entre la población, especialmente entre la infancia. * * * TEXTO ÍNTEGRO DEL POSICIONAMIENTO   POSICIONAMIENTO DEL CONSEJO CIUDADANO DE LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA SOBRE LA CRISIS EN EDUCACIÓN Y SEGURIDAD QUE SE ESTÁ VIVIENDO EN EL ESTADO.   Oaxaca de Juárez, 29 de julio de 2015   Desde la madrugada del 21 de julio del presente año, con motivo de la toma del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se instaló en la capital oaxaqueña una fuerza policial compuesta por un número indeterminado de elementos de las fuerzas federales (Policía Federal y Gendarmería), cuyo número rebasa, al parecer, los diez mil efectivos, equipados con vehículos de tierra como camionetas, camiones tipo Kodiak y tanquetas, además de nueve helicópteros que durante varios días realizaron vuelos rasantes en la ciudad.   A partir de la fecha señalada, una porción considerable de esa fuerza policial se instaló en la Calle de los Derechos Humanos, donde se ubica la sede de este organismo autónomo. Con este acto, no sólo se vieron obstruidos ambos lados de la vía por más de 50 autobuses más decenas de vehículos de la Gendarmería y la Policía Estatal, sino también las vías cercanas de Privada de Alianza y Privada Licenciado Eduardo Vasconcelos. Los elementos de las fuerzas policiales cerraron ambas privadas, con lo cual impidieron el paso desde ese día a los vehículos que transitan en esta vialidad, muchos de los cuales son de transporte público foráneo.   Además, el gobierno del estado ha habilitado como cuartel el gimnasio estatal “Ricardo Flores Magón” a fin de alojar en él a las fuerzas policiales federales, restringiendo con esta medida el uso público de un espacio destinado al deporte y a actividades recreativas para la población de Oaxaca.   Lo anterior constituye una violación al derecho al libre tránsito que no ha sido justificada por las autoridades, ya que ni la Defensoría ni el gimnasio “Flores Magón” figuran dentro de las instalaciones estratégicas (como el aeropuerto, la central de autobuses de primera clase y radiodifusoras) que los cuerpos policíacos anunciaron que resguardarían.   Debido al cerco que la Gendarmería y la Policía Estatal han establecido en la Calle de los Derechos Humanos, este organismo ha constatado que la presencia de estas fuerzas públicas inhibe el acercamiento de personas que acuden a la Defensoría para denunciar abusos de autoridades, e inclusive el de ciudadanas y ciudadanos que tienen algún agravio por la conducta de los propios elementos de la Gendarmería y la Policía Federal. Esta situación ocasionada por la excesiva presencia policial en torno a la sede de la Defensoría viola el derecho a la seguridad jurídica de las personas que requieren los servicios de esta institución.   El Consejo Ciudadano de la Defensoría señala a las autoridades que los estados de fuerza no son estados convenientes para la gobernabilidad ni la buena gobernanza en esta sociedad, máxime cuando la comunidad oaxaqueña no olvida la respuesta represiva y autoritaria que el régimen estatal y el municipal aplicaron a los movimientos sociales de 2006 y 2007 en Oaxaca.   Este Consejo Ciudadano señala asimismo que desde la llamada Guerra contra el Narco la imagen de las fuerzas del orden y del ejército se ha ido deteriorando debido a su excesiva presencia en zonas que debieran ser espacios de convivencia ciudadana pacífica y armónica. Por ello, el Consejo señala su preocupación de que haya en el estado de Oaxaca una presencia de fuerzas armadas mayor a la que se observa en entidades que padecen situaciones de violencia mucho más delicadas, como Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, por sólo citar tres ejemplos.   Esta Defensoría señala también que ha tenido que cautelar a diez defensores de derechos humanos de la sociedad civil, quienes han manifestado sentirse sobre-vigilados, asediados y en riesgo a raíz de la presencia de estos uniformados en la ciudad de Oaxaca de Juárez.   Por lo anterior, el Consejo Ciudadano de la Defensoría del Pueblo de Oaxaca se dirige a las autoridades de los tres niveles y las exhorta para que rindan a la ciudadanía una explicación sobre la razón por la cual consideran que hay un riesgo tan grave en Oaxaca que exija la presencia de más de diez mil elementos de la Gendarmería y la Policía Federal armados con vehículos blindados y helicópteros.   A las mismas  autoridades, el Consejo Ciudadano de la Defensoría les pide que informen el periodo durante el cual estas fuerzas federales permanecerán en la zona y cuáles han sido los esfuerzos políticos para resolver la crisis en materia de educación y seguridad en el estado.   De igual manera, exhorta a todos los elementos de estas fuerzas de vigilancia a respetar los protocolos de derechos humanos en sus actuaciones, y abstenerse de emplear armas de fuego o de otro tipo en las acciones que emprendan en esta entidad.   El Consejo Ciudadano de la Defensoría enfatiza a las autoridades que, desde la perspectiva de los derechos humanos y la legalidad, no se ha registrado a nivel nacional ningún operativo eficaz cuyo recurso haya dependido de mantener en las calles durante tanto tiempo a un número excesivo de elementos uniformados.   Por el contrario, la presencia policíaca por aire y por tierra, genera en muchas ocasiones, una psicosis que puede tener nocivas consecuencias psicológicas y de otro tipo entre la población, especialmente entre la infancia.   Finalmente, el Consejo Ciudadano de la Defensoría hace un llamado a todos los actores para que impere el estado de la política, no de la fuerza, pues esta última no es la solución.   EL CONSEJO CIUDADANO ARTURO DE JESÚS PEIMBERT CALVO SARA DEL PILAR MÉNDEZ MORALES MARTA JULIA AVENDAÑO HÉCTOR LORENZO ESTRADA PEDRO MATÍAS ARRAZOLA BERNARDO RODRÍGUEZ ALAMILLA