Oaxaca.-Durante 2015, el despido por embarazo fue la principal causa de discriminación que padecieron las habitantes de la Ciudad de México, ya que ocupó 41.6 por ciento del total de mil 177 casos atendidos por el Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México (Copred). De acuerdo con lo que ha señalado el Copred, esta discriminación representa un delito penal sancionado con uno a tres años de prisión, con 25 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad y una multa de 50 hasta 200 días de salarios mínimos. Sin embargo, ninguna empresa que ha incurrido en este delito, como Coppel, Casa Ávila, Grupo Cometa, entre otras, ha sido castigada penalmente. El Consejo precisó que el espacio de trabajo es uno de los principales lugares donde se generaron conductas discriminatorias  en el año que cierra, y que las mujeres representaron 72.6 por ciento de quienes denuncian actos de discriminación ante el Consejo. A esto se suma que el género ocupa el quinto lugar en la tabla de motivos de discriminación de Copred; y que el derecho al trabajo y a la igualdad fueron las dos garantías más vulneradas para la población del DF. ACCIONES DE GOBIERNO INOPERANTES Desde agosto de este año esta instancia local ya había alertado al Gobierno del Distrito Federal (GDF) sobre esta problemática que durante dos años afectó a 163 mujeres. En ese entonces, Jacqueline L’ Hoist Tapia, directora de Copred, presentó el primer informe “Discriminación Laboral hacia la Mujer, Despido por Embarazo”, en presencia de Amalia García Medina, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), y de Margarita Darlene Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del DF. En el acto,  las funcionarias se limitaron a lamentar la ocurrencia de este delito y se congratularon por haber emprendido acciones para frenar esta forma de violencia contra la población femenina. Entre las acciones gubernamentales que enumeraron –y que supuestamente ya estaban en acción- estaban el seguro de desempleo para las víctimas y las dos juntas especiales de la JLCA a las que se dirigen los juicios laborales vinculados con “grupos vulnerables”. Ambas titulares aseguraron que con aquellas acciones la discriminación por razones de maternidad y todas aquellas vinculadas al género de las mujeres irían a la baja.