“La reforma aprobada constituye un primer paso para atender el sentido de las recomendaciones que hicimos al Estado mexicano de emitir leyes generales sobre desaparición forzada y tortura en nuestros informes* de misión al país de 2012 y 2015”, resaltaron los expertos.  

En materia de desaparición forzada de personas, recordaron además que otros mecanismos internacionales de la ONU tales como el Comité contra la Tortura y el Comité contra la Desaparición Forzada, han hecho recomendaciones similares.

De igual forma, hicieron notar que recientemente el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso Ayotzinapa solicitó al Senado de la República aprobar la reforma constitucional para que se faculte al Congreso de la Unión para legislar en la materia.

“Las futuras leyes generales deberán brindar una respuesta normativa integral a los serios problemas que enfrenta el país en materia de desaparición de personas, tortura y malos tratos, así como recuperar los más altos estándares internacionales”, recalcaron los expertos al ofrecer al Estado mexicano su asistencia y cooperación técnicas.  

El Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias y el Relator Especial sobre la tortura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU advirtieron sin embargo que “la reforma constitucional y las leyes que se deriven de la misma sólo tendrán efectos reales si se garantiza su efectiva implementación en la práctica.”

“Exhortamos a las legislaturas de los Estados a culminar el proceso de reforma constitucional a efecto de que la misma entre en vigor a la brevedad posible”,  concluyeron los integrantes del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias y el Relator Especial sobre la tortura.