Angélica Jocelyn Soto Espinosa/CIMAC [caption id="attachment_291478" align="alignleft" width="300"] Foto/ César Martínez López[/caption] México.- Múltiples violaciones a Derechos Humanos (DH), impunidad y la desaparición forzada y agresión contra estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, son los principales fracasos de Enrique Peña Nieto en tres años de su gestión. Así lo destacaron grupos civiles durante la lectura hoy del “Contra Informe de Gobierno” que hicieron las familias de Ayotzinapa a los pies del Monumento a la Revolución, en esta capital. Mientras la administración federal se preparaba para que Peña Nieto presentara esta tarde ante el Congreso de la Unión su Tercer Informe de Gobierno, las madres y padres de los normalistas desaparecidos forzadamente leyeron un documento de ocho hojas con el recuento de los mayores atropellos que ha cometido el Estado contra las garantías de la población mexicana desde 2012. Y es que –dijeron las familias– Peña Nieto “ha conducido al país a una de las mayores crisis en las últimas décadas, haciendo de su gestión de gobierno una vergüenza para todo el mundo”. De acuerdo con organizaciones civiles que arropan a las familias de los normalistas y que participaron en la elaboración del “Contra Informe”, esta gestión priista se ha caracterizado por múltiples ejecuciones extrajudiciales, persecución, encarcelamiento de líderes sociales y desaparición forzada, siendo el bastión de estos crímenes la agresión contra alumnos de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en Iguala, Guerrero, hace más de 11 meses. La desaparición de los normalistas el 26 de septiembre de 2014, que trascendió a nivel internacional, fue calificada por las familias de Ayotzinapa como “la peor y más indignante atrocidad que registra la historia reciente del país, que sintetiza la descomposición del Estado, y pone al descubierto las complicidades del crimen organizado con autoridades, funcionarios y políticos”. No obstante, las mamás y los papás de los normalistas víctimas de desaparición forzada enlistaron otros crímenes ejecutados por agentes del Estado en lo que va de este sexenio, tales como el asesinato de 22 jóvenes en Tlatlaya, Estado de México; las ejecuciones extrajudiciales que cobraron la vida de dos niños en Tanhuato, Ostula y Apatzingán, en Michoacán; la desaparición de siete personas en Calera, Zacatecas, presuntamente por militares; y el feminicidio de cuatro mujeres y el asesinato de un fotorreportero en la colonia Narvarte, en esta ciudad, el pasado 31 de julio. En todos esos hechos –aseguraron las familias– “la impunidad incubada por décadas adquirió carta de naturalización en el año más reciente del gobierno priista”. Además, ha crecido la ofensiva del gobierno contra los movimientos sociales, así como la criminalización y encarcelamiento de quienes se mantienen en la defensa de su territorio y sus ideales, a quienes se les acusa de secuestro, portación de armas, delincuencia organizada y otros delitos “fabricados”. “A tres años del gobierno de Peña Nieto se puede afirmar que en México hay una política de Estado que propicia el asesinato y desaparición de luchadores sociales”, declararon las familias. Según el “Contra Informe”, a estas violaciones de DH se suman las consecuencias que ya se están dibujando tras la aprobación de 11 reformas estructurales, entre ellas la laboral, la educativa, la hacendaria, la de telecomunicaciones y la energética. Tales reformas –señalaron las familias de los normalistas– “nada benefician al pueblo y representan para el capital más negocios, nuevas formas para imponer la producción de otras mercancías, y extender sus mercados para obtener mayores ganancias”. La reforma laboral despojó a la clase obrera de derechos básicos, lo que la dejó en la indefensión y la precariedad, toda vez que se permitió la subcontratación y los contratos por hora o a prueba. La clase campesina también está padeciendo la administración de Peña por el despojo de sus territorios, la explotación de los recursos naturales y la pobreza, lo que los ha llevado a emigrar y a emplearse en actividades que “rayan en la semiesclavitud”, como los denunciaron a inicio de este 2015 las y los jornaleros del Valle de San Quintín, en Baja California, según recordaron las familias de Ayotzinapa. A la par, la reforma energética trajo como consecuencia el incremento en el precio promedio de la energía eléctrica y la gasolina, lo que golpea a la economía familiar con la caída del preso frente al dólar, que eventualmente dará lugar a una espiral inflacionaria, advirtieron. Las organizaciones civiles no pasaron por alto las implicaciones de Peña Nieto en los escándalos de la llamada “Casa Blanca” y la reciente fuga del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán. Al final, las familias levantaron el puño y entonaron –encabezadas por una mujer ama de casa– el himno “Venceremos”.