• Albergue “Hermanos en el Camino” denunció abandono de AEI
• Denuncian intento de extorsión a siete personas en tránsito

Oaxaca, México.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) un informe ante probables violaciones a derechos humanos de migrantes. La Defensoría inició de oficio el expediente número DDHPO/257/(10)/OAX/2015, con motivo de un comunicado emitido por la Asociación Civil “Albergue Hermanos en el Camino” en cuanto a que el 22 de febrero último Agentes Estatales de Investigación (AEI) pertenecientes a la PGJE presuntamente detuvieron y extorsionaron a un grupo de migrantes en un autobús que los conducía de la comunidad de Unión Hidalgo a la ciudad de Juchitán. Según el comunicado, el despojo fue denunciado en el albergue “Hermanos en el Camino”, por dos migrantes que pasaron inadvertidos entre los pasajeros mexicanos, a quienes los agentes estatales no molestaron. Los denunciantes indicaron que la mañana del 22 de febrero el autobús en que viajaban fue detenido por cuatro personas que portaban armas de fuego y chalecos antibalas, a bordo de un automóvil Dodge color negro, sin placas. Los armados se identificaron como agentes estatales al subir al autobús y exigieron documentos de identificación a los pasajeros, acción que corresponde única y exclusivamente al Instituto Nacional de Migración, según la Ley de Migración. Al detectar estos agentes a siete personas que no pudieron acreditar su estadía legal en suelo mexicano, los bajaron del autobús y forzaron al conductor a que continuara su viaje. Poco después, personal del Albergue “Hermanos en el Camino” acudió a la oficina de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Ixtepec para solicitar informes sobre los detenidos, y en esa institución recibieron informes de que las siete personas desalojadas del autobús fueron abandonadas por los elementos de la AEI a las afueras de la estación migratoria de La Ventosa porque no pudieron darles dinero. Ante estos hechos, la Defensoría pidió a la PGJE que dé instrucciones a los servidores públicos involucrados para que, en un plazo de quince días, rindan un informe detallado de los hechos, a efecto de que el organismo defensor pueda dar seguimiento al caso.