Angélica Jocelyn Soto Espinosa/CIMAC MéxicoLos acuerdos que en mayo pasado firmaron funcionarios federales con el movimiento jornalero del Valle de San Quintín, en el estado de Baja California (BC), no se tradujeron en mejoras laborales para las trabajadoras agrícolas de todo el país ni para las de la región; al contrario, trajeron despidos contra quienes se manifestaron y abusos para la población más vulnerable. [caption id="attachment_299758" align="alignleft" width="300"] CIMAC/Foto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa[/caption] Margarita Nemecio Nemesio, colaboradora del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, consideró lo anterior al participar en el seminario “Mujeres y migración. El caso de las mujeres migrantes en la Sierra de Guerrero”, que se realizó hoy en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La defensora –que ha participado en diversas investigaciones sobre jornaleras migrantes– señaló que se esperaba que el movimiento laboral que iniciaron las y los jornaleros en Ensenada, BC, en marzo pasado tuviera un efecto en el trabajo agrícola en todo el país. No obstante, tras un sondeo reciente la activista tuvo conocimiento de al menos 20 casos de mujeres jornaleras provenientes de los estados de Guerrero y Oaxaca, que fueron despedidas en represalia por participar en el movimiento, y quienes presentaron denuncias (algunas anónimas para evitar represalias) ante las instancias laborales del Valle de San Quintín. Nemecio Nemesio informó que la mayoría de las mujeres afectadas con el despido masivo buscaron otra fuente de ingresos y algunas regresaron a sus entidades de origen. Expresó que los acuerdos del gobierno federal sólo quedaron en el papel, porque el salario precario se mantuvo, además de que los empresarios empezaron a ofrecer trabajo –a través de las redes de contratación a nivel nacional y con técnicas de “enganchamiento fraudulentas”– a otra población del sur del país, que desconoce sus derechos o que es más vulnerable. CORRUPCIÓN LIMITA DERECHOS La también experta en temas agrarios y Derechos Humanos (DH) explicó que prácticamente sólo un programa federal, el de Atención a Jornaleros Agrícolas, concentra todo el apoyo gubernamental para este sector laboral. No obstante, el presupuesto de ese programa –que depende de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)– ha disminuido año con año porque los gobiernos no lo consideran prioritario, y aunque ha cambiado varias veces sus reglas de operación para incorporar talleres y capacitación en DH, la encuesta en la que está basado su diagnóstico es de 2009. A esto se suma que ninguna otra estrategia de atención a jornaleras y jornaleros cuenta con enfoque de género, no son nacionales ni integrales. Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) está enfocada en certificar la mano de obra agrícola, para que sea contratada por empresas que dicen cumplir los estándares en la protección de derechos. No obstante, la STyPS no verifica que estas certificaciones sean verdaderas o que no hayan sido adquiridas por medio de estrategias fraudulentas, observó Margarita Nemecio. Se agrega que la dependencia sigue dando subsidios a agricultores o empresas sin verificar que realmente otorguen garantías a su personal, ya que cuando hay inspecciones en los centros de trabajo se avisa a los empresarios para que simulen que cumplen con estándares mínimos o simplemente no se realiza la revisión. Por otra parte, la población jornalera –observó Nemecio– no tendría por qué certificar su fuerza de trabajo en condiciones de explotación laboral y de “esclavitud moderna” en la que se encuentran en los campos agrícolas, principalmente de Sonora, donde se utilizan contratos internos que desglosan más obligaciones para la y el trabajador que para la empresa. La experta llamó al gobierno a articularse más con las propuestas de los grupos civiles, específicamente en el tema de guarderías, a ser más transparente en la asignación de certificaciones y subsidios, y a sancionar no sólo administrativa o económicamente a las empresas que incurran en abusos. De acuerdo con Tlachinollan, las mujeres jornaleras de La Montaña de Guerrero son principalmente indígenas monolingües, con altas tasas de analfabetismo y bajos niveles de escolaridad, con desnutrición, bajos índices de desarrollo humano, y a que además afrontan distintas formas de explotación, discriminación y violencia.