Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa/ Cimacnoticias Oaxaca.-Organizaciones civiles de Canadá, México, Estados Unidos, Guatemala y El Salvador presentaron una campaña para evitar los fraudes laborales que padecen las y los trabajadores migrantes, y llamaron a los gobiernos de estos países a generar sistemas que regulen e informen sobre las ofertas de trabajo para esta población. Al menos 12 organismos de la sociedad civil, agrupados en la Iniciativa Regional sobre Movilidad Laboral (Inilab), iniciaron el día de ayer la campaña “Antes de pagar por una visa, Pregunta, Apunta y Verifica” para prevenir los fraudes y estafas contra las personas migrantes trabajadoras. MÁS DE 9 MIL FRAUDES EN MÉXICO En Estados Unidos la industria que se ocupa del reclutamiento de las y los trabajadores recauda más de 14 millones de dólares al año. En el caso de México, más de 9 mil personas (entre mujeres y hombres) han sido defraudadas desde el 2010 en los países de norteamérica, según alertaron las y los activistas. La campaña tendrá una duración de tres meses y consiste en la transmisión de spots de radio a través de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), las emisoras del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión, las radios comunitarias de Boca de Polen, radios binacionales, locales y en 15 radios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDI). También se difunden otros materiales informativos multimedia en prensa escrita, televisión y redes sociales. La Inilab –en la que participa Sin Fronteras y el Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración– señaló que cada año miles de personas trabajadoras migrantes de México y Centroamérica que buscan oportunidades de empleo a través de los sistemas de movilidad laboral transnacional en Estados Unidos y Canadá son estafadas por empresas o personas reclutadoras con ofertas de trabajo falsas, para quitar dinero, confiscar propiedades o utilizar datos personales. Los fraudes se cometen a través de cobros ilegales para entrar en listas de espera, cobros indebidos de transporte, abusos salariales, malas condiciones de trabajo y de vivienda, la inexistencia de contratos, amenazas de no contratación y fraudes durante el reclutamiento. Estos delitos –insisten las organizaciones civiles– provocan daños a la economía de las familias y las comunidades enteras, mientras que las ganancias para las y los defraudadores son de hasta 51 millones de pesos tan sólo en más de 15 entidades en México. FALTA INFORMACIÓN De acuerdo con los convocantes, en la mayoría de los sistemas de movilidad laboral de la región no existe información ordenada y veraz de las ofertas de trabajo que dependen de las agencias de reclutamiento o de reclutadores individuales, y que en la mayoría de los casos no están regulados por los gobiernos involucrados. Además, los mecanismos institucionales en los países de origen dificultan la denuncia y castigo de los abusos a derechos laborales y humanos que sufren las personas trabajadoras migrantes, lo que facilita que las y los reclutadores y las agencias fraudulentas ofrezcan empleos falsos y visas en el exterior. Pese a la falta de regulación de estos delitos, alertaron las organizaciones civiles, hay una tendencia regional a la multiplicación y ampliación de programas de movilidad laboral que permitan la entrada de trabajadoras y trabajadores con visas temporales en los países del norte del continente, porque representa menos costos en prestaciones laborales. Si bien las organizaciones civiles no aportaron cifras desagregadas por sexo, el Programa de Trabajadores Agrícolas tan sólo en Canadá reporta que en el 2008 recibió a 369 mujeres jornaleras, mientras que en el 2014 la cifra ascendió a 741 migrantes femeninas. En ese país norteamericano existen otros programas de trabajo temporales que emplean principalmente a mujeres para otros trabajos en el sector de servicio, en hogares, o como obreras textiles. La Inilab acompañó la campaña con una serie de recomendaciones para los gobiernos, entre las que destacan generar sistemas de regulación de reclutadores, incluyendo formatos y sistemas de información que sean supervisados y públicos; desarrollar mecanismos de acceso a la justicia para personas migrantes; generar información pública y accesible sobre los empleos que se ofrecen y los empleadores; e incluir en la legislación nacional estándares internaciones de protección a los DH y laborales de las personas migrantes. Además de asegurar que los gobiernos supervisen y monitoreen el reclutamiento, la contratación y la colocación de los y las trabajadoras migrantes; y fortalecer los mecanismos de protección consular en los países de destino. Los spots de la campaña fueron traducidos a las lenguas indígenas tojolabal, tzeltal y tsotsil para su transmisión en Chiapas, estado que se caracteriza por la expulsión de trabajadores agrícolas internos y migrantes temporales hacia Estados Unidos y Canadá, donde no hay información sobre sus derechos, y existe una gran dependencia hacia las y los empleadores por las barreras lingüísticas y geográficas, destacaron las y los activistas.