Cimacnoticias | México, DF.- El Estado mexicano actúa “dolosa y deliberadamente” al ocultar la gravedad de la violencia contra las mexicanas, sobre todo de las que viven en el Estado de México, lo que ha generado un clima de impunidad y negligencia que impide a las víctimas acceder a la justicia y fomenta que los casos sigan acumulándose. Por al menos cinco años la sociedad civil ha denunciado tal realidad, y la respuesta ha sido la inacción y simulación de las autoridades locales y federales, por lo que grupos civiles, feministas, familias de las víctimas y académicas crearon un frente para exigir medidas concretas para detener la violencia. Como ejemplo, destacaron, hace un año dependencias federales comenzaron una investigación sobre el feminicidio en el Edomex y a la fecha se desconocen los resultados. Amnistía Internacional (AI), el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, entre otras organizaciones, lanzaron hoy un plan de acción contra la violencia feminicida en el país. Como parte del plan, las organizaciones dieron un plazo de seis meses a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), para que garantice una investigación con perspectiva de género y con personal capacitado del caso de feminicidio perpetrado contra la joven Mariana Lima Buendía, ultimada presuntamente por su pareja sentimental en 2010. Asimismo, emplazaron a la Procuraduría mexiquense a que a más tardar en un mes diseñe un protocolo adecuado para investigar la violencia contra las mujeres, ya que el actual procedimiento “favorece las actuaciones negligentes” del personal judicial. Como parte del frente, las organizaciones también exigieron una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que explique las razones por las que no se ha declarado la Alerta de Violencia de Género (AVG) –además del Edomex– en los estados de Guanajuato, Nuevo León, Hidalgo, Chiapas y Morelos, pese a la violencia feminicida prevaleciente en estas entidades. Las y los activistas dijeron que en los meses de mayo, junio y julio se manifestarán frente a las embajadas de los países (entre ellos España y Noruega) que han llamado al Estado mexicano a detener el feminicidio. Chacel Colorado Piña, coordinadora de Incidencia en Política Pública de AI-México, sostuvo que “esta situación (el feminicidio de México) ya no es sólo de emergencia, ni de alerta, es una crisis que hay que frenar inmediatamente”. Precisó que el OCNF ha documentado que en todo el país fueron asesinadas 3 mil 892 mujeres entre 2012 y 2013, y que de estos casos sólo 613 fueron investigados como feminicidio; a la par que de las 104 mil 470 denuncias por violencia familiar, únicamente se emitieron 28 mil 776 órdenes de protección. Esta situación de violencia de género “es aún más preocupante” en el Edomex, apuntó la representante de AI-México. María de la Luz Estrada, coordinadora nacional del OCNF, dijo que pese a la realidad lacerante el Estado mexicano ha asumido una actitud “irresponsable” al no garantizar la implementación de los mecanismos que ha diseñado para atender y prevenir la violencia contra las mujeres. Acusó a la Secretaría de Gobernación –dependencia que encabeza el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres– de detener las declaratorias de AVG que se han solicitado para el Edomex y otras entidades. “Lo que ha hecho es ocultar o negar la información sobre la violencia contra las mujeres, pero es un tema que está ahí: a las mujeres las están matando y desapareciendo”, recalcó. Rodolfo Domínguez, director de Justicia, Derechos Humanos y Género, recordó que la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la que ordenó a la PGJEM volver a investigar el asesinato de Mariana Lima Buendía es primordial para reparar las malas actuaciones del personal judicial en casos de feminicidio.