Martes 10 de noviembre, 2015. 08:55 pm
“En Veracruz puedes matar a una mujer y no pasa nada”
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Flavia MORALES/CIMAC
Xalapa.- Los instrumentos de protección a mujeres, como las leyes y los protocolos en el estado de Veracruz, han sido ineficaces para frenar la violencia y el feminicidio, que tan sólo este año suma más de 70 casos en diversas regiones, coincidieron grupos civiles que solicitaron la Alerta de Violencia de Género (AVG) para la entidad.
Las nulas acciones preventivas y de acceso a la justicia pronta han provocado la impunidad y enviado un mensaje oscuro: “en Veracruz le puedes hacer lo que sea a una mujer y no pasa nada”.
En entrevista, integrantes de las organizaciones Equifonía; Red por los Derechos Humanos; Buscando a Nuestras Hijas; Colectivo Feminista Xochitepetl, y Salud y Género, advirtieron que ni siquiera hay datos oficiales de los asesinatos, ni de las sentencias a victimarios, ni voluntad política ni pronunciamientos sobre la grave situación en el estado.
Pese a que ya se pidió la AVG ante la Secretaría de Gobernación (Segob), la expectativa es incierta, pues todavía pasarán seis meses para decretar si es viable o no, y mientras tanto, se continúa presentando una violencia generalizada.
“Las autoridades deben estar haciendo lo que por mandato de ley debieran estar haciendo: tomar medidas urgentes y concertadas, y no esperar a que las organizaciones civiles pidan una alerta”, consideró Montserrat Díaz, del Colectivo Feminista.
Para Estela Casados, del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana (UV), el gobierno estatal se ha “vestido bien” de un discurso de protección en favor de las mujeres, que en la realidad es inoperante y su incumplimiento revela falta de voluntad política e interés.
“No hay pronunciamiento, porque no hay interés, ni siquiera en la capital del estado ni en la Huasteca hay procedimientos eficientes para espacios públicos donde la seguridad de las veracruzanas esté salvaguardada”, recalcó.
Montserrat Díaz, del Colectivo Feminista, señaló que desde 2012 existe un decreto que ordena que todos los homicidios contra mujeres deberán indagarse como feminicidio, y en todo caso descartarse y reclasificar el delito, pero se sabe que algunos casos no se inician como tal, incumpliendo el protocolo.
Rosenda Maldonado, de Xochitepetl en el municipio de Huayacocotla (norte del estado), afirmó que en 2013 una mujer fue asesinada en Ilamatlán en un campo abierto frente a sus hijos, y el caso no ha sido tomado como feminicidio a pesar de la insistencia ante el juez.
Citó otro caso en el que tres agresores entraron a una casa para asesinar a la abuela y su nieto, dejando a una mujer malherida que sobrevivió y pudo identificarlos. Aunque los sujetos fueron aprehendidos, el juez liberó a dos de ellos, lo cual ocasionó el desplazamiento de la familia por temor a represalias.
Alejandra Jiménez, de la Red por los Derechos Humanos en las regiones de Totonacapan y la Huasteca (ambas también al norte del estado), alertó que en el último mes al menos cuatro mujeres han sido asesinadas de forma brutal en la zona, sin que a la fecha se conozca o se tenga un indicio de los culpables.
Reiteró que la impunidad prevalece en la mayor parte de los 28 casos que durante 2015 se han registrado en la región, de los cuales solo hay 10 investigaciones iniciadas, pero la mayoría estancadas.
“¿Cuántos casos de feminicidio más necesitamos para que las autoridades tomen cartas en el asunto y se pronuncien ante esta problemática que es urgente?”, cuestionó Jiménez.
Bárbara Ibarra, de Buscando a Nuestras Hijas, señaló que en Xalapa, capital del estado, hay un grave problema de feminicidio, y como ejemplo puso la reserva ecológica de Molinos de San Roque, donde al menos han sido asesinadas siete jóvenes, entre ellas su hija, Gabriela Benítez.
Apuntó que no existen protocolos de investigación del feminicidio, y un ejemplo es que a cuatro años del crimen la autoridad no ha podido explicar cómo pasaron los hechos, ni quiénes son los culpables.
Estela Casados afirmó que la violencia feminicida ha aumentado de forma “dramática”, incluso al doble que el año pasado, lo cual es fomentado por la inseguridad, pero también por la impunidad, pues son pocos los culpables tras las rejas.
Además reiteró que no hay cifras oficiales a pesar de que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia obliga a la Fiscalía a actualizar un banco de datos. “Si tuviéramos cifras, nos permitiría conocer y visualizar en dónde tenemos focos rojos para prevenir”, demandó.
Para Montserrat Díaz, del Colectivo Feminista, hay impunidad en todos los casos, ya que las cifras revelan que al menos 17 por ciento de los asesinatos se cometieron a golpes, lo cual indica una violencia previa que no fue atendida o que la autoridad fue omisa.
Se suma que la impunidad en los casos envía malas señales y se vea como natural el maltrato a una mujer, por lo que consideró necesario implementar medidas inmediatas para evitar que la violencia siga su incremento.
Adriana Fuentes, de Equifonía, afirmó que la AVG evidencia que las autoridades no cumplen con lo mandatado en la Constitución, ni en los tratados internacionales, ni en las leyes estatales.
Citó el ejemplo de madres a quienes por falta de gasolina, en los ministerios públicos las envían a dar los citatorios a los victimarios, lo cual las pone en riesgo, o la falta de tinta para imprimir denuncias, o las sentencias que dejan libres a los feminicidas.
“Este mecanismo evidencia cuáles han sido las fallas, y trata de mostrar que la ley tiene vacíos, que hay falta de infraestructura y de capacitación, que no hay refugios, que son insuficientes las órdenes de protección”, subrayó Fuentes.
En entrevista, integrantes de las organizaciones Equifonía; Red por los Derechos Humanos; Buscando a Nuestras Hijas; Colectivo Feminista Xochitepetl, y Salud y Género, advirtieron que ni siquiera hay datos oficiales de los asesinatos, ni de las sentencias a victimarios, ni voluntad política ni pronunciamientos sobre la grave situación en el estado.
Pese a que ya se pidió la AVG ante la Secretaría de Gobernación (Segob), la expectativa es incierta, pues todavía pasarán seis meses para decretar si es viable o no, y mientras tanto, se continúa presentando una violencia generalizada.
“Las autoridades deben estar haciendo lo que por mandato de ley debieran estar haciendo: tomar medidas urgentes y concertadas, y no esperar a que las organizaciones civiles pidan una alerta”, consideró Montserrat Díaz, del Colectivo Feminista.
Para Estela Casados, del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana (UV), el gobierno estatal se ha “vestido bien” de un discurso de protección en favor de las mujeres, que en la realidad es inoperante y su incumplimiento revela falta de voluntad política e interés.
“No hay pronunciamiento, porque no hay interés, ni siquiera en la capital del estado ni en la Huasteca hay procedimientos eficientes para espacios públicos donde la seguridad de las veracruzanas esté salvaguardada”, recalcó.
Montserrat Díaz, del Colectivo Feminista, señaló que desde 2012 existe un decreto que ordena que todos los homicidios contra mujeres deberán indagarse como feminicidio, y en todo caso descartarse y reclasificar el delito, pero se sabe que algunos casos no se inician como tal, incumpliendo el protocolo.
Rosenda Maldonado, de Xochitepetl en el municipio de Huayacocotla (norte del estado), afirmó que en 2013 una mujer fue asesinada en Ilamatlán en un campo abierto frente a sus hijos, y el caso no ha sido tomado como feminicidio a pesar de la insistencia ante el juez.
Citó otro caso en el que tres agresores entraron a una casa para asesinar a la abuela y su nieto, dejando a una mujer malherida que sobrevivió y pudo identificarlos. Aunque los sujetos fueron aprehendidos, el juez liberó a dos de ellos, lo cual ocasionó el desplazamiento de la familia por temor a represalias.
Alejandra Jiménez, de la Red por los Derechos Humanos en las regiones de Totonacapan y la Huasteca (ambas también al norte del estado), alertó que en el último mes al menos cuatro mujeres han sido asesinadas de forma brutal en la zona, sin que a la fecha se conozca o se tenga un indicio de los culpables.
Reiteró que la impunidad prevalece en la mayor parte de los 28 casos que durante 2015 se han registrado en la región, de los cuales solo hay 10 investigaciones iniciadas, pero la mayoría estancadas.
“¿Cuántos casos de feminicidio más necesitamos para que las autoridades tomen cartas en el asunto y se pronuncien ante esta problemática que es urgente?”, cuestionó Jiménez.
Bárbara Ibarra, de Buscando a Nuestras Hijas, señaló que en Xalapa, capital del estado, hay un grave problema de feminicidio, y como ejemplo puso la reserva ecológica de Molinos de San Roque, donde al menos han sido asesinadas siete jóvenes, entre ellas su hija, Gabriela Benítez.
Apuntó que no existen protocolos de investigación del feminicidio, y un ejemplo es que a cuatro años del crimen la autoridad no ha podido explicar cómo pasaron los hechos, ni quiénes son los culpables.
Estela Casados afirmó que la violencia feminicida ha aumentado de forma “dramática”, incluso al doble que el año pasado, lo cual es fomentado por la inseguridad, pero también por la impunidad, pues son pocos los culpables tras las rejas.
Además reiteró que no hay cifras oficiales a pesar de que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia obliga a la Fiscalía a actualizar un banco de datos. “Si tuviéramos cifras, nos permitiría conocer y visualizar en dónde tenemos focos rojos para prevenir”, demandó.
Para Montserrat Díaz, del Colectivo Feminista, hay impunidad en todos los casos, ya que las cifras revelan que al menos 17 por ciento de los asesinatos se cometieron a golpes, lo cual indica una violencia previa que no fue atendida o que la autoridad fue omisa.
Se suma que la impunidad en los casos envía malas señales y se vea como natural el maltrato a una mujer, por lo que consideró necesario implementar medidas inmediatas para evitar que la violencia siga su incremento.
Adriana Fuentes, de Equifonía, afirmó que la AVG evidencia que las autoridades no cumplen con lo mandatado en la Constitución, ni en los tratados internacionales, ni en las leyes estatales.
Citó el ejemplo de madres a quienes por falta de gasolina, en los ministerios públicos las envían a dar los citatorios a los victimarios, lo cual las pone en riesgo, o la falta de tinta para imprimir denuncias, o las sentencias que dejan libres a los feminicidas.
“Este mecanismo evidencia cuáles han sido las fallas, y trata de mostrar que la ley tiene vacíos, que hay falta de infraestructura y de capacitación, que no hay refugios, que son insuficientes las órdenes de protección”, subrayó Fuentes.
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