Cimacnoticias | México, DF.- El gobierno mexicano pone en riesgo la integridad de Nestora Salgado García al demorar su traslado a un penal de la Ciudad de México, en el cual pueda recibir atención médica. Tras 22 meses de encierro, prácticamente en aislamiento, en una cárcel de alta seguridad y con 15 días en huelga de hambre, la salud de Nestora se debilita. De la fragilidad de su salud saben las autoridades, aunque el  certificado médico oficial diga lo contrario. Declaraciones a los medios de Zaira, hija de Nestora, advierten que tal certificado es falso. La demora gubernamental violenta nuevamente los Derechos Humanos de Nestora y se ensaña en el castigo hacia la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero. La falta de atención médica contraviene el derecho a la salud de Nestora y a la solicitud hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en enero pasado, a través de la medida cautelar 455/13 para garantizar la vida y la integridad de la defensora. Por qué el gobierno mantiene presa a Nestora cuando el 31 de marzo de 2014 el magistrado del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, José Luis Arroyo Alcántara, desechó las acusaciones por secuestro y delincuencia organizada, y determinó que Salgado García actuó conforme a las facultades de la Policía Comunitaria reconocidas por la ley del estado de Guerrero. Cuando parecía que la justicia podría irse abriendo paso para Nestora, la dilación de las autoridades confirman el carácter político del encierro de la defensora. La injusta detención de Nestora y la precariedad de su salud llevaron a sus familiares y a las autoridades de Guerrero a buscar caminos que garanticen la integridad de la defensora tras reunirse con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, para reubicar a la ex comandanta en un penal del fuero común. Se esperaba que el traslado se hiciera ayer pero no fue así, en tanto que Nestora mantiene su ayuno aunque ya los estragos se reflejan en su cuerpo. De acuerdo con las declaraciones de la secretaria de Asuntos Indígenas y Afromexicanos de Guerrero, Martha Sánchez Nestor,  Nestora tiene claro que la huelga de hambre que realiza es por su libertad, porque ella es inocente de los delitos que se le imputan. El gobierno mexicano no debe seguir dando largas a la libertad de Nestora cuando una y otra vez se ha documentado la violación de Derechos Humanos desde su detención, la cual ocurrió cuatro días después de que la Policía Comunitaria de Olinalá denunciara el cerco militar del lugar. De acuerdo con la abogada Alejandra Gonza, representante de Nestora ante el sistema de justicia internacional, el proceso contra la defensora está plagado de violaciones a los Derechos Humanos. Se le detuvo de manera ilegal, sin orden de aprehensión, su detención estuvo a cargo de militares, su juicio no refleja independencia ni imparcialidad, existen elementos de tortura como choques eléctricos, se obstruyen las visitas familiares, sólo dos de sus tres hijas tienen posibilidad de verla, y su esposo y la tercera hija llevan un año en trámites para poder verla. A decir de Gonza, la ley está del lado de Nestora, pero la omisión  o inacción del Estado hace que la ley no se aplique. Lo que ocurra con la integridad de la defensora de Olinalá es en todo momento responsabilidad del gobierno; cada retraso es en contra de la vida de Nestora.