Jueves 18 de junio, 2015. 07:00 pm
Insuficiente presencia femenina en CIDH y CoIDH
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CIMAC noticias
Oaxaca, México.-Organizaciones civiles destacaron que dos juristas internacionales fueran electas para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y una más para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), aunque advirtieron que es necesaria la integración paritaria de ambos mecanismos.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Amnistía Internacional (AI) y otras agrupaciones a favor de los derechos femeninos en América reiteraron la necesidad de que la CIDH y la CoIDH se integren por igual número de mujeres y hombres.
Este martes 16 de junio, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, eligió para integrar la CIDH a Margarette May Macaulay (Jamaica), Esmeralda Arosemena de Troitiño (Panamá), Enrique Gil Botero (Colombia), y Francisco Eguiguren Praeli (Perú).
Las y los cuatro nuevos comisionados relevan en el puesto a Tracy Robinson, Rose Marie Belle Antoine, Felipe González y Rosa María Ortiz. Es decir, pasó de tres a dos las mujeres que integran la CIDH, conformada en total por siete miembros.
Los otros miembros de la CIDH que continúan en el cargo son José de Jesús Orozco Henríquez, James L. Cavallaro y Paulo Vannuchi, cuyos mandatos terminan el 31 de diciembre de 2017. Las y los comisionados electos empezarán su periodo el 1 de enero de 2016.
Para la CoIDH, la y los jueces electos fueron Elizabeth Odio Benito (Costa Rica), Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina), y Patricio Pazmiño Freire (Ecuador). Eduardo Vio Grossi (Chile) fue reelecto para un segundo periodo, el último al que tiene derecho.
Las y los jueces relevaron a Manuel E. Ventura Robles, Diego García Sayán y Alberto Pérez Pérez. El nuevo periodo de funciones inicia también el 1 de enero de 2016.
Al frente de la CoIDH continúan su mandato los jueces Roberto F. Caldas, Humberto Antonio Sierra Porto y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot.
BENEFICIO DE LA DUDA
En un comunicado, las organizaciones dijeron esperar que las personas electas contribuyan a fortalecer la promoción y protección de los Derechos Humanos (DH), pero criticaron que los Estados no realizaron procedimientos públicos, transparentes y participativos de selección y nominación de las candidaturas.
Denunciaron que a nivel nacional los Estados nuevamente eligieron a sus aspirantes por decisión ejecutiva en total ausencia de convocatorias abiertas y de consultas con todos los actores relevantes, incluyendo a la sociedad civil organizada.
Igual sucedió a nivel regional, porque a decir de las agrupaciones el proceso se limitó al intercambio de apoyos sin considerar las necesidades de estos organismos, o la conveniencia de asegurar que su integración reflejara la diversidad jurídica, cultural y étnica de la región, y la representación paritaria de mujeres y hombres.
No obstante, las organizaciones civiles expresaron su disposición para trabajar con las personas electas y quienes actualmente integran la Comisión y la Corte.
Asimismo, se pusieron a disposición de los Estados parte de la OEA para asegurar que en próximas elecciones haya políticas de transparencia y participación.
Cabe resaltar que ambos organismos vigilan el estado de los DH en el hemisferio y la Corte Interamericana puede sentenciar a los países miembro cuando los encuentre responsables de violentar las garantías humanitarias.
Este martes 16 de junio, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, eligió para integrar la CIDH a Margarette May Macaulay (Jamaica), Esmeralda Arosemena de Troitiño (Panamá), Enrique Gil Botero (Colombia), y Francisco Eguiguren Praeli (Perú).
Las y los cuatro nuevos comisionados relevan en el puesto a Tracy Robinson, Rose Marie Belle Antoine, Felipe González y Rosa María Ortiz. Es decir, pasó de tres a dos las mujeres que integran la CIDH, conformada en total por siete miembros.
Los otros miembros de la CIDH que continúan en el cargo son José de Jesús Orozco Henríquez, James L. Cavallaro y Paulo Vannuchi, cuyos mandatos terminan el 31 de diciembre de 2017. Las y los comisionados electos empezarán su periodo el 1 de enero de 2016.
Para la CoIDH, la y los jueces electos fueron Elizabeth Odio Benito (Costa Rica), Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina), y Patricio Pazmiño Freire (Ecuador). Eduardo Vio Grossi (Chile) fue reelecto para un segundo periodo, el último al que tiene derecho.
Las y los jueces relevaron a Manuel E. Ventura Robles, Diego García Sayán y Alberto Pérez Pérez. El nuevo periodo de funciones inicia también el 1 de enero de 2016.
Al frente de la CoIDH continúan su mandato los jueces Roberto F. Caldas, Humberto Antonio Sierra Porto y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot.
BENEFICIO DE LA DUDA
En un comunicado, las organizaciones dijeron esperar que las personas electas contribuyan a fortalecer la promoción y protección de los Derechos Humanos (DH), pero criticaron que los Estados no realizaron procedimientos públicos, transparentes y participativos de selección y nominación de las candidaturas.
Denunciaron que a nivel nacional los Estados nuevamente eligieron a sus aspirantes por decisión ejecutiva en total ausencia de convocatorias abiertas y de consultas con todos los actores relevantes, incluyendo a la sociedad civil organizada.
Igual sucedió a nivel regional, porque a decir de las agrupaciones el proceso se limitó al intercambio de apoyos sin considerar las necesidades de estos organismos, o la conveniencia de asegurar que su integración reflejara la diversidad jurídica, cultural y étnica de la región, y la representación paritaria de mujeres y hombres.
No obstante, las organizaciones civiles expresaron su disposición para trabajar con las personas electas y quienes actualmente integran la Comisión y la Corte.
Asimismo, se pusieron a disposición de los Estados parte de la OEA para asegurar que en próximas elecciones haya políticas de transparencia y participación.
Cabe resaltar que ambos organismos vigilan el estado de los DH en el hemisferio y la Corte Interamericana puede sentenciar a los países miembro cuando los encuentre responsables de violentar las garantías humanitarias.
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