* Organizaciones de la sociedad civil alertan que se fragua “represión generalizada”. Oaxaca, México.-El anuncio realizado por el gobernador Gabino Cué, quien señaló que “para aplicar la ley hay que tener un estado de fuerza y Oaxaca no lo tiene”, así como la sorpresiva desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO, “anticipa una nueva ola de represión y criminalización en Oaxaca, ahora dirigida contra el magisterio oaxaqueño”, alertaron organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones explicaron que el golpe se ha venido preparando al menos desde inicios de junio, cuando se desplegó un fuerte dispositivo para  presuntamente resguardar las elecciones, integrado por elementos del Ejército, la Policia Federal, la Gendarmería y la Policía Estatal. “Desde entonces en la Ciudad de Oaxaca, la Gendarmería ha ocupado varios hoteles de la ciudad, provocando algunos incidentes y abusos de autoridad hacia la ciudadanía, realizando funciones que no le competen, como guiar el tránsito de la ciudad”, acusaron. En un comunicado, las organizaciones informaron que el 22 de julio, la PF desplegó un dispositivo para resguardar las instalaciones del IEEPO, después del anuncio del Ejecutivo. La PF, según datos proporcionados a la prensa, cuenta aproximadamente con 3 mil 500 elementos destacamentados en el estado. Por su parte, la policía estatal tomó instalaciones de la Fiscalia Especial para Asuntos Magisteriales (FEPAM) y de la Fiscalía de Investigaciones para Delitos de Trascendencia Social (FIDTS), que ocupa el mismo edificio. “Nos preocupa la utilización de la Policía Federal y las fuerzas armadas contra el magisterio oaxaqueño y la ciudadanía en general. En este país, la presencia policíaca y militar no representa una mayor garantía de seguridad, al contrario, es sinónimo de represión y criminalización de la protesta social, como las graves violaciones de derechos humanos vividos en 2006″, lamentaron la decena de organizaciones regionales y la Red Todos los Derechos para Todos. Para los firmante, “estos actos represivos muestran la cara autoritaria del gobierno federal y el sometimiento del gobierno local. La ola de represión contra los movimientos sociales y de organización ciudadana no pueden continuar ante las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que significan y cuyas consecuencias claramente se pueden mirar en hechos como los ocurridos en Ostula, Iguala y otros puntos del país”. Por ello, demandaron la salida inmediata de la Policia Federal y la Gendarmería de Oaxaca.