Al participar en la clausura del curso-taller de Capacitación en Materia de Derechos Humanos y Tácticas de Prevención de la Tortura con Perspectiva de Género, el ombudsman subrayó que el derecho a la salud no sólo es un asunto de atención, preservación y, en última instancia, reparación de daños o perjuicios, pues debe convertirse en un contenido de la educación.

 Peimbert Calvo presentó en la clausura de dicho curso, realizada en conocido hotel de la capital oaxaqueña, el libro del especialista Andrés Herrera Fragoso “El derecho a la salud: desde el derecho internacional de los derechos humanos para México”. La presentación fue organizada por la Coordinación estatal de Atención a los Derechos Humanos.

 El ombudsman manifestó su coincidencia con el planteamiento de Herrera Fragoso en cuanto a que el Estado mexicano  tiene que actualizar todos los programas formativos, cursos y hasta protocolos de atención para introducir el nuevo paradigma de los derechos humanos dentro de todo el sector salud, así como en las instituciones de educación superior que tengan aplicación directa o indirecta con temas de salud.

 En su comentario al libro, Peimbert Calvo coincidió con la recomendación de Herrera Fragoso en cuanto a que el Estado, en materia del derecho a la salud y la asistencia sanitaria, tiene que instaurar serias medidas de optimización de recursos, eficiencia en su gestión, calidad en su desarrollo, rigor en su planificación y equidad en su distribución.

 Además, dijo el comentarista, el Estado debiera tomar en cuenta las particularidades de las personas, grupos y situaciones de vulnerabilidad a fin de implementar políticas efectivas de prevención para todas las etapas de la vida.

 Agregó que, en Oaxaca, son de señalar los demasiados casos en que resulta evidente la falta de planeación “ya no digamos rigurosa, sino de pasable responsabilidad en materia de salud”. Recordó que los defectos en el ramo de salud quedan en evidencia debido a numerosos casos en que el derecho al acceso a la salud es negado o imposibilitado por la misma estructura institucional que debiera proveer servicios de salud de calidad.

“El libro que hoy comentamos explicita que el derecho a la salud impone al Estado las obligaciones de garantizar que tal derecho sea ejercido sin discriminación alguna, y de adoptar medidas para su plena realización. Tal obligación debiera ser asumida sin demora por las autoridades”, insistió.

 Peimbert Calvo citó los casos en que la Defensoría del Pueblo de Oaxaca ha detectado omisiones, incumplimientos y fallas en la prestación del servicio, pues si en 2013 los expedientes de queja iniciados en el organismo por violaciones al derecho a la salud fueron 35, esa cifra prácticamente se dobló en 2014, con un total de 69 expedientes de queja.

 “A cuatro meses de iniciado el año 2015 –continuó–, en la Defensoría ya hemos abierto 23 expedientes de queja nuevos contra autoridades de salud. Es decir, que en este año llevamos ya registrados un 33.3 por ciento de los casos que se presentaron hace un año. Hacemos votos por que este porcentaje decrezca”.

 El servidor público expuso que la institución a su cargo ha detectado que la mayoría de las violaciones al derecho a la salud, en Oaxaca, tienen que ver con negligencia médica; con la omisión a proporcionar atención médica, con la obstaculización o negativa al acceso a los servicios de salud,  y con la restricción o negativa a prestar atención médica.

 Precisó que la tasa de infracciones más alta en este rubro es atribuible, entre 2013 y el presente año, al Hospital Civil “Doctor Aurelio Valdivieso”. Añadió que no son ajenos a infracciones servidores públicos de otras instituciones de salud, como el Instituto Mexicano Seguro Social y diversas clínicas municipales.

 Peimbert Calvo enfatizó que las autoridades deben entender que el derecho a la salud forma parte de los derechos  económicos, sociales y culturales, por lo cual es de primordial importancia que en el derecho interno mexicano se reconozca al derecho a la salud como una prerrogativa que debe contar con progresividad, disponibilidad y calidad.

 Lamentó que, desde la Defensoría del Pueblo de Oaxaca, suele ser testigos de las diferentes carencias y violaciones en materia del derecho a la salud que padecen las y los habitantes de Oaxaca. “Es una situación dolorosa para una variedad de personas que tratan de acceder a servicios de salud de calidad, o con necesidad de tratamientos que, para ellas, marcan la diferencia entre continuar con su vida o perderla”, puntualizó.

 Recordó que el organismo defensor ha acompañado a oaxaqueñas y oaxaqueños que, en no pocas ocasiones, se enfrentan a carencias de medicamentos, de equipo, de instalaciones hospitalarias, o bien, a negligencias o arbitrariedades del personal médico que les impiden gozar del derecho a la salud.

“En nuestra calidad de defensores del pueblo, hemos intervenido en diferentes ocasiones para garantizar o restituir ese derecho a diferentes ciudadanas y ciudadanos de la entidad, particularmente a niñas, niños y mujeres”, precisó.