Dijo que al tiempo velará por la erradicación, prevención y sanción de tan aberrante conducta.

Oaxaca, México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó al Grupo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, su propósito de contribuir a esclarecer los casos en la materia. Dicha labor será realizada de acuerdo con sus atribuciones constitucionales y legales, al tiempo que velará por la erradicación, prevención y sanción de tan aberrante conducta, indicó por conducto de su primer visitador general, Ismael Eslava Pérez. Al participar en una reunión privada con el grupo referido, en Ginebra, Suiza, Eslava Pérez anunció que la comisión mexicana expresa su solidaridad y preocupación por quienes están desaparecidos, son víctimas y por la situación de angustia de sus familiares. En un comunicado reafirmó el compromiso de esa instancia de incidir para que las autoridades esclarezcan los casos de desaparición forzada que se han presentado, con el fin de conocer la verdad de lo acontecido, que se haga justicia y se castigue a los responsables. También destacó su interés en retomar la relación de trabajo con ese mecanismo temático de derechos humanos, para contribuir con la actualización de la información relacionada con las investigaciones sobre desaparición forzada de personas que le son reportadas. Eslava Pérez reveló que la impunidad que la sociedad advierte y los altos niveles de violencia e inseguridad que se viven en algunas partes del país, ocasionan que los derechos humanos sean vistos más como una situación discursiva o teórica que como un aspecto práctico y real. Esas situaciones también tienen como consecuencia que se cuestionen la validez y la vigencia de las instituciones, así como los innegables avances que en materia de derechos humanos se han presentado en las últimas décadas. El primer visitador general expuso algunas de las acciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de desaparición forzada. Entre ellas refirió la creación del Programa de Presuntos Desaparecidos; la emisión de la Recomendación 26/2001, donde en 275 casos se demostró la existencia de desaparición forzada; las 13 Recomendaciones sobre el tema, que involucran a 37 víctimas dirigidas a diversas autoridades. También destacó la investigación que hace en los hechos de desaparición forzada ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y otros sucesos que han derivado en diversas desapariciones. En su presentación Ismael Eslava señaló la importancia de que sea eliminada la práctica de los agentes del Ministerio Público, por la cual las investigaciones sobre desaparición de personas se inician después de 72 horas de ocurrido el suceso. Planteó además que a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se garantice un trabajo especializado en la materia en las agencias de Ministerio Público, así como que se dé trato digno a familiares de la víctima y se cuente con presupuesto suficiente, protocolos, técnicas y peritos expertos. El primer visitador general del organismo mexicano destacó la importancia de contar con un protocolo específico de observancia general en el país sobre búsqueda de personas desaparecidas. Llamo igualmente a que se adopten medidas legislativas, como la Ley General en la materia, administrativas, judiciales y de cualquier índole, para cumplir compromisos internacionales como establecer registros centrales de personas en custodia. El estricto control de las detenciones de personas que sean puestas a disposición del agente del Ministerio Público y que los agentes policiales que hagan detenciones den aviso administrativo inmediato al Centro Nacional de Información, son otras propuestas. El integrante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mencionó también la importancia de que el Sistema de Registro de Detenidos y el Registro Administrativo de Detenciones operen de manera efectiva. Añadió que la CNDH colabora en la revisión de un Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Desaparición Forzada, elaborado por la Procuraduría General de la República (PGR), que se pretende sea de aplicación nacional.