Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa Cimacnoticias | México, DF.- La miseria en la entidad sureña obliga a miles de mujeres a emigrar para trabajar en los campos agrícolas del norte del país, en condiciones de semiesclavitud. Cada año, miles de mujeres guerrerenses emigran a otras entidades del país para trabajar por bajos salarios en los campos agrícolas, ante la falta de educación, empleo y servicios básicos en sus comunidades. De acuerdo con el Conapo, Guerrero encabeza desde 2005 el primer lugar en índice de marginación con un nivel de 2.5, que se traduce como “muy alto”. También ocupa el primer lugar en casos de muerte materna y fallecimientos materno-infantiles. Así, 73 por ciento de sus municipios tienen un grado de marginación alto y muy alto, en los que 19 por ciento de sus habitantes no tienen drenaje, cinco de cada 10 carecen de energía eléctrica, y la mitad vive en hacinamiento. En los recientes 13 años han emigrado del estado unas 388 mil personas para trabajar en el campo, de las que 41 por ciento son mujeres, según la Sedesol. Esta población emigró a Sinaloa, Sonora, Baja California (BC), Baja California Sur (BCS) y Chihuahua, donde la calidad de vida no es mejor, pero hay más oferta laboral, aunque los salarios son paupérrimos y no hay condiciones de seguridad. Metlatónoc, Cochoapa El Grande, Tlapa, Copanatoyac, Atlixtac, Xalapatláhuac, Alcozuaca y Atlamajalcingo del Monte son los ocho municipios con mayor expulsión de jornaleras. Según el informe de 2013 “La Montaña de Guerrero: Tierra de Mujeres Migrantes”, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, ellas desempeñan diferentes actividades asalariadas en el campo y la mayoría son jóvenes. Un gran número de jornaleras son indígenas, monolingües y provienen de comunidades con los más bajos índices de desarrollo humano. Según documenta Tlachinollan, las indígenas viven la marginación y la extrema pobreza tanto en sus lugares de origen como en los de destino. Son las asalariadas más explotadas y desprotegidas del medio rural. Los municipios guerrerenses con mayor índice de movilidad humana registran también el más elevado rezago educativo. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, en las ocho localidades de mayor expulsión jornalera gran parte de la población femenina mayor a 15 años de edad nunca ha ido a la escuela. A esto se suma la crisis de las economías tradicionales indígenas, los problemas por la tenencia de la tierra, los bajos precios de los productos agrícolas, y la degradación ecológica como factores que expulsan a las mujeres de sus comunidades. Desde el inicio del proceso migratorio, ellas participan como “contratistas” y reclutan la mano de obra jornalera para los grandes complejos agrícolas. Según Tlachinollan, estas mujeres desplazaron a los varones de un puesto de liderazgo y de relaciones laborales directas con los dueños de los campos agrícolas. Pero su presencia no ha reducido el riesgo de fraudes, extorsión, trata de personas y otros delitos de los que las familias son víctimas frecuentes. En el trayecto hacia las comunidades receptoras, las jornaleras y sus familias viajan en autobuses contratados por los empleadores, en los que generalmente hay sobrecupo y ocurren accidentes. Ya en los campos del norte del país, las mujeres pizcan por bote o balde, caja o costal. Al día cada una realiza hasta seis “tareas”, que consisten en trabajar 16 surcos o más. El pago promedio es de entre 120 y 160 pesos al día y para aumentar su salario tienen que hacer más “tareas” o trabajar toda la semana. Algunas empresas pagan por destajo y otras depositan cada semana en cuentas bancarias inaccesibles en las comunidades. Las jornaleras escarban, deshierban, plantan, cortan, seleccionan, empacan y cargan. En ocasiones, laboran un número de horas semanales que puede calificarse como sobrejornada. Además, no pueden interrumpir la pizca sin pedir permiso y se les multa si cortan mal el producto: se les descuenta parte de su sueldo o se les suspende por tres días de descanso sin goce de sueldo. Las madres jornaleras no tienen espacios para amamantar, ni albergues, guarderías o estancias infantiles. Por la necesidad económica, algunas emigran embarazadas y a los pocos días del parto se reintegran a las labores agrícolas. Se añade el incumplimiento de las empresas agrícolas para registrar a su personal ante el IMSS. Las jornaleras no reciben prestaciones, aguinaldo, pago del séptimo día, prima vacacional, y la mayoría tiene que recurrir a médicos particulares. La falta de inspecciones en los centros de trabajo permite que las mujeres enfrenten discriminación y violencia. Según la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas, 9.5 por ciento de las jornaleras migrantes del país declararon haber sufrido algún tipo de maltrato, y 20 por ciento de ellas lo padeció en el trabajo. Las jóvenes y madres solteras padecen acoso sexual por parte de “mayordomos” y capataces, y son desacreditadas y señaladas cuando denuncian los abusos. VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS En otro informe, “Migrantes somos y en el camino andamos”, Tlachinollan documentó de 2009 a 2011 casos específicos de abusos laborales y muertes vinculadas al trabajo agrícola que realizan las mujeres guerrerenses. Por ejemplo, en 2010 un incumplimiento de pago de salarios en Chihuahua afectó a 67 trabajadoras y trabajadores con una deuda de 140 mil pesos. Aunque se denunció ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la empresa no pagó ni fue sancionada. Tlachinollan también reportó cinco casos de accidentes vehiculares durante el trayecto al trabajo en los que al menos tres jornaleras murieron. En la mayoría de los siniestros la empresa cubrió sólo parcialmente los gastos o de plano se deslindó. La falta de una vivienda digna y alimentación adecuada, la explotación infantil, el uso de agroquímicos y la ausencia de servicios médicos provocaron durante ese periodo el fallecimiento de cinco niñas, la mayoría por envenenamiento, negligencia médica, e incendios en sus casas de cartón y guarderías. Tal situación en general no dista de lo que denunció el movimiento jornalero de San Quintín, en BC, que se levantó en mayo pasado para exigir hospitales especializados, guarderías, cese al acoso sexual, y un aumento salarial digno.