Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias
Oaxaca, México.-El Grupo Multisectorial en VIH/Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) del estado de Veracruz (Grupo Multi) solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de la reciente reforma al Código Penal local que criminaliza a las personas que viven con VIH/Sida.
El Grupo Multi –integrado por organizaciones civiles, personas de la academia, y representantes del gobierno local– argumentó que la reforma que permite que ahora se sancione con penas de cárcel a quienes contagien el VIH, no abona a la prevención del virus y al contrario viola los Derechos Humanos (DH) de las personas que viven con la infección, pues deriva en su discriminación, segregación y criminalización.
Por votación mayoritaria, el pasado 30 de julio, el pleno del Congreso de Veracruz aprobó una iniciativa para reformar diversos artículos del Código Penal estatal, por lo que se modificó el artículo 158 para castigar a las personas que por “dolo” contagien el VIH.
Ahora ese artículo establece que “a quien padezca ITS u otras enfermedades graves, y dolosamente ponga en peligro de contagio a otra persona se le impondrán de seis meses a cinco años de prisión y multa de 50 días de salario”.
La iniciativa fue presentada en junio pasado por la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Mónica Robles Barajas, quien aseguró –según informó en su momento Comunicación Social de la Legislatura estatal– que con ello se buscaba garantizar la protección de la salud de las mujeres, las niñas y los niños, así como de otras poblaciones vulnerables.
Ante la advertencia del Grupo Multi de que la reforma “criminaliza” a las personas con VIH, la diputada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respondió que “no penaliza particularmente el VIH ni pretende evidenciar al portador, sino (…) obligar a quienes lo padecen a usar los medios que eviten su transmisión”.
Robles Barajas añadió que las mujeres constituyen una de las poblaciones más vulnerables al contagio, pues “a partir del estigma y la discriminación enfrentan condiciones desiguales y afecciones físicas y emocionales”.
ENTIDAD VULNERABLE
Veracruz es la tercera entidad federativa donde se registran más casos de Sida y personas seropositivas, según el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y Sida (Censida), sólo superada por el Distrito Federal y el Estado de México.
De 1983 a 2014 fueron notificados en la entidad 12 mil 268 casos de Sida en hombres y 3 mil 343 en mujeres; en el mismo lapso se contabilizan 6 mil 970 casos de personas registradas como seropositivas, de las cuales 2 mil 550 corresponden a mujeres.
En entrevista con Cimacnoticias, María de la Cruz Jaimes García, integrante del Colectivo Feminista (organización que forma parte del Grupo Multi), sostuvo que la reforma es parte del desconocimiento que aún existe acerca del VIH/Sida, pues es imposible comprobar “quién transmitió el VIH a quién”.
Lejos de garantizar la salud femenina y prevenir el contagio, lo que en realidad hace la reforma –acotó Jaimes García– es “violar la confidencialidad de las personas portadoras, y profundizar la discriminación y segregación contra ellas”.
En la solicitud a Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, se señala que el artículo 158 del Código Penal de Veracruz “resulta totalmente violatorio de la garantía de secrecía” plasmada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
María de la Cruz Jaimes señaló que lo que realmente se requiere en ese estado para la prevención del VIH/Sida es promover la educación sexual, para que las personas tomen conciencia de su sexualidad, así como garantizar a mujeres y hombres el acceso a métodos para la prevención del contagio.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2014, en Veracruz sólo 51 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años de edad utiliza algún método anticonceptivo (incluido el condón) en sus relaciones sexuales.
La activista informó que la solicitud ya fue presentada oficialmente ante la CNDH, dependencia de la que –dijo– esperan escuche el llamado de los grupos civiles y en breve presente una acción de inconstitucionalidad, toda vez que en esta ocasión “resulta forzosa su intervención”.
La CNDH es uno de los pocos órganos gubernamentales habilitados para presentar ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad (procedimiento legal que se presenta cuando se considera que una norma general no respeta lo que establece la Constitución mexicana).
En 2007, luego de que la Asamblea Legislativa del DF aprobó una reforma para despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación en la capital del país, José Luis Soberanes, entonces presidente de la CNDH, promovió una acción de inconstitucionalidad contra las modificaciones legales.
En agosto de 2008, la SCJN resolvió el caso y avaló la despenalización del aborto en el DF.